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Los consejeros de Fomento y Medio Ambiente y de Asuntos
Sociales trabajan de forma conjunta para procurar el realojo
urgente de las familias del Quemadero, un total de nueve. La
decisión viene motivada y justificada por los informes
técnicos relativos a la seguridad de las viviendas, todas
ellas de autoconstrucción, y se aplicará mediante un decreto
de declaración de ruina inminente. Para urbanizar estos
terrenos existe un acuerdo de colaboración entre la Ciudad,
el Ministerio de Defensa y la SIEP. Los afectados deberán
ser realojados de forma temporal hasta que se les reubique
en las 171 VPO de Loma Colmenar.
Las consejerías de Asuntos Sociales y de Fomento y Medio
Ambiente trabajan “desde el punto de vista urbanístico y de
los servicios sociales” para desalojar la zona del puente
del Quemadero. Así lo explicó ayer a EL PUEBLO el
responsable de Fomento, Guillermo Martínez tras conocer, por
boca de los técnicos de la Ciudad, la situación en la que se
encuentran las nueve viviendas allí ubicadas, una situación
que calificó de “muy complicada”. “Habrá que desalojarlos”,
explicó Martínez Arcas, quien apuntó que esta medida ha de
adoptarse “a consecuencia de una obra que está ejecutando la
SIEP (Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias)”.
El realojo de los vecinos, cerca de una treintena, ha de
hacerse, en palabras del consejero, de forma “inmediata”,
por lo que será, señaló “inminente”. Para ello, es
necesario, tal como confirmó, la firma, en base a los
informes técnicos correspondientes, de un decreto de
declaración de ruina inminente de las viviendas, todas ellas
de autoconstrucción, lo que supone un riesgo añadido por su
fragilidad. De hecho, según los testimonios de los propios
vecinos, la acción de la maquinaria pesada, incesante desde
hace ya un mes, genera alarmantes vibraciones en los
edificios.
Más allá de las molestias, que la consejera de Asuntos
Sociales, Rabea Mohamed, ha tratado de paliar en contacto
con los afectados, los técnicos consideran justificada la
declaración de ruina inminente y la demolición “urgente e
inaplazable” de las viviendas ante la existencia de “un
peligro real para las personas y bienes”.
En estos momentos, las casas se encuentran situadas frente a
una montaña de tierras que la empresa encargada del
movimiento de tierras de la prisión, Ribera Navarra, ha
acopiado de la obra original para verterlas en el tramo de
la vaguada del arroyo de las Colmenas que, tras su
canalización puente abajo, aún quedaba en su estado natural.
El objetivo es la preparación de una plataforma sobre la
cual iría en el futuro una carretera de acceso desde la
nueva rotonda del puente del Quemadero hasta el centro
penitenciario.
Poco antes del inicio de estas obras, concretamente el 25 de
mayo, EL PUEBLO informaba de la existencia de un acuerdo a
tres bandas, entre la Ciudad, el Ministerio de Defensa y el
de Interior, para la realización de un plan coordinado que
posibilitara el aprovechamiento urbanístico de los terrenos.
El proyecto consiste en aprovechar las tierras del
movimiento que la SIEP lleva a cabo en la zona de la nueva
prisión -que según informó el pasado martes el servicio de
Comunicación de la entidad ya han finalizado- para además de
construir el vial de acceso a la cárcel, dedicarlas a
rellenar lo que queda de la vaguada de las Colmenas. De este
modo, se generaría una explanada en la que, tal como propone
la Oficina Técnica de Obras del Príncipe, podrían
construirse dos nuevas pistas deportivas como equipamientos
públicos incluidos dentro del Plan de Urbanización de la
barriada.
Para ello, sería necesario, de acuerdo con el propietario de
los terrenos, el Ministerio de Defensa, desviar el trazado
de la nueva carretera y construir, esto a cargo de la
Ciudad, la parte correspondiente del muro que cerrará la
Base Única del Ejército, a cambio de lo cual, éste cedería a
la Ciudad la parcela.
Esta es la misma solución que se adoptó en el primer
proyecto del Plan de Urbanización que se llevó a cabo, a
escasa distancia, en concreto, en el cruce de Claudio
Vázquez con el Quemadero.
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obras de la sociedad estatal de
infraestructuras penitenciarias
