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Más de cuatro años de cárcel y 350.000 euros de multa fueron
las penas solicitadas por el fiscal para dos de los
detenidos en la ‘Operación Gacela’, llevada a cabo por la
Guardia Civil ante la sospecha de una red que pasaba hachís
hasta Sevilla en dobles fondos practicados en muebles de
hogar a través de una empresa de transporte.
Los dos primeros detenidos en el marco de la ‘Operación
Gacela’, llevada a cabo por la Guardia Civil de Ceuta en
febrero de 2010, ocuparon ayer el banquillo de los acusados
del Juzgado de lo Penal por el delito contra la salud
pública que les atribuía el representante del Ministerio
Fiscal en la ciudad, y por el que les pide una pena de 4
años y 2 meses de prisión y multas valoradas en 350.000
euros.
Por su parte, la defensa solicitó la absolución de sus
clientes en base a la declaración de inocencia manifestada
por ambos, los cuales negaron pertenecer a ninguna
organización dedicada al narcotráfico y desconocer que en el
mobiliario que supuestamente iban a portar hubiese
escondidos un total de 79 kilos de hachís, que iban ocultos
en dobles fondos practicados en varios muebles de hogar.
Según las declaraciones aportadas por los imputados y los
agentes de la Benemérita en calidad de testigos, en febrero
del año pasado un vehículo de una empresa dedicada al
transporte de Ceuta a la península fue interceptado en la
zona de preembarque de vehículos de la Estación Marítima,
una vez que el can de la Guardia Civil detectase la
presencia de la droga. La versión que defendieron los
procesados fue que, efectivamente, ellos se iban a dedicar
al porte del mobiliario desde Ceuta hasta Sevilla aunque,
finalmente, el transporte lo realizó la empresa de
mensajería. “No sabíamos que en los muebles hubiese droga”,
declararon los procesados, que se acogieron a su derecho a
no prestar declaración cuando fueron detenidos en Sevilla
tras el operativo de vigilancia desplegado por la Benemérita
ceutí en la capital hispalense.
‘Modus operandi’
Según explicó el Instituto Armado en mayo del año pasado una
vez explotada la segunda fase de la operación, la sustancia
estupefaciente era remitida por empresas de transporte hasta
Sevilla, donde era recepcionada y distribuida. La
documentación que utilizaban para la supuesta tramitación
comercial por parte de la empresa de transporte era con
documentación que falsificaba la misma organización. Una vez
detectada la sustancia se procedió a su intervención dejando
que continuase el camión como si todavía transportase los
estupefacientes hasta su punto de destino en Sevilla, donde
mediante la realización de una entrega vigilada del
mobiliario que portaba la droga se procedió a la detención
del principal miembro de la red así como a la imputación de
sus dos supuestos colaboradores, mientras que los dos
acusados fueron interceptados meses antes.
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juicio
