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PORTADA DE HOY
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OPINIÓN - SÁBADO, 16 DE
JULIO DE 2011 |
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OPINIÓN / ANÁLISIS |
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Presunta corrupción en la
Federación ceutí:
¿Y cuando interviene la Fiscalía? |
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Nuria de Madariaga
opinion@elpueblodeceuta.com
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Durísimas acusaciones las
realizadas a través de este diario por el árbitro Mehdi
imputando al Comité de Árbitros y a la Federación la
comisión de una serie de ilícitos penales de trascendencia
tal que no dudamos en barruntar la actuación de la Fiscalía
y la lógica incoación de unas Diligencias de Investigación
con la participación bien de la Policía Judicial bien de la
Guardia Civil ya que a uno de los dos cuerpos ha de
remitirse la orden de inicio de las Diligencias Policiales o
del Atestado. Se espera por lo tanto envío de nota de prensa
o comparecencia porque en este tipo de acciones penales se
procede de oficio o a instancia de parte indistintamente.
Y ahora podrían preguntarme sobre los artículos aplicables a
los hechos denunciado públicamente por el árbitro Mehdi , en
este caso me dirigiría al artículo 422 del Código Penal “La
autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de
un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta,
dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a
su cargo o función incurrirá en la pena de prisión de seis
meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno
a tres años” este artículo hay que relacionarlo con el 423
“Lo dispuesto en los artículos precedentes será igualmente
aplicable a los jurados, árbitros, peritos, administradores
e interventores designados judicialmente o cualesquiera
personas que participen en el ejercicio de la función
pública”. Más claro el agua, pero aún hay más porque podemos
dirigirnos a la Sección 4ª del Código Penal y dentro de ella
al artículo 286 bis 1. “Quien por sí o por persona
interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos,
administradores, empleados o colaboradores de una empresa
mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u
organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza
no justificados para que le favorezca a él o a un tercero
frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la
adquisición o venta de mercancías o en la contratación de
servicios profesionales, será castigado con la pena de
prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial
para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno
a seis años y multa del tanto al triplo del valor del
beneficio o ventaja” Este número del artículo hay que
ponerlo en relación con el número 4 del mismo “Lo dispuesto
en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a
los directivos, administradores, empleados o colaboradores
de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma
jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o
jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por
finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y
fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o
competición deportiva profesionales”. Por cierto, el
artículo 287.2 aclara que “No será precisa la denuncia
exigida en el apartado anterior cuando la comisión del
delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad
de personas” .
¿Y se puede deducir de las acusaciones de Mehdi la
existencia del “delito continuado del artículo 74.1? Veamos
“No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el que,
en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica
ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que
ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto
penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será
castigado como autor de un delito o falta continuados con la
pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá
en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad
inferior de la pena superior en grado”.
Jurídicamente los hechos denunciados por el árbitro Mehdi en
una especie de expiatorio ejercicio de “arrepentimiento
espontáneo” tienen la bastante relevancia penal como para
motivar la inmediata apertura de una investigación para que
Mehdi sea oído en declaración con objeto de ratificar,
matizar o ampliar su denuncia inicial y a partir de sus
manifestaciones que vayan siendo citados en calidad de
imputados o de testigos todos aquellos que pudieren ser
partícipes o tener una relación directa o indirecta con los
hechos punibles de manera que se delimiten las
responsabilidades de cada cual. Y lo que es más importante
caso de ser cierto lo denunciado y poderse comprobar,
impedir el pésimo ejemplo de corruptelas que presuntamente
se está dando a los jóvenes deportistas que, si han llegado
a ser conocedores de las prácticas denunciadas y de la
impunidad de la que han gozado hasta ahora sus autores
materiales y sus cómplices y encubridores, tienen que haber
forjado la opinión de que, el mundo del fútbol carece de la
limpieza y de los valores que se le supone al deporte. El
ejemplo no puede ser más nocivo y si todo lo denunciado es
auténtico, los daños morales causados a los jóvenes
deportistas pueden ser irreparables.
