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La Ciudad esboza los criterios que han de regir comunes a
todo el personal, más de 1.800 trabajadores entre
funcionarios y laborales, para un mayor y justo equilibrio
entre todos. El área de Recursos Humanos y los sindicatos
jugarán un papel esencial en los próximos meses para ajustar
una situación que debe ser abordada para hacer frente a la
coyuntura global sin que merme el empleo público y quede
salvado en base a criterios que representen más igualdad
entre el personal.
Por primera vez, se coordinará desde el área de Recursos
Humanos de la Ciudad Autónoma la política de las sociedades
municipales y organismos autónomos con el fin de que los
criterios que se aplican en la Ciudad Autónoma sean los
mismos que marquen la política de personal de esas
entidades.
Una tarea en la que el Gobierno, a través del responsable
del área, Francisco Márquez, ha solicitado la colaboración
de los sindicatos a los que se le ha tendido la mano para,
“entre todos”, favorecer y promover una correcta gestión de
los recursos humanos. El consejero ha repetido en esta
última semana que “gracias a la gestión económica llevada a
cabo desde Recursos Humanos “se ha garantizado tanto la
nómina como la estabilidad de los empleados públicos sin
perjuicio de los recortes impuestos que hubo que aplicar”.
17 pagas
Aunque sólo se está elaborando, de momento un esbozo, la
Ciudad Autónoma se va a encontrar además de con el convenio
colectivo del personal funcionario con otros 19 más
correspondientes a las otras entidades pertenecientes al
sector público empresarial, con especificaciones tan
variopintas como las 17 pagas al año que cobran buena parte
de los trabajadores de la empresa municipal del agua
(Acemsa), algo que les distingue muy al alza del resto del
personal laboral pertencientes a las entidades que orbitan
alrededor de la Ciudad.
Esos distingos pretenden ser, por la lógica de los tiempos y
de sus restricciones, minimizados para organizarse un
sistema más equilibrado y justo entre los trabajadores
vinculados a la Ciudad.
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