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					El grupo parlamentario Caballas, a través de su portavoz, 
					Mohamed Alí, propondrá que se incluya en el orden del día de 
					la sesión plenaria ordinaria de este mes que los “grupos 
					políticos de la oposición formen parte de todas las Mesas de 
					Contratación, incluida la Mesa de Contratación Permanente”. 
					Y es que, según explica el documento enviado a la 
					Vicepresidencia Primera de la Asamblea, “los representantes 
					de la oposición, desginados a tal efecto por los grupos 
					políticos, tendrán la condición de observadores con voz pero 
					sin voto”.  
					 
					En cuanto a la exposición de motivos se refiere, para 
					Caballas, la contratación de obras, servicios y suministros 
					constituye “un ámbito fundamental de la gestión de la 
					política municipal” ya que “absorbe una parte muy 
					significativa de los Presupuestos Generales de la Ciudad”. 
					“Del acierto, tanto en la detección de las necesidades como 
					en la selección de los adjudicatarios más idóneos, depende 
					en gran medida la calidad de los servicios ofrecidos a los 
					ciudadanos y la optimización de los recursos públicos”. Por 
					otro lado, para la coalición resulta “obvio” decir que se 
					trata de un área “muy sensible” puesto que “el amplio margen 
					de maniobra del que dispone la administración para la 
					adjudicación de los contratos obliga a ser extremadamente 
					escrupuloso en la observación de los principios de 
					imparcialidad, transparencia y objetividad que deben 
					presidir la tramitación de los expedientes”.  
					 
					Sin embargo, según considera Caballas, el “modelo de gestión 
					que aplica el Gobierno en esta materia se aparta por 
					completo de estos principios”. La coalición cree que “todo 
					el procedimiento queda bajo el control estricto, subjetivo y 
					exclusivo del Gobierno, sin que operen mecanismos 
					suficientes para garantizar la defensa de los intereses 
					generales; y, por supuesto, lejos del alcance de la 
					capacidad fiscalizadora de la oposición”. En definitiva, la 
					“exclusión de la oposición de todas y cada una de las fases 
					que conforman un expediente de contratación pública es 
					democráticamente inaceptable” porque “supone una vulneración 
					grave del principio de transparencia, además de alimentar 
					las sospechas de oscurantismo y corrupción”, finalizan. 
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