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					El presidente melillense, Juan José Imbroda, ha demandado al 
					Gobierno que resulte de las elecciones generales del 20 de 
					noviembre una atención “prioritaria” para Melilla. El 
					objetivo de esta petición es, según Imbroda, ayudar a 
					conseguir una alternativa económica y social “viable y 
					sostenible” para que la ciudad no dependa de factores 
					políticos que puedan dañar su estabilidad y “amenazar” su 
					futuro. 
					 
					Así lo ha solicitado el mandatario autonómico durante el 
					discurso que ha pronunciado en un acto público con motivo 
					del Día de Melilla, una celebración que conmemora la 
					españolidad de la ciudad desde 1497. 
					 
					Ha apostado por poner en marcha una serie de propuestas que 
					considera “justas”, que hagan posible una nueva ciudad de 
					aquí a 25 años. 
					 
					En este sentido, ha resaltado la necesidad de llevar a cabo 
					una buena política de inversiones, con la ampliación del 
					puerto comercial como alternativa, al tiempo que ha 
					reclamado una mejora de los transportes y mayores medios 
					para luchar contra el desempleo. 
					 
					También ha abogado por una mejora de la fiscalidad estatal y 
					local, la equiparación a las regiones ultraperiféricas, así 
					como la recuperación de la II Bandera de la Legión, 
					desaparecida hace algunos años. 
					 
					El presidente melillense ha reclamado “justicia” con los 
					fondos de financiación y que se compense, incluso con 
					carácter retroactivo, la diferencia que existe actualmente 
					con respecto a Ceuta. 
					 
					Imbroda ha destacado que Melilla es de las pocas 
					corporaciones que ha cumplido las disposiciones de 
					estabilidad presupuestaria y que posee una carga financiera 
					del ocho por ciento, de las más bajas, por lo que ha 
					considerado que sería “lamentable y discriminatorio” que se 
					exija a la ciudad más que a la generalidad de comunidades y 
					ayuntamientos. 
					 
					En cuanto a la situación política, ha hablado de la 
					necesidad de que se produzca una “adaptación” del actual 
					Estatuto de Autonomía, que data de 1994, a las verdaderas 
					necesidades administrativas, ya que, en muchas ocasiones, 
					Melilla se encuentra “maniatada” para resolver cuestiones de 
					gestión diaria. 
					 
					Sobre el problema de la inmigración, ha pedido una mayor 
					implicación del Gobierno central para evitar que la ciudad 
					se convierta en “un depósito-tapón”, algo que desborda la 
					capacidad real que se tiene para afrontarlo. 
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