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					El Gobierno de la Ciudad Autónoma confirmó ayer, a través de 
					su portavoz, Guillermo Martínez, que sigue estudiando el 
					traslado de los menores extranjeros no acompañados (MENA) 
					que residen actualmente en el centro de ‘La Esperanza’, pero 
					que su posible cambio al edificio que se acaba de construir 
					en Hadú no es todavía una propuesta definitiva. “Los MENA 
					van a salir de allí, pero aún no sabemos hacia donde”, dijo 
					Martínez, quien aseguró que el Gobierno “está estudiando el 
					problema”. 
					 
					El destino de los más de cien menores extranjeros no 
					acompañados (MENA) que residen actualmente en el centro de 
					‘La Esperanza’ sigue sin estar decidido. Así lo confirmó 
					ayer el Gobierno de la Ciudad a través de su portavoz, 
					Guillermo Martínez, que aclaró, en rueda de prensa tras el 
					Consejo de Gobierno, que el traslado de