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					La Fiscalía solicitó ayer la pena de dos años de prisión y 
					120 euros de multa por un delito de atentado y una falta de 
					lesiones para un inmigrante que ocupó ayer el banquillo de 
					los acusado del Juzgado de lo Penal supuestamente por la 
					agresión a dos agentes de la Guardia Civil en el campamento 
					desplegado por los subsaharianos frente al CETI. 
					 
					Dos años de prisión, por el delito de atentado, y 120 euros 
					de multa, por una falta de lesiones, fueron las penas 
					solicitadas ayer por la representante del Ministerio Fiscal 
					en la ciudad a la magistrada del Juzgado de lo Penal número 
					1 para un inmigrante por la supuesta agresión a dos agentes 
					de la Guardia Civil durante su inspección al campamento 
					desplegado por los subsaharianos frente al CETI, 
					concretamente, junto al desguace Ordóñez.  
					 
					La defensa, por su parte, pidió la absolución de su cliente, 
					que se acogió a su derecho a no prestar declaración pero en 
					su último turno de palabra, negó lo relatado por los agentes 
					de la Benemérita y los acusó de ser ellos quienes lo “habían 
					empujado”.  
					 
					Los hechos se produjeron el pasado 30 de agosto, sobre las 
					18:00 horas, en la barriada Postigo, concretamente, en el 
					asentamiento frente a las instalaciones del Jaral. Según los 
					dos agentes, que declararon en calidad de testigos, ambos se 
					dirigieron a la zona para solicitar a cuatro subsaharianos 
					su documentación. Tres de ellos mostraron a los guardias 
					civiles la tarjeta que les identifica en el Centro de 
					Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) mientras que el 
					acusado se encontraba dentro de una choza de madera. Uno de 
					los testigos manifestó que su jefe accedió al habitáculo, 
					incitó al procesado a que saliese y al este no querer, lo 
					cogió del brazo. Momento en el que “comenzó a darle 
					manotazos y al intentar escapar, me dio un cabezazo en el 
					pecho porque iba justo detrás”, relató. Posteriormente, los 
					agentes le redujeron y lo metieron en el vehículo “como 
					pudimos porque se resistía continuamente”, anotó el segundo 
					guardia civil. Casualmente, además, dicho inmigrante ya 
					contaba con historial delictivo en la ciudad ya que el año 
					pasado intentó saltar la valla fronteriza para escapar a 
					Marruecos. Motivo por el que la fiscal rechazó una condena 
					condicional, en el caso de darse. Tras ello, la magistrada 
					dejó el juicio visto para sentencia.  
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