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Los sindicatos Comisiones Obreras, CSIF, APFP y ACAIP se
sumaron ayer mediante un escrito al apoyo hacia el
funcionario de prisiones sancionado con una falta grave que
conllevaría ocho meses de suspensión de empleo y sueldo,
además de la pérdida del destino en Ceuta. Según los cuatro
sindicatos, que se unen a la denuncia hecha pública por UGT,
esta sanción es “excesiva, abierta y equívoca”.
APFP, ACAPI, CCOO y CSIF se unieron ayer mediante un escrito
al apoyo en defensa del trabajador ceutí del Centro
Penitenciario de los Rosales que fue sancionado con una
falta grave que conllevaría ocho meses de suspensión de
empleo y sueldo, y la consecuente pérdida de la plaza en
Ceuta. El motivo de la sanción, calificado como “equivoco”
por los sindicatos es “el notorio incumplimiento de las
funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o
funciones encomendadas”, tal y como establece el
procedimiento sancionador, parte del cual ha sido recogido
en el texto presentado por los sindicatos. Según este
escrito, el propio órgano instructor de la falta “reconoció
que el proceder del funcionario no revestía la gravedad
suficiente” pero aún así le castigó con el expediente
sancionador con la máxima sanción prevista para este tipo de
faltas, algo que los sindicatos consideran “una barbaridad”.
Por otro lado, y como asociado de APFP, José María Raya
cuestionó ayer personalmente el apoyo recibido por el
trabajador sancionado por parte de UGT, sindicato que, según
sus palabras, “no hizo todo lo que estaba en su mano para
defenderlo, por lo que el propio trabajador se terminó
cambiando de sindicato”. El afiliado a APFP afirma además
que UGT no quiso firmar el escrito rubricado por todos los
demás sindicatos “para lavarse la cara ante la opinión
pública”.
Desde UGT han respondido a estas declaraciones, negando “con
rotundidad” que no se le haya ofrecido toda la ayuda posible
al trabajador. Este sindicato, afirma incluso, a través de
Juan Cubo, que “ha sido el único apoyo que ha tenido” el
funcionario sancionado y que en todo momento han estado a su
lado.
“El escrito presentado por APFP no lo firmamos porque
considerábamos necesaria una reunión en la que
consensuáramos una evaluación del mismo”, explicaba Cubo.
La sanción impuesta al trabajador sólo podría ser remitida
por el Tribunal Contencioso Administrativo.
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