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La consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín,
acusó ayer a Marruecos del repunte que se está produciendo
en los últimos días en la entrada de menores inmigrantes, al
considerar que el país vecino “no hace lo que tendría que
hacer al otro lado de la frontera” para impedir que los
niños y adolescentes de su país entren a la ciudad de forma
ilegal.
Garbín eludió “entrar en polémicas” con el Gobierno central
o las Fuerzas de Seguridad del Estado por este asunto, ya
que estas dos instituciones y la Ciudad Autónoma están “en
la misma situación” y el Ejecutivo local es consciente “de
la problemática y de lo que está ocurriendo”.
Mientras se produce alguna reacción por parte de Marruecos,
la consejera afirmó que la Ciudad Autónoma establecerá “los
canales oportunos” con el Gobierno central para seguir
colaborando con ellos, tal y como ha hecho desde que empezó
a producirse este repunte.
Así, recordó que por lealtad institucional, la Consejería de
Bienestar Social contactó la semana pasada con la Delegación
del Gobierno para avisarle de la mayor entrada de menores,
con el objeto de que investigara y viera las fórmulas
necesarias para solventar la situación antes de convocar
ninguna reunión de la Junta Local de Seguridad.
Por su parte, el diputado de CPM Abderrahim Mohamed mostró
su deseo de que la Ciudad Autónoma y el Gobierno central
aúnen esfuerzos futuros “antes de salir a la protesta
informativa” por la mayor entrada de menores, ya que “la
imagen que se ha presentado ante los medios es de menores
que agujerean el vallado y aduaneros que hacen la vista
gorda” para dejarlos pasar.
Al hilo de esta cuestión, el diputado cepemista preguntó a
la consejera de Bienestar Social cuántos educadores trabajan
en el centro de menores de la Purísima, a lo que Garbín
respondió que ocho entre educadores sociales y maestros.
Ante la consideración de CPM de que podrían ser
insuficientes para tanta cantidad de menores, Garbín se
mostró en desacuerdo al recordar que los menores de 16 años,
que son el 66,26% del total, están escolarizados en centros
educativos de la ciudad, tal y como establece la Ley 1/96.
Los mayores de esa edad, que son el 33,7 por ciento
restante, acuden a talleres para aprender un oficio y a
cursos de formación profesional. En el caso de los menores
en reforma, Garbín explicó que cuentan con los educadores
necesarios, dado que por su situación no pueden salir del
centro.
Chabolismo
El fenómeno de la inmigración también estuvo presente en
otra pregunta de CPM, que puso sobre la mesa el problema
social que se está produciendo en el Cerro de la Palma Santa
con motivo de la proliferación de chabolas.
Sobre esta cuestión, el presidente de la Ciudad Autónoma,
Juan José Imbroda, afirmó que las administraciones públicas
están “maniatadas” para poder erradicar el poblado de
chabolas que están instalando varios extranjeros sin papeles
en los alrededores del Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI), en el que murieron tres subsaharianos en
un incendio en marzo.
Imbroda aseguró que si este problema no se ha solucionado
ya, desde que empezaron a extenderse las infraviviendas hace
algo más de un año, es porque “hay verdaderos problemas para
sacarlos” [a los inmigrantes] sin cometer una ilegalidad.
No en vano, recordó que una actuación policial contra el
poblado de chabolas sería delito, de ahí que pidiera que
este asunto vaya al juzgado “para que un juez dicte sobre
esas viviendas para poder echarlos y que no ocurra más”,
aunque advirtió de que puede surgir otro problema, y es que
las chabolas se instalen en otro lugar diferente.
En su opinión, esto ocurre “porque el CETI está súper
colapsado y esos inmigrantes no quieren ser sacados ni
repatriados y se esconden”, por lo que consideró que la
solución definitiva pasa por una bajada de inmigrantes en
ese centro, que en la actualidad alberga a más de 850
personas pese a tener una capacidad máxima para 480.
Imbroda insistió en que la Ciudad Autónoma está “en
colaboración estrecha” con la Delegación del Gobierno para
solucionar este asunto, dado que el Gobierno local es
consciente del peligro que comporta este poblado de chabolas
en caso de incendio o lluvias torrenciales.
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coalición por melilla
