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El diputado en el Congreso por Ceuta, Francisco Márquez,
ofreció ayer a las 19.00 horas una charla en la sede del PP
en la que desentrañó los entresijos de la nueva reforma
laboral. El popular hizo un repaso sobre los puntos más
importantes de esta modificación en la Carta Magna y de cómo
afectarán a la ciudad tras su aprobación, ya que la economía
ceutí depende en gran medida de las ayudas y fondos
estatales. Además, el titular de Hacienda quiso acallar a
las voces críticas que pedían un referéndum y recordó que la
misma Constitución reconoce su modificación si hay un
acuerdo mayoritario en ambas cámaras.
Los populares se reunieron ayer en la sede del partido en la
ciudad para abordar la reforma constitucional y su
repercusión en Ceuta. Francisco Márquez, diputado en el
Congreso, fue el encargado de ofrecer las claves sobre la
modificación de la Carta Magna, aprobada en el parlamento
con el acuerdo entre PSOE y PP, y que aún está por
desentrañar. El acto, con vocación de coloquio, giró en
torno a tres ejes: abordar el contenido de la reforma,
aplicar la modificación a la situación particular de Ceuta y
desechar las dudas y las críticas que se han vertido sobre
esta transformación.
Márquez abrió la charla explicando el objetivo de esta
reforma, que no es otro que “establecer una disciplina
presupuestaria” para aportar “la certeza de que todas las
decisiones de gasto que tomen los gobiernos de las distintas
Administraciones Públicas estén de acuerdo con su volumen de
ingresos”. Una medida que, según explicó el diputado,
incluirá “garantías para su cumplimiento”. Para ello, la ley
orgánica que regulará el nuevo artículo 135 de la
Constitución determinará cuál será la responsabilidad de las
Administraciones que hayan incurrido en porcentajes de
déficit por encima de los límites que marca la constitución.
Hasta ahora, la única penalización que sufrían las
administraciones era la prohibición por parte del Ministerio
de emitir deuda. El límite de la deuda pública, también por
primera vez se fija con una cifra concreta, no podrá superar
el 60% del PIB, tal y como se recoge ya en el Tratado de la
Unión Europea.
Los cercos puestos al endeudamiento suponen para Márquez una
prueba clara de “transparencia”. “Los límites van a estar
claros, los porcentajes también. Por tanto, la transparencia
es obligada”, resumió el diputado que añadió que esto
conllevará mayor “fiabilidad” para atraer inversores. No
será la única ventaja ya que para los populares controlar el
déficit también supone “facilitar que la economía española
pueda recurrir a la financiación” y “garantizar la
viabilidad financiera de los servicios y de las prestaciones
públicas que la Constitución española define como el estado
social”.
Ahora bien, “si a España la va bien a Ceuta le va bien”,
apuntó Márquez. Por tanto, los beneficios que auspician para
el Estado se verán automáticamente revertidos en la economía
ceutí. “La futura normativa que desarrollará el artículo 135
es una oportunidad para la economía ceutí porque no cabe la
menor duda de que nuestro particular régimen económico y
financiero, tiene elementos que es necesario que se
desarrollen en una ley orgánica”, aseguró el consejero que
añadió: “Tenemos una particular economía donde el peso del
sector público es preponderante. El peso de las
transferencias y los recursos financieros que recibimos es
tan importante que es necesario que la Hacienda Pública
Estatal vaya bien para que la local vaya bien”. “Por tanto
estamos particularmente interesados en que la gestión de se
llevo con rigor”, resumió el popular.
Voces críticas
Por último, Márquez quiso con esta charla acallar a las
voces críticas que han tildado el proceso de reforma
constitucional como “ocultista”. El diputado recordó que la
Constitución recoge los procedimientos para su reforma que
puede ser aprobada por el apoyo de las tres quintas partes
de los miembros de ambas cámaras y si no hay un 10% de
senadores o diputados que piden referéndum. Y por último
señaló que no hay mayor quiebra del estado del bienestar que
unas cuentas públicas con fisuras por todos los costados,
que no aguantan aquellos que se ha asumido. “Ahora, a estas
alturas, todos estamos convencidos de que solamente se
pueden asumir compromisos de gasto que se puedan pagar”,
apostilló el diputado ceutí.
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