Intensa actividad de la Fiscalía de Menores de Ceuta

Nuria de Madariaga
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Puede que en un futuro las Fiscalías de Menores de toda España tengan un menor volumen de trabajo ya que la patética Ley del Menor que nació gafada y cojitranqui, bucólica e irreal, fruto del esfuerzo colectivo de unos legisladores que pensaron que la juventud vive entre “Alicia en el país de las maravillas” y las cursis teorías de Rousseau, esa legislación ineficaz tan compasiva con los delincuentes y tan despiadada con las víctimas, tendrá que ser reformada. De hecho el Partido Popular hace mucho que arrancó motores prometiendo y jurando que se va a llevar a cabo una “regeneración” y dentro de ese compromiso habrá que abrir las ventanas, airear las leyes caducas y que de paso entren legisladores que “conozcan” la realidad, que estén baqueteados, que hayan mamado el derecho más chusquero y echado los dientes bregando con la ineficacia y la estulticia del Sistema y que por lo tanto “sepan y sientan” lo que los ciudadanos demandan, exigen y necesitan. El que alguien tan poco sospechoso de ser un “carca” como Ibarra, el Presidente del Movimiento contra la Intolerancia, se haya unido a las distintas plataformas que suplican la reforma de la Ley del Menor para que no hayan más “Rafitas” ni “Cucos” ni padres desesperados como los de la torturada, violada y quemada Sandra Palo, que tengan que soportar el escarnio de ver los privilegios y los melindres de los que disfrutan los criminales menores de dieciocho años, representa el que la petición de reformas es un clamor social. Porque el cúmulo de injusticias y estupideces que se ha ido conformando en los años de la vigencia de ese bodrio normativo, requiere la inmediata intervención de los legisladores (pero no de “los de siempre” sino de tíos que sepan) y más que una reforma, la derogación de la ley actual y la elaboración de un texto nuevo, desde una nueva perspectiva (ahí hay mucho que aprender de las legislaciones de “toda” Europa y más de la de EEUU). Y sin complejos por las lamentaciones de las plañideras oficiosas que ejercen de “profesionales de la buena conciencia” porque aún no han sido víctimas de las fechorías de algún berraco, cuando se es víctima cambian mucho las perspectivas, aunque comprendo que viviendo la vida desde el interior de los coches oficiales y con servicio de escoltas el ser víctima de las actividades delictivas de algún pandillero es más difícil. También es difícil por no decir imposible, el estar preparado para legislar desde la distancia irreal que otorgan los grandes privilegios, los legisladores tienen que estar en las calles, a pelo. Y sufrir lo que sufren todos los españoles y a partir de ahí “merecen” redactar las leyes, porque quien vive la realidad en primera persona es difícil que sea un capullo “buenista”.

Hablo de un tema que conozco y desde la perspectiva de treinta y dos años en el derecho penal, muchos de ellos trabajando con los problemas de las llamadas eufemísticamente “minorías” y de la juventud de esas minorías. Por mis expedientes han pasado una gran variedad de muchachos profundamente equivocados y que opinaban que al ser “menores” todo les iba a salir prácticamente gratis gracias a la Ley del Menor. Es decir que la finalidad de la ley no se cumple, porque sin ser estrictamente punitiva, de castigo, sino que parte de la reeducación y reinserción (siempre que no existan patologías psiquiátricas de por medio) también ha de tener un efecto disuasorio y la disuasión a la hora de delinquir tiene como base el temor al rigor del castigo. Cuando no se teme al castigo derivado de los actos se rompen los frenos en la conducta y la sensación de impunidad prevalece. Y esta falta de miedo a las consecuencias de los actos ilícitos, unido a la cada vez mayor incidencia de patologías psiquiátricas hace que se necesite una nueva ley, con un nuevo planteamiento, más técnica que tendente al ejercicio de las virtudes lacrimosas y del redentorismo compulsivo que es la mayor y más hipócrita abominación moral de la sociedad actual. Lo primero cambiar la denominación y pasar a llamar al texto “Ley del Joven” eliminando ese baboso apelativo de “menor” que hace pensar en pequeñuelos desvalidos y ovejillas descarriadas, un término inadecuado, impropio, absurdo y tremendamente cursi, que es lo peor y que no se adecua a la realidad de que la aplicación de la norma alcanza a adolescentes pero también a tíos que son como armarios con las dos puertas abiertas y que tienen ya los cojones negros. Y dentro del arco de los catorce a los dieciocho años existen jóvenes recuperables para quienes la experiencia de vivir un procedimiento judicial es el “una vez y no más Santo Tomás”. Pero el mayor defecto que siempre he encontrado en esta ley es idéntica carencia que se refleja en toda el Derecho Penal español: la ausencia de un primer diagnóstico de salud mental realizado por psiquiatras con el concurso de todo tipo de pruebas neurológicas desde el momento en que, derivado del propio comportamiento del joven, se tenga la mínima sospecha de que pueda existir una enfermedad mental que a la postre no es más que un trastorno bioquímico fácilmente diagnosticable con las herramientas de las que actualmente se dispone y que derivaría a un gran número de jóvenes para ser tratados y curados. Y por ello la ñoña “Ley del Menor” redactada por ignorantes patológicos debería haber previsto de antemano que en nuestro país no existe todavía una psiquiatría infantil y juvenil especializada y menos aún existen sanatorios psiquiátricos para jóvenes. ¿Se dan cuenta de la concatenación de fallos?. Normal que sintamos envidia ante el sistema americano donde la neurología es una especie de rama-reina, tienen Directores Generales de Salud Mental en todos los Estados y para rizar el rizo los neuropsiquiatras incorporan la medicina ayurvédica y ortomolecular a la hora de diagnosticar y sanar al enfermo, es decir, que nos llevan como poco un siglo de ventaja. Difícil el reto que ha de afrontar el Gobierno de Mariano Rajoy para bregar con lustros de ignorancia patológica y de desprecio de la excelencia a favor del “amigachismo”, ya saben el axioma de que para medrar en cualquier campo y a cualquier nivel no hay que ser “excelente” sino “amigacho”. ¿Una primera y rápida solución fácil de tomar? Rebajar la mayoría de edad a los dieciséis años de manera que a los mayores de dieciséis se les juzgue como adultos pero con la atenuante de menor de dieciocho años y sepan que van a cumplir en el Módulo de Menores de cualquier prisión. Tan solo el efecto psicológico haría descender los delitos cometidos por jóvenes justo a la mitad y ello sin olvidar que el fin último de nuestro Reglamento Penitenciario es como el de la Ley del Menor la reeducación y la reinserción del penado.Es decir “muy” políticamente correcto.

Un gran reto la reforma de esta Ley obsoleta redactada no contemplando la realidad sino para una sociedad irreal y que no constituye freno sino acicate para las conductas delictivas. Por cierto ¡Cuanto queda por regenerar, reciclar, restaurar y reformar! Y se hará. Siempre que lo haga el “excelente” y no el colega, el enchufado ni el “amigacho”, porque de ser así tendremos más mierda de la misma.