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Seis países musulmanes patrocinan a las distintas
comunidades islámicas distribuidas por nuestro país, a veces
con el objetivo de controlarlas y casi siempre con escaso
discernimiento. Los fondos que envían caen con frecuencia en
manos de organizaciones radicales o de individuos sin
escrúpulos, según un informe del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI) enviado a los ministros de Interior,
Exteriores y Defensa y del que ha informado Ignacio Cembrero
en El País.
Un informe secreto enviado el 16 de mayo por el director del
Centro Nacional de Inteligencia (CNI), general Félix Sanz
Roldán, a los ministros de Exteriores, Interior y Defensa y
del que informa Ignacio Cembrero en El País, analiza con
alarma la financiación y las ayudas que proporcionan Arabia
Saudí, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Libia y,
sobre todo, Marruecos a los musulmanes en España que ya
suman un total de 1,2 millones de personas.
El servicio secreto da cuenta en su informe de algunas
operaciones puntuales de financiación, como los 300.000
euros que pagó Catar para remodelar el Centro Cultural
Islámico Catalán, pero no proporciona cifras globales. “En
su mayor parte se utilizan cauces alternativos para hacer
llegar dichas donaciones que escapan al control de los
regulares del sistema financiero español ”, señala.
Por otro lado, junto con las subvenciones los países del
Golfo inundan las mezquitas de opúsculos que irritan a las
autoridades españolas. “La Europa de hoy sigue considerando
a la raza blanca superior a las de color”, recalca una
monografía en castellano publicada por el Ministerio de
Asuntos Islámicos de Qatarbajo el título “Muhammad. El
Profeta Ideal”. “Europa, con todas sus pretensiones de
iluminar y liderar (…) sigue estando por detrás del Islam”,
añade.
Informe secreto
“Las consecuencias de la financiación derivan en actitudes
negativas para la convivencia, tales como la aparición de
guetos y sociedades paralelas, tribunales y policías
islámicas al margen de la legalidad vigente,
desescolarización de niñas, matrimonios forzados etcétera”,
señala el documento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
al que ha tenido acceso El País.
“No existe suficiente control de los flujos financieros que
suponen las donaciones y ayudas que desde otros países se
prestan a la comunidad islámica de España (…)”, advierte el
principal servicio secreto español. “Se hace necesario que
los países donantes sean plenamente conscientes de los
riesgos que entraña financiar demandas individuales”.
Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU),
Libia y Marruecos financian y ayudan a 1,2 millones de
musulmanes en España. En el informe del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI) el peor parado es Kuwait. A través de la
Sociedad para el Renacer de la Herencia Islámica (RIHS,
según sus iniciales inglesas) ha costeado la construcción de
las mezquitas de Reus y Torredembarra (Cataluña) desde donde
“se difunde una interpretación religiosa contraria a la
integración en la sociedad española fomentando la separación
y el odio hacia los colectivos no musulmanes”.
La RIHS kuwaití fue incluida en el 2008 por el Departamento
del Tesoro de EEUU, y más tarde por Naciones Unidas, en la
lista de organizaciones que han financiado a grupos
afiliados a Al Qaeda . “El principal beneficiario” de sus
ayudas y gestor del dinero saudí en España es, según el
servicio secreto, el salafista holandés de origen marroquí
Abdelhamid el Hyat. A medio plazo la Sociedad para el
Renacer de la Herencia Islámica (RIHS) proyecta abrir una
delegación en España.
Catar, en cambio, se inclina por donar a la Liga Islámica
para el Diálogo y la Convivencia en España “vinculada con
los Hermanos Musulmanes” de Siria, según el Centro Nacional
de Inteligencia (CNI), que controlan, por ejemplo, el Centro
Cultural Islámico Catalán. Sharjah, integrado en los
Emiratos Árabes Unidos, tiene, en cambio, preferencia por
los conversos españoles reagrupados en Al Morabituna los que
costeó la mezquita Albaicín de Granada y está dispuesto a
ofrecerles otra en Sevilla.
El líder libio Moamar el Gadafi también ha mostrado, cuando
aún disponía de medios, predilección por los conversos
españoles agrupados en la Junta Islámica de España. Con su
presidente, el psiquiatra radicado en Córdoba Francisco José
Escudero, que adoptó el nombre árabe de Mansour, fallecido
en octubre pasado, estableció una “relación personal”, según
el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Ni que decir tiene
que el más generoso es Arabia Saudí. A las donaciones
directas de la familia real se añaden las de su Embajada en
Madrid y de un sinfín de asociaciones benéficas más o menos
oficiales. La retahíla de mezquitas y centros receptores de
sus ayudas “no se caracterizan por su elevado nivel de
radicalismo”, según el CNI, aunque su “sumisión” a las
directrices saudíes es total.
Oración en la M30
No solo los radicales se aprovechan de la generosidad del
Golfo sino también individuos que se otorgan “una
representatividad impropia” y llegan incluso a “apropiarse
de forma indebida de los fondos obtenidos”, advierte el
Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Por eso algunos
viajes a la zona para recaudar subvenciones “se hacen en el
más absoluto secreto y sin conocimiento” de la comunidad
islámica en cuyo nombre se piden. Si se consiguen no siempre
sirven al fin declarado por el que las solicitó.
Medidas preventivas
El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo,
acompañado de una nutrida delegación de funcionarios de
Exteriores, Justicia e Interior, citó hace cuatro meses en
el palacio de Parcén a los embajadores del Golfo a los que
pidió su colaboración para poner orden en la financiación
del Islam en España. “Todos ellos se mostraron receptivos”,
asegura José Manuel López Rodrigo, director de la Fundación
Pluralismo y Convivencia, que asistió al encuentro.
En esa reunión se les entregó un folleto titulado “Sistema
de canalización de fondos para el apoyo a los proyectos de
las comunidades islámicas de España”. En él las autoridades
españolas explican en tres idiomas (español, inglés y árabe)
cómo les gustaría que se encauzase el envío de los fondos
del Golfo. Bahrein es el único que nunca hizo donaciones.
El Gobierno quiere que las ricas monarquías petroleras
costeen proyectos presentados por las comunidades musulmanas
a través de la Comisión Islámica de España (CIE), el
interlocutor oficial que está en plena transformación para
ser más representativo. Solo las solicitudes aprobadas por
la CIE serían susceptibles de ser financiadas por el Golfo.
La intención del Gobierno es, sin embargo, acabar a medio
plazo con la injerencia extranjera. “El derecho y la gestión
de la libertad religiosa de los españoles, sea cual fuera su
creencia, no puede estar supeditada a ningún país
extranjero”, señalaba un informe conjunto de los ministerios
de Justicia e Interior elaborado en el 2009 y que no se sabe
si incluirá al Estado Vaticano en esta afirmación. “(….) la
vida cotidiana de las comunidades y su financiación deben de
tener una política propia española y no permitir
injerencias, aunque se podría producir un espacio de
tránsito”.
En el folleto entregado a los embajadores de la zona del
Golfo se insiste también en que, junto con la ayuda directa
a las comunidades musulmanas, sería bueno financiar, por
ejemplo, un grado en ciencias religiosas; la formación del
clero; libros de texto de religión redactados en España;
guías de gestión de servicios públicos para musulmanes;
retribución del personal religioso; iniciativas para la
normalización del Islam en la prensa etcétera.
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centro nacional de inteligencia
