Poco a poco se van quitando la
careta individuos que se proclaman a los cuatro vientos
demócratas de toda la vida.
No ya porque impongan sus tesis políticas a la fuerza sino
porque aprovechan las ocasiones que su mandato le permite
para usar y abusar de las fuerzas de seguridad del Estado
contra los ciudadanos.
Por una parte el alcalde de Badalona, el pepero García
Albiol, suspende los actos institucionales del 11 de
septiembre, Diada de Catalunya, con argucias tales como que
la oposición ni quiere participar.
Esta cínica declaración perjudica notablemente al PP cuando
todos sabemos que hace años que este partido no participa en
ese acto, al menos en Badalona, y muestra a las claras un
menosprecio absoluto a los símbolos, memoria y tradiciones
de la ciudad y del país.
Una actitud impropia de quién ostenta la máxima
representación institucional de la ciudad.
Por otra parte la peineta de Antonio de las Heras, senador
del PP y teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Guadalajara, hacia los profesores que se manifestaban contra
el tijeretazo a la Educación aprobado por la Junta de
Castilla-La Mancha viene remachada por su petición a la
Delegación del Gobierno para que se identifiquen a los más
de 500 profesores que actuaron en la reivindicación.
Sin obviar, a nivel nacional, las declaraciones
institucionales de dirigentes peperos que tildan de
violentos a los maestros y mezclan a los del 15-M con ellos.
Estas actuaciones de extrema dureza de los cuerpos de
seguridad del Estado, en las manifestaciones en general, nos
acercan a los países carentes de democracia comandados por
estados policiales.
Lo ocurrido en la plaza del Sol madrileña choca abiertamente
con los artículos 19 y 21 de la Constitución y la actuación
de los responsables políticos de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado incumplen sus funciones al no tomar
medidas contra agentes que se niegan a identificarse y con
ello colocan la orden publicada en el número 43 del BOE en
el tiesto de los papeles del wáter, esta orden obliga a todo
agente de la autoridad a llevar el carné profesional y que
debe ser exhibido obligatoriamente a requerimiento de los
ciudadanos con motivo de sus actuaciones policiales.
Como todo el mundo ya lo sabe, o debe saber, en cualquier
manifestación siempre hay y habrá un grupo de camorristas
que consigue desbaratar las verdaderas intenciones de la
misma.
En casi todos los países, más en los que abusan de las
instituciones policiales, siempre hay un grupo de policías
infiltrados que hacen lo posible por desbaratar cualquier
acto ciudadano que reivindica unos derechos amparados por la
Constitución o por la auténtica democracia, que suele estar
ausente en la mayoría de países, al no poder hacerlo las
instituciones políticas por la vía del diálogo y del derecho
de la mayoría afectada por cualquier decisión contraria, por
no decir arbitraria.
Lamentablemente, todo eso suele ocurrir bajo instancias de
los conservadores, de la derecha en la mayoría de los casos
y, como es costumbre en esta clase política, hacen uso
exp0onencial de la contrainformación hasta conseguir que
todos los implicados en manifestaciones sean considerados
como delincuentes, habituales más o menos.
Este abuso de poder implica que todo el país viva en
momentos efervescentes entre la ignorancia y el miedo, sin
atreverse a pedir cuentas claramente. Con lo que se
aprovecha la derecha con tientes de ultraderecha.
Hasta ahora las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no
han demostrado fehacientemente estar al servicio del
ciudadano, tal como promulgan frecuentemente con la
propaganda institucional, y eso debe cambiar radicalmente en
beneficio del país.
Estamos viviendo en una era en que todos estamos controlados
por el Estado mediante tecnicismos que nos hacen creer que
son juguetes informáticos y tecnológicos: redes sociales.
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