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Según queda acreditado, la Ciudad de Ceuta comparece ante
esta Cámara para defender la toma en consideración de una
iniciativa legislativa que tiene por objeto consolidar y
mejorar el régimen de bonificaciones en las cuotas a la
Seguridad Social que fue aprobado en diciembre de 2003, en
orden a situar la bonificación en el 50% de las referidas
cuotas –ahora es del 40%– y de extender su aplicación a
todos los sectores económicos. Una iniciativa que merece ser
calificada de excepcional y trascendental.
Excepcional, por ser la primera vez que nuestra ciudad
utiliza este recurso legal contemplado en nuestro Estatuto
de Autonomía; y trascendental por afectar a un asunto de
vital importancia para el presente y porvenir de nuestra
ciudad. La necesidad de poner al día y fortalecer los
incentivos económicos y fiscales que están concebidos para
atender las especiales dificultades que en nuestras dos
ciudades concurren en relación con la cobertura de
determinados servicios esenciales, el desenvolvimiento de la
actividad productiva, y la creación de empleo. Unos
incentivos que, en suma, son expresión material del
principio de solidaridad territorial que sanciona nuestra
Constitución y que, por tal motivo, no deben verse
perjudicados por la obligada, e inexcusable, contención del
gasto no esencial que impone la dura situación
presupuestaria y financiera que estamos sufriendo.
Siendo consecuente con la comentada trascendencia del
asunto, y considerando que, en la medida de lo posible, el
reconocimiento del hecho diferencial de nuestra ciudad no
debe estar sometido a la confrontación partidista; la
iniciativa que hoy defendemos ha contado, y cuenta, con el
respaldo de todas las formaciones políticas de nuestra
Asamblea y de todos los agentes económicos y sociales. Con
base en estos mismos argumentos y procurando ser fiel al
mandato recibido, mi intervención tendrá un carácter
marcadamente institucional, al servicio siempre del deseado
encuentro y acuerdo.
Señor presidente, señorías, creo que defendemos una
iniciativa plenamente justificada, y, sin duda alguna,
necesaria.
Justificada y necesaria porque no existe ningún otro lugar
de España en el que concurran, de manera simultánea y
acumulada en cuanto a sus efectos, los condicionantes, las
limitaciones y las dificultades que, para el desarrollo
económico y la creación de empleo, se dan en nuestras dos
Ciudades Autónomas. No existe ningún otro lugar dentro de
España en el que, a las dificultades propias de la
extrapeninsularidad, se sumen la extrema escasez de suelo y
otros recursos naturales; los elevadísimos precios de las
comunicaciones con la península; el reducido tamaño del
mercado local; y el asimismo singular hecho fronterizo.
Un hecho fronterizo que, al margen de provocar una fuerte
presión migratoria en todas sus variantes y altas cotas de
exigencia en la cobertura de determinados servicios
esenciales –dadas las abismales diferencias de niveles de
vida y de protección social entre ambos lados de la
frontera–, no supone en la práctica una oportunidad para
abrir nuevos horizontes a la economía local en condiciones
de estabilidad, por causa de conocida actitud de las
autoridades del país vecino que estrangulan, coartan e
impiden cualquier posibilidad de desarrollo conjunto basada
en la complementariedad, en la cooperación y en la
normalización de las relaciones económicas y comerciales.
Como consecuencia de todos estos condicionantes, unos costes
de producción y de distribución de bienes y servicios
sensiblemente superiores a los del entorno territorial más
próximo; unas peores condiciones de competitividad; y un
tejido productivo que se ve y se siente, con razón, incapaz
para sortear tan acuciantes dificultades. Como consecuencia,
un paro endémico que supera el 30% de la población activa.
Como consecuencia, condiciones de marginalidad y grave
riesgo de inestabilidad y quiebra social. Además, estos
mismos condicionantes penalizan la residencia en nuestras
dos ciudades, por la vía del encarecimiento de determinados
bienes y servicios indispensables.
Esta es, señorías, una realidad singular e incontestable y,
por tanto, verificable; como también lo es, que gracias al
esfuerzo de todos, se ha experimentado una profunda
transformación urbana y dotacional, con avances notables en
equipamientos e infraestructuras de diversa índole, con
mejoras significativas en la calidad de los servicios, y con
un evidente proceso de convergencia con la renta per cápita
nacional. Pero, insisto, la potenciación del tejido
productivo y de su capacidad para generar empleo sigue
siendo una asignatura pendiente desde que nuestra
integración en la Unión Europea junto con otras decisiones
vinculadas al interés nacional acabaron con un modelo
económico que estaba basado en la condición peculiar de ser
territorio franco aduanero.
