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El Gobierno ya ha endurecido las sanciones administrativas a
las empresas que empleen a trabajadores de forma irregular,
con multas que pueden alcanzar hasta 10.000 euros, cantidad
superior en cinco veces a las actuales. Para no sufrirlas,
los empresarios han tenido un plazo de tres meses para
regularizar a sus empleados desde que se puso en marcha el
plan de lucha contra el empleo sumergido.
El plan establece que una empresa que incumpla la obligación
de dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social tendrá
desde ayer una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces
superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000 euros,
mientras que ahora se paga 6.250 euros. Cuando el trabajador
compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con
trabajos “en negro”, la empresa verá incrementada la sanción
mínima de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima
se mantendrá en los 187.515 euros. Además, la iniciativa
también conlleva mayores actuaciones de vigilancia y control
del trabajo no declarado de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
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NORMATIVA
