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La Consejería de Fomento no puede rescindir el contrato
adjudicado a la empresa Laboratorio de Proyectos S.L. para
la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU),
a pesar de que el responsable del proyecto, Jesús Quesada,
está imputado en presuntos delitos de asesoramiento ilegal,
revelación de información privilegiada y tráfico de
influencias por el Juzgado número 5 de Alicante.
El portavoz socialista, Dionisio Muñoz, planteó este asunto
en una de las iniciativas que formuló en el Pleno de
Control, en el que preguntó al Gobierno si piensa hacer algo
al respecto, “teniendo en cuenta las acusaciones sobre
quienes han asignado la responsabilidad de redactar el PGOU
de Melilla”.
El consejero Miguel Marín respondió que la Administración
local no puede rescindir un contrato “por el mero hecho de
que haya una persona implicada en un procedimiento
judicial”. “Esta empresa tiene un contrato firmado con la
Ciudad Autónoma que está sometido a una Ley de Contratos y,
por lo tanto, debe ser cumplido por las dos partes”, agregó.
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plan general de ordenación urbana
