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En una de las siete interpelaciones dirigidas ayer al
Gobierno por los Grupos de Oposición, seis de ellas, de
Caballas, el diputado Juan Luis Aróstegui acusó a la Ciudad
de “malversación moral” del presupuesto en publicidad
intitucional, que se utiliza, dijo, para “secuestrar la
verdad”. El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, le
replicó que el criterio objetivo para el reparto es el
empleo que da cada uno de los medios y que no existe una
“difusión probada” que sirva de criterio.
Al finalizar el debate sobre el reparto de publicidad
institucional, suscitado por una interpelación de Caballas,
el diputado Juan Luis Aróstegui se rió de que al portavoz,
Guillermo Martínez, le bastaran “dos o tres papeles” para
demostrar que, en contra de lo que él pretendía, el Gobierno
no tiene “la verdad secuestrada”. Y es que Martínez
respondió a esas acusaciones, que incluían una supuesta
“malversación más moral que jurídica”, en palabras de
Aróstegui, con una serie de titulares extraídos
“indistintamente” de los dos periódicos locales en los
últimos 15 días con los que ironizaba: “Pues si estos son
los medios que tenemos comprados...”. El portavoz del Grupo
Popular recordó tanto a Aróstegui como a su compañera de
filas, Fatima Hamed, que los dos colaboran cada semana con
uno de esos medios (que no es EL PUEBLO) que recibe “un
porcentaje muy importante de esta financiación” para
publicidad institucional, un presupuesto que asciende a 2
millones de euros y se va a ver reducido, según anunció, en
un 10%.
Aróstegui comenzó no obstante su discurso refiriéndose a la
“repugnante” televisión pública local, “manipulada desde el
primero hasta el último minuto” y “dirigida por comisarios
políticos”. También acusó al gobierno de “tener ahora
financiado a un panfleto indecente”.
Martínez explicó que la realización de campañas
institucionales es una “obligación” de la Administración
pública, que debe mantener informados a los ciudadanos “de
sus derechos y obligaciones”. A continuación resumió la
“larga lista” de anuncios de interés para la ciudadanía que
se publicitan a diario en los medios de comunicación
locales.
En cuanto al criterio objetivo de la contraprestación
económica que reciben los medios, el portavoz del Gobierno
manifestó que se basa en el “empleo” que genera cada uno de
los medios, que dan trabajo a 125 personas, de las cuales,
85 constituyen las plantillas de los dos periódicos.
“Cualquier distorsión económica podría tener una
consecuencia directa en el empleo”, manifestó Martínez,
quien recordó que ni el Tribunal de Cuentas ni la Justicia
en una reciente sentencia de 2010 han cuestionado el
proceder de la Ciudad en este ámbito.
Aróstegui insistió sin embargo en que “el criterio objetivo
universalmente reconocido es la penetración en el mercado
del medio”, a lo que Martínez contestó mostrándole el fallo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la
que se refería, “de hace un año, no de hace 25”, que recoge
que “no consta una difusión probada que certifique la tirada
diaria de ejemplares” de los periódicos locales. “Si usted
está también por encima del TSJA...”, bromeó.
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