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El consejero de Hacienda y Recursos Humanos de la Ciudad
Autónoma de Ceuta ha propuesto al CPFF la modificación de la
propuesta de acuerdo sobre el reparto del nuevo impuesto
sobre actividades del juego, con el fin de que Ceuta y
Melilla pàrticipen, como el resto, de la distribución de
fondos obtenidos por la recaudación de este impuesto.
Petición que ha defendido ayer durante la reunión que han
mantenido el Gobierno con las distintas comunidades y
ciudades autónomas.
El consejero de Hacienda y Recursos Humanos, Francisco
Márquez, ha remitido al Ministerio de Economía y Hacienda
una carta en la que expresa nuevamente su oposición a los
criterios de distribución de los fondos obtenidos por la
recaudación del Impuesto sobre Actividades del Juego que hoy
tratará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF),
en su reunión de esta tarde.
Pese a las gestiones realizadas desde que se dio a conocer
el texto, el Ministerio mantiene la exclusión de Ceuta de la
distribución de estos fondos, lo que, tal y como manifiesta
el consejero en su carta, supone “un vicio constitucional”
al “conculcar el principio de igualdad”. En la misiva
Francisco Márquez afirma no encontrar un argumento legal que
justifique “la exclusión” de Ceuta, “máxime si lo que se
pretende es articular un procedimiento de reparto en tanto
el Impuesto sobre el Juego no se constituya como tributo
cedido, tal como afirma el documento de base presentado para
su estudio por el Grupo de Trabajo”.
Y todo ello teniendo en cuenta que la Ciudad participa en el
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de
régimen común y que los ingresos que se reciben por este
concepto son transferencias del Estado y no tributos
cedidos.
Por ello, Márquez ha propuesto ayer al Consejo de Política
Fiscal y Financiera la modificación de la propuesta de
acuerdo con el fin de que Ceuta y Melilla, al igual que el
resto de autonomías, participen de la distribución de los
fondos obtenidos por la recaudación del Impuesto sobre el
Juego. Esta postura ha sido defendida en la reunión del CPFF,
a la que ha asistido el consejero y que ha presidido la
vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda, Elena
Salgado.
A este argumento legal se une, además, el competencial, ya
que la Ciudad Autónoma tiene encomendada la supervisión del
cumplimiento de los requisitos fijados a los operadores, de
la concesión de licencias y autorizaciones, y de garantizar
el correcto funcionamiento del sector del juego y el
cumplimiento de la normativa vigente. Esta gestión se
realiza ya sin que la Administración local perciba ni un
céntimo de los rendimientos que deja esta actividad
económica, y el nuevo texto legal lejos de poner fin a esta
situación, perpetúa “un sistema injusto que atenta contra
los intereses de los ciudadanos de Ceuta y Melilla”, tal y
como ha explicado el consejero.
El ministerio de Economía y Hacienda se ha comprometido a
estudiarlo y el consejero comparecerá este viernes a dar
cuenta de este asunto y lo tratado en el CPFF.
Un Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha terminado
sin acuerdo entre Gobierno y comunidades autónomas. La
vicepresidenta de Asuntos Económicos, Elena Salgado ha
logrado sacar adelante el objetivo de estabilidad
presupuestaria con el único apoyo de andalucía y cataluña, y
queda aplazada hasta septiembre la decisión de cuál será la
regla de gasto.
El contenido de la regla autonómica de gasto será definido
por un grupo de trabajo que se reunirá el próximo mes de
septiembre con el fin de dotar de homogeneidad a dicha
norma, pero ya ha quedado claro que tendrá que tener en
cuenta el crecimiento del PIB de años anteriores y la
estimación para los ejercicios futuros a nivel estatal.
En el caso de la aprobada por el Gobierno, el gasto público
no debe crecer por encima del crecimiento medio del PIB
expresado en términos nominales durante nueve años: los
cinco anteriores, el año en curso y la previsión de
crecimiento de los tres años siguientes.
Elena Salgado, que ha rechazado todas las propuestas del
líder del PP, había propuesto en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera que el ICO financiara parte de la deuda
de las comunidades autónomas con el Estado.
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