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					Después de la entrada en vigor de la nueva Ordenanza para el 
					Buen Uso de Espacios Públicos el pasado miércoles, la 
					portavoz accidental del Ejecutivo local, Yolanda Bel, 
					resaltó ayer que el objetivo de este documento es “intentar 
					paliar” el “difícil problema” del abandono de vehículos y de 
					chatarra en la vía pública. 
					 
					Tras la entrada en vigor de la nueva Ordenanza para el Buen 
					Uso de Espacios Públicos el pasado miércoles, tal y como 
					adelantó EL PUEBLO, la portavoz accidental del Ejecutivo 
					local, Yolanda Bel, explicó ayer que este documento será “un 
					instrumento más” para “intentar paliar el difícil problema 
					de la ciudad”, en referencia al abandono de chatarra o 
					vehículos y su posterior quema.  
					 
					“La Ordenanza va a permitir atender este asunto desde el 
					principio” ya que “da potestad a la Policía Local a que 
					denuncie la existencia, por ejemplo, de un desguace ilegal” 
					hasta la sanción de “un posible abandono de vehículo”, 
					informó Bel. La también consejera de Presidencia y 
					Gobernación aseguró que esta nueva medida “facilita la labor 
					para erradicar este asunto”.  
					 
					Por otra parte, Bel remarcó que, en estos trabajos, la 
					Ciudad colabora “de forma estrecha” con el Cuerpo Nacional 
					de Policía y la Guardia Civil ya que el objetivo es que 
					“entre todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad el problema 
					se solucione poco a poco”, aseveró. “Lo que hay que hacer 
					ahora es sacar partido a los recursos y optimizarlos”, 
					resaltó. Por ello, “con una buena organización, estos 
					recursos son suficientes”, continuó Bel. “La dificultad se 
					encuentra en atrapar a aquellas personas que cometen la 
					infracción”, apostilló.  
					 
					La nueva Ordenanza incluye tres tipos de infracciones: muy 
					graves, graves y leves. En el primer apartado se incluye el 
					desguace de vehículos, electrodomésticos u otro tipo de 
					material similar en la vía pública. La sanción máxima es de 
					3.000 euros y la mínima de 150.  
					 
					El incumplimiento de las normas básicas de convivencia será 
					multado a través de esta regulación ya que lo que se 
					pretende es “mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 
					ceutí”. Así, “es obligación de todos los vecinos actuar 
					correctamente en el uso de los bienes e instalaciones 
					puestos a disposición del público y de los demás elementos 
					que configuran y dan estilo a la Ciudad Autónoma de Ceuta”, 
					explica este documento.  
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