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Cuando pensamos en la calidad de
nuestro sistema educativo, nos viene a la memoria la
posición que ocupamos a nivel internacional. Basta con
consultar el último Informe Pisa, para darnos cuenta de
nuestro fracaso escolar, que, pese a las aparentes y débiles
reformas o soluciones, no logramos emprender el vuelo.
A nuestros políticos se les llenan la boca en sus discursos
cuando llega el momento de sus investiduras, colocando la
educación como eje central de sus políticas; pero los hechos
han demostrado siempre lo contrario.
De tanto desaguisado cabe preguntarse los motivos del mismo.
Ahora, se apunta, en la Comunidad Andaluza, el objetivo de
arremeter contra los enseñantes. Vean de qué forma lo van a
hacer: A partir del curso escolar 2011-2012, de inmediato
comienzo, los Directores de Centros Escolares tendrán la
potestad disciplinaria, con respecto a todo el personal que
preste sus servicios en los centros Públicos no
universitarios de la Comunidad.
La normativa permitirá sancionar a los trabajadores de las
escuelas infantiles, colegios, Institutos, Centros de
Educación Especial que, por ser impuntuales, sumen hasta un
máximo de nueve horas al mes de ausencia al trabajo, así
como aquellos que no justifiquen adecuadamente una falta de
asistencia al Centro en todo un día.
Otra novedad importante: la de que el profesorado, incluido
el de Religión, también pueda ser sancionado si no cumple
con su jornada laboral no lectiva.
Así, los Directores podrán sancionar a los docentes que no
cumplan tanto con horario de impartición de las clases como
el de “obligada permanencia en el Centro”. Es decir,
guardias, tutorías, reuniones de departamentos, claustros de
profesores, Consejos Escolares y, en general las actividades
que configuran el horario individual presencial.
Además, los Directores, también podrán imponer una sanción
leve –un apercibimiento que quedará registrado en el
expediente personal del docente- por todas aquellas
funciones de obligado cumplimiento que en Centro Educativo
haya incluido, bien en su Plan de Centro, bien en su
Reglamento de Organización (ROC) y que no sean acatadas. Eso
sí, cuando estos posibles incumplimientos tengan
calificación de falta grave, la sanción seguirá
correspondiendo como hasta la fecha, al titular de la
Dirección General de Recursos o a la Delegación Provincial.
Resulta preocupante que, una vez más, el colectivo de
enseñantes no universitarios, se vean sometidos a unos
controles tan estrictos. No quiero pensar que las
situaciones “irregulares” de las que son protagonistas, se
prodiguen hasta esos extremos, para que se impongan severas
sanciones.
En mis tiempos de ejercicio, yo no conocí que se cometieran
tales supuestas incorrecciones, para hacer al Sr. Director
de severo juez e implacable ejecutor de las sanciones. La
puntualidad era norma de estricto cumplimiento, como la
asistencia al centro educativo. Es posible que se
cometieran, en la puntualidad algún que otro desliz,
pensando que a algunos de nosotros se “les pegaran las
sábanas”.
¿Hasta dónde pretenden llegar los responsables educativos?
Aunque, no es de extrañar, que también se impongan,
paralelamente alguna que otra sanción económica, para
aliviar en algo el problema de la crisis económica.
Y ahora aparece, en estos días, nuevos problemas que
afectan, en especial a los profesores de Secundaria. El
curso está a punto de comenzar y es el momento de hacer
presión para conseguir o evitar situaciones que les
beneficien o les perjudiquen.
La “guerra sindical” está preparada, ante la negativa de dar
más horas de clases. Los principales focos de tensión, con
algunas diferencias de matices, se encuentran en Madrid,
Galicia, Andalucía, Cataluña, Castilla La Mancha…
En la Comunidad madrileña, el Gobierno de Esperanza Aguirre
va a aumentar de 18 a 20 horas de clases a la semana que
tendrá que impartir cada profesor de Secundaria. A pesar de
que la consejería de Educación, se niega que vaya a haber
“recortes ni despidos”, y que el aumento de la jornada
lectiva irá acompañada de una subida retributiva (¿?), los
Sindicatos preparan movilizaciones que concretarán en una
próxima asamblea. Según advierten éstos, los ajustes van a
hacer que el comienzo del curso sea “muy complicado” y
atentan contra la calidad de la enseñanza pública, con la
pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo, el empeoramiento
de las condiciones en que el profesorado realiza su labor
docente y, sobre todo, el deterioro del servicio público
educativo…
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OPINIÓN / EL MAESTRO