Pero la pregunta clave es ¿Quien dará el primer paso en la
incoación de las Diligencias? ¿Fiscalía, Policía Judicial o
Guardia Civil? ¿O tal vez cualquier ciudadano que, con el
ejemplar de El Pueblo de Ceuta en la mano acuda a comisaría
cumpliendo los dictámenes de la ley cuando exige a
cualquiera que conozca de la existencia de un delito, la
obligación de denunciarlo?
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Márquez, Carracao y
Cucurull ¡Medallas para todos! |
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Nuria de Madariaga
opinion@elpueblodeceuta.com
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La obligación de los políticos es
trabajar por el bien común y ser eficaces gestores de los
intereses de la ciudadanía que les ha otorgado, con sus
sufragios, una serie de privilegios pero también una pesada
carga de deberes. Lo uno por lo otro.
Así cuando interviene el “factor humano”, es decir, la cara
“humana” del político que representa el reverso-no-tenebroso
de su faceta de servidor de la “res publica”, en normal que
el individuo sienta la lógica autocomplacencia ante un buen
logro o ante un trabajo bien hecho y que proclame las
virtudes de su gestión por sentirse merecedor de “la
medalla” siempre considerada en un sentido hipotético, pero
la aspiración común es “ser condecorados”, que se reconozcan
los méritos y que este reconocimiento sea de alguna manera
público, que trascienda. ¿Sublimación del “ego”? ¿”Vanidad
de vanidades todo vanidad” que dirían los clásicos latinos?
No. Simplemente el deseo de “recompensa” que es intrínseco a
la naturaleza humana por el primigenio mecanismo
“acción-reacción”.
Y dentro de esta dinámica es un comportamiento natural por
parte de nuestros representantes políticos el que deseen que
sus méritos sean valorados y considerados por los electores
y me refiero concretamente a las labores de “fontanero” del
líder de la oposición ceutí José Antonio Carracao cuyas
eficaces gestiones en los dos meses que llevamos de
legislatura nadie puede discutir, es decir, que no se le
puede escamotear “la medalla” sino imponérsela con todos los
honores y diploma conmemorativo especialmente diseñado para
el evento. Pero esto no conlleva ni disculpa el que el
socialista reste méritos y discuta los logros de nuestros
parlamentarios Francisco Márquez y Cucurull que han venido
trabajando día tras día y lo siguen haciendo en defensa de
los intereses de Ceuta y cuyas funciones benefician por
igual a “todos” los ceutíes, incluidos los votantes del PSOE
y al propio Carracao. ¿Se les va a disputar a nuestros
parlamentarios sus merecidas condecoraciones? Sería injusto
y también es reprochable que el socialista se esté
envaneciendo hasta el punto de que pone en duda, decreta la
cuarentena y llega a menospreciar los logros ajenos de una
manera totalmente injusta y bastante ilógica. El sentido de
la “honrilla” es consustancial a la persona a quien siempre
apetece y motiva el verse ensalzada en los momentos de
triunfo y no demasiado vapuleada en las derrotas, pero
reconocer los méritos propios y rechazar los ajenos no es
una postura generosa. Nadie puede ni debe olvidar y menos
aún obviar el denodado trabajo de nuestros parlamentarios
defendiendo el delicado asunto de las bonificaciones de la
seguridad social, ni se puede mantener una postura
indiferente ante la labor infatigable que como diputado ha
venido realizando Francisco Márquez a quien jamás nadie, de
ninguna tendencia política, puede discutir dos cosas: ni su
adicción por el trabajo ni su capacidad de estudio y
análisis de todos y cada uno de los asuntos que pasan por
sus expertas manos.
¿Tecnócrata? Evidentemente, nadie como él para temas de
economía política y análisis financieros, porque si bien es
cierto que “las revoluciones las ganan los poetas” en la
situación de crisis que padecemos esas revoluciones las
ganan los grandes economistas, los técnicos más expertos y
los mejores gestores del mundo de las finanzas.
¿Es que no merece Paco Márquez no una medalla, sino un
medallón con banda y flor natural? Conseguir logros y que
los reconozcan es gratificante, porque en ese reconocimiento
hay generosidad y gratitud explícita. Paco Márquez, Carraco
y Cucurull ¡Medallas para todos!
