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PORTADA DE HOY
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sucesos - VIERNES, 16
DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
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guardia civil. archivo. |
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tribunales
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Los dos guardias, en libertad con cargos
por blanqueo, falsedad y tenencia
ilícita de armas |
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Los
agentes de la Benemérita niegan ante la titular del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6
los hechos que se les imputan y tendrán que
comparecer en sede judicial cada 15 días
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CEUTA
Cristina Marzán
ceuta@elpueblodeceuta.com |
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La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 6 tomó ayer declaración a los dos miembros de la
Guardia Civil detenidos el miércoles como presuntos autores
del delito de blanqueo de capitales del que fueron acusados
por los Servicios Internos de la Unidad Central de Madrid.
Finalizados los interrogatorios, la jueza decretó la
libertad con cargos de los agentes aunque tendrán que
comparecer en el juzgado cada quince días puesto que la
Fiscalía los acusa de blanqueo, falsedad y tenencia de
armas.
Los dos agentes de la Benemérita detenidos el pasado
miércoles por el blanqueo de capitales del que los acusan
los servicios internos del Instituto Armado, pasaron ayer a
disposición judicial tras permanecer la madrugada en las
dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 6, la representante del Ministerio Fiscal en la
ciudad y los abogados de la defensa interrogaron a los
guardias civiles para esclarecer el elevado patrimonio del
que informó al Cuerpo, a través de sus informes
administrativos, Hacienda. Ambos negaron las acusaciones que
sobre ellos pesaban aunque para la Fiscalía,
provisionalmente, seguirán su curso durante la instrucción,
ya que se les imputa el delito de blanqueo de capitales, un
segundo de tenencia ilícita de armas e incluso falsedad por
la tenencia de ciertos objetos que servían para dicha
infracción, tales como sellos procedentes del juzgado,
confirmaron fuentes cercanas al caso a este diario.
Ante las declaraciones emitidas por los detenidos y las
pruebas presentadas por el Instituto Armado, la magistrada
decretó la libertad con cargos de los agentes, que tendrán
la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días.
Ambos miembros de la Benemérita realizaban sus funciones en
la zona de preembarque de vehículos de la Estación Marítima
aunque eran objeto de investigación, por parte de Asuntos
Internos, desde hace varios meses, tal y como confirmaron
este diario fuentes e toda solvencia.
Además de la detención practicada el miércoles sobre las
12:00 horas, la operación efectuada al mediodía también
llevó consigo la entrada y registro de varias viviendas en
Ceuta, propiedad o relacionadas con los detenidos, bajo la
autorización judicial. Las pesquisas que iniciaron la
investigación sobre los guardias civiles tuvieron como punto
de partida el elevado patrimonio del que ambos disponían y
que no habían justificado en sus declaraciones. Fuentes
cercanas al caso también indicaron a este diario que, aunque
no se les había ligado a ninguna red de narcotráfico de la
que pudiesen haber obtenido algún capital sin declarar, sí
existen indicios de que dicho patrimonio estuviese ligado al
tráfico ilegal, aprovechando sus puestos de destino en el
puerto de la ciudad autónoma para el desplazamiento de la
droga hasta Algeciras.
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Podrían enfrentar más de 10 años de cárcel y la
inhabilitación
La Fiscalía ceutí ha calificado
provisionalmente los hechos como constitutivos de un delito
de blanqueo de capitales, otro de tenencia ilícita de armas
y un tercero ligado a la falsedad, por lo que sumando las
penas máximas de cada tipología, los guardias civiles
podrían enfrentarse a 14 años de prisión más la
correspondiente inhabilitación profesional. Según se
desprende del artículo 301 del Código Penal, sobre blanqueo,
el que adquiera, posea, utilice, convierta o transmita
bienes sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad
delictiva, cometida por él o por cualquier tercera persona,
o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su
origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya
participado en la infracción o infracciones a eludir las
consecuencias legales de sus actos, será castigado con la
pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto
al triplo del valor de los bienes. Los jueces o tribunales,
atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias
personales del delincuente, podrán imponer también a éste la
pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su
profesión por tiempo de uno a tres años.
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