Casi todas las voces autorizadas consideran que para
afrontar, de manera realista y responsable, la mencionada
asignatura pendiente se requiere activar, con la suficiente
determinación y amplitud de miras, los incentivos que sean
eficaces para amortiguar los efectos de los condicionantes
singulares en el coste de producción y distribución de
bienes y servicios; para hacer atractiva la inversión y la
localización empresarial; para mejorar la competitividad y
la productividad; y para, en definitiva, aprovechando las
fortalezas y oportunidades existentes, explotar todo el
potencial de crecimiento con que cuentan los sectores del
turismo, las actividades portuarias, el comercio, y los
servicios en general. Se requiere, en suma, fortalecer uno
de los renglones más relevantes de los señalados incentivos:
el vigente régimen de bonificaciones en las cuotas a la
Seguridad Social cuya mejora constituye el objeto de la
iniciativa que nos convoca; una medida que, por otra parte,
ha tenido, desde su implantación, un impacto positivo en el
mantenimiento y creación de empleo, según demuestran las
evaluaciones practicadas.
Al hilo de lo hasta ahora manifestado, dos precisiones
merecen ser subrayadas:
Una, que la medida ha de tener carácter estructural, dado
que también tienen naturaleza permanente e irreversible los
condicionantes que la justifican; y
La otra, que, de acuerdo con la actual regulación, su
aplicación debe repercutir tanto en las empresas como en los
trabajadores, al objeto de, en este caso, contribuir a
paliar los efectos que en el coste de la vida provocan los
tantas veces mencionados condicionantes, y de esta forma
despenalizar la residencia en nuestras dos ciudades y
favorecer el arraigo de la población en las mismas.
Confío en que la unanimidad con que fue respaldada en
nuestra Asamblea la aprobación de la iniciativa que hoy
defendemos tenga fiel reflejo político en esta Cámara a la
hora de tomarla en consideración, máxime si se aprecia que
ello no impide aprovechar la correspondiente tramitación
parlamentaria para, con base en las negociaciones llevadas a
cabo y trabajos realizados desde el mes de octubre del
pasado ejercicio, concretar, acotar y graduar lo que se
estime apropiado. Como tampoco impide la referida toma en
consideración plantear en un futuro próximo otras vías
alternativas que conduzcan al mismo fin.
Pero sobre todo confío en la sensibilidad de esta Cámara
para comprender las especiales circunstancias que en
nuestras dos ciudades concurren; para entender, por encima
de posiciones partidistas, que Ceuta y Melilla necesitan del
apoyo solidario, decidido, suficiente e insustituible, de
los poderes públicos del Estado, si de verdad se quiere
viabilizar una estructura productiva que permita combatir,
en condiciones de estabilidad, el drama social del paro que
de manera crónica se sufre, y favorecer el arraigo de la
población. Unos objetivos vitales para el porvenir de dos
ciudades, atractivas y abiertas, que quieren mirar al futuro
con ilusión y optimismo; que se sienten respaldadas por el
resto de España; y que realizan, de manera natural y
cotidiana, una decidida apuesta por un modelo de convivencia
digno de ser observado; un modelo de convivencia basado en
el respeto y aprecio por la diversidad cultural, en el
imperio de la ley, y en la supremacía de los valores
democráticos.
Antes de terminar con esta breve intervención, y
considerando tanto la ya comentada trascendencia del asunto
como el hecho de que han trascurrido cerca de tres años
desde que se presentó la iniciativa que hoy se aborda, me
permito solicitar de esta Cámara que, en caso de que
prospere su toma en consideración, se impulsen y agilice los
ulteriores trámites parlamentarios hasta el límite de lo
posible.
En fin, señorías, creo, con toda sinceridad, que la ciudad
de Ceuta está defendiendo, y ustedes van a valorar, una
causa justa y de gran calado; una iniciativa que encuentra
el más sólido de sus argumentos en dos pilares de nuestra
Constitución:
El derecho de todos los españoles a ser iguales en niveles
de vida, en el acceso a los servicios públicos, y en
oportunidades, con independencia de que residan en la
península, en las islas o en nuestras dos Ciudades
Autónomas; y,
La obligación de los poderes públicos de velar por un
equilibrio territorial adecuado y justo.
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