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El Acuerdo Bilateral entre
España y el Reino de Marruecos |
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Nuria de Madariaga
opinion@elpueblodeceuta.com
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En el marco de la cooperación
instaurada entre el Reino de España y el Reino de Marruecos
y los lazos históricos que unen a los dos pueblos y para
responder a la preocupación común de coordinar los esfuerzos
destinados a poner fin al flujo migratorio clandestino de
extranjeros entre España y Marruecos las dos partes han
acordado lo siguiente
Acuerdo Bilateral entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito
y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado
en Madrid el 13 de febrero del año 1.992 (BOE nº 100/1992 de
25 de abril de 1992)
Articulo 1º.- Las Autoridades fronterizas del Estado
requerido readmitirán en su territorio a petición formal de
las Autoridades fronterizas del Estado requirente a los
nacionales de países terceros que hubieren entrado
ilegalmente en el territorio de este último procedentes del
Estado requerido.
Los Tratados están para cumplirlos, máxime cuando se firman
entre países relevantes y considerados “serios” en el plano
internacional. Ahí está el texto del Acuerdo Bilateral
suscrito por España y Marruecos. Y también la evidencia de
que no se cumple y por lo tanto se vulnera. La simple
aplicación de este acuerdo supondría para Ceuta en
particular y para España en general la inexistencia de la
presión migratoria africana y el hecho de que esta ciudad
tenga que sufrir sus consecuencias y el más hecho que con el
dinero de los españoles se tenga que financiar la estancia
de extranjeros irregulares en nuestro territorio. No existe
ningún país de la Unión Europea capaz de absorver toda la
pobreza del África subsahariana, en Francia las leyes de
extranjería de Sarkozy son muy claras y de forma regular y
automática se repatría a los ilegales. También es evidente
que si Ceuta fuera francesa en lugar de española el problema
migratorio no existiría porque el Presidente Galo es de los
que “hace cumplir” cualquier tipo de acuerdo.
Desafortunadamente el contar con la Ley de Extranjería más
débil de Europa no ayuda a solucionar un problema que en
otros países europeos tendrían otra respuesta y no me
refiero a Suiza donde la inmigración ilegal es un delito
castigado con prisión.No obstante, aun constándonos que de
aquí a un par de años las Leyes de Extranjería habrán sido
ampliamente reformadas y adaptadas a las de otros países de
la UE mucho más rigurosos, el problema de la avalancha de
inmigrantes africanos que buscan en Ceuta un paso hacia
Europa es cada vez más acuciante y sobrepasa la capacidad de
acogida de la ciudad. También somos conscientes de que el
Gobierno de España, totalmente debilitado y dando sus
últimos estertores, ni tiene cabeza, ni tiene intención
política de emprender una ofensiva diplomática para exigir
el cumplimiento del Acuerdo Bilateral de 1992, si antes no
lo ha hecho, por falta de voluntad o por desinterés no va a
realizar una exhibición de artes diplomáticas en lo poco que
le queda.
Además esta circunstancia y el hecho de que en Marruecos se
encuentren cientos de inmigrantes ilegales dispuestos a
entrar en Ceuta o en Melilla incluso por la fuerza, no es ya
un problema nacional español, sino algo que atañe y
repercute en toda Europa y es en Bruselas donde se ha de
exponer la cuestión y refrescar a los miembros del
Parlamento Europeo la existencia del Acuerdo Bilateral y que
sea Bruselas quien actúe y cumpla con sus obligaciones y
competencias. De hecho, cuando Sarkozy expulsó amablemente
de Francia o mejor dicho repatrió a los rumanos que se
habían asentado en su territorio para vivir de la
mendicidad, el asunto se trató en Bruselas, el Gobierno de
Rumanía protestó porque le indignaba profundamente el que
les repatriaran a sus indigentes, pero Sarkozy que
acostumbra a estar bastante blindado ante críticas y
apercibimientos, contraatacó emplazando a Rumanía a mostrar
las cuentas del dinero que ese país ha recibido de la UE
para la integración de los gitanos rumanos. Rumanía no
contestó ni volvió a quejarse no le fueran a hacer devolver
las ayudas y subvenciones. Pero toda la polémica pasó por
Bruselas.
