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					El sindicato de Prisiones UGT denuncia la “desproporcionada” 
					sanción que ha emitido la DGIIP a un funcionario de la 
					prisión de Los Rosales de Ceuta, que ha sido sancionado con 
					una falta grave que lleva consigo la pérdida de empleo y 
					sueldo por un tiempo de ocho meses, además de la pérdida del 
					puesto de trabajo en Ceuta. La sanción aplicada es la máxima 
					contemplada por falta de diligencia en el trabajo. 
					 
					El sindicato de Prisiones UGT denunció ayer mediante nota de 
					prensa lo que considera como una actuación 
					“desproporcionada” por parte de la Dirección General de 
					Instituciones Penitenciarias (DGIIP) ante un trabajador del 
					Centro de los Rosales.  
					 
					La DGIIP ha sancionado al funcionario con una falta grave, 
					que tipifica la falta de rendimiento que afecta al normal 
					funcionamiento de los servicios del Centro. La falta grave, 
					aplicada en su máxima sanción, lleva consigo la pérdida del 
					empleo y sueldo por un tiempo de ocho meses, además de la 
					pérdida del puesto de trabajo en Ceuta, por lo que el 
					trabajador se vería obligado a trasladarse a otro centro, 
					tras aproximadamente siete años de servicio en la ciudad.
					 
					 
					Según informan desde UGT esta sanción se habría aplicado 
					“por no haber tramitado una documentación urgente que debía 
					haber dejado lista antes de irse de vacaciones”.  
					 
					“Todos cometemos errores y es una falta de diligencia en el 
					trabajo, pero independientemente del error creemos que la 
					sanción es completamente desproporcionada”, explica el 
					representante del Sindicato de Prisiones de UGT, Mohamed 
					Abdeselam. 
					 
					El ugetista denuncia que la falta del funcionario debería 
					haber sido considerada “en su mínimo apartado para que el 
					daño moral y económico fuera menos perjudicial en el 
					trabajador”.  
					 
					Fuentes del sindicato explican que, cuando el funcionario 
					regresó de sus vacaciones, estuvo trabajando “con 
					normalidad” durante varias semanas, sabiendo que iba a 
					recibir una sanción, que llegó semanas después con esta 
					grave notificación. 
					 
					Para la formación UGT el agravio que supone esta sanción no 
					se corresponde con la falta de diligencia del funcionario 
					ceutí, que “lleva unos siete años trabajando en la ciudad 
					autónoma, donde tiene a su familia y amigos”, después de 
					haber pasado algunos años trabajando en Las Palmas.  
					 
					El sindicato UGT-Prisiones comunica a su compañero mediante 
					nota de prensa que lo apoya y pone a su disposición “todo lo 
					que necesite en la defensa de sus intereses”.  
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