Y es allí donde debería acudir el Presidente Juan Vivas y
junto a los eurodiputados del Partido Popular exponer la
situación que estamos viviendo y exponer así mismo con todo
lujo de detalles más la publicación en el BOE de 25 de abril
de 1992 la existencia de un Tratado capaz de controlar
eficazmente la entrada de ilegales en Europa por la frontera
sur, porque el artículo 1º del Acuerdo de 13 de febrero de
1992 es taxativo y obliga a Marruecos a readmitir a todos
los extranjeros de terceros países que hayan accedido
ilegalmente a España desde su territorio. Lo firmado,
firmado está y ni hay marcha atrás ni hay vuelta de hoja y
aunque estemos sometidos a unos gobernantes que nos tienen a
todos los españoles como a sus enemigos y exista la
sensación de que no nos están gobernando sino
“represaliando” siempre queda el Parlamento Europeo,
Estrasburgo existe (la Malaya dixit). Y también La Haya. Y
Paracuellos del Jarama. Y Santiago Carrillo. Pero, crímenes
de guerra aparte, la existencia de este Acuerdo y su
sistemático incumplimiento es un asunto de trascendencia más
que sobrada como para acudir a pedir la intervención de
Europa ante el Reino de Marruecos y que lo firmado se
cumpla.
Las leyes nos amparan, Bélgica está muy cerca y Juan Vivas
tiene ahí la ocasión de volver a mostrar su calidad como
hombre de Estado. Al Gobierno de ZP ni nombrarlo ¿Para qué?
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Respuesta a una crítica |
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Nuria de Madariaga
opinion@elpueblodeceuta.com
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Es sabido que “toda persona tiene
derecho a la defensa” pero a parte de esta afirmación nada
puedo responder a la carta remitida por el señor Ahsissene
en respuesta al artículo en el que relaté mi asistencia como
abogado a las declaraciones de las dos personas acusadas de
haber dado muerte a un joven tetuaní. Lógicamente tanto los
inspectores de la Policía como yo misma escuchamos una sola
versión de los hechos. Por mi parte ignoro la versión de la
familia y de los amigos del fallecido y mucho me ha
extrañado que el abogado de su familia no haya contactado
aún conmigo a efectos profesionales. Y más me extraña aún
que no haya llegado Comisión Rogatoria alguna de la Policía
Marroquí, pero a la desdichada madre del joven descansado
solo puedo decirle que hasta ahora he creído la historia de
mis defendidos porque carezco de otras referencias, pero
también que como madre de dos hijos y pese a que toda
persona tiene derecho a ser defendida, si en algún momento
tengo la certeza de que no se me ha dicho la verdad y que no
ha existido una legítima defensa, mi obligación moral y
ética sería renunciar al asunto. Cierto es que compadezco a
las madres de los jóvenes de Ceuta, pero me duele
infinitamente la madre del joven fallecido porque sé que no
hay un dolor más grande que ir contra las propias leyes de
la naturaleza y sobrevivir a un hijo. Dicen los
psicoterapeutas que cualquier duelo se supera y hasta dan la
fecha de tres años, pero excluyen el duelo por la muerte de
un hijo porque ese no se supera jamás.
También hay que resaltar que no encontramos ante un caso de
Derecho Internacional y que la competencia es de la
Audiencia Nacional caso de solicitarse una extradición, pero
esto es independiente del hecho de que, el abogado de la
familia debería haberse desplazado para tener información
por parte de la Policía Judicial de Ceuta de las
declaraciones y manifestaciones de quienes aparecen
implicados en este terrible asunto que tanto sufrimiento
está causando a las madres. Porque si ninguna madre “merece”
tener a un hijo muerto ni jamás puede estar ni estará
preparada para sobrellevar tamaño dolor, ninguna madre está
tampoco preparada para vivir con la pena de pensar que su
hijo puede tener las manos manchadas con la sangre de un
inocente.
Mi más profunda convicción es la de que se hará justicia y
que tras las investigaciones oportunas los Jueces
calificarán los hechos y formularán la acusación que sea
procedente. Hasta ese momento mis oraciones serán para que
Dios permita conocer la verdad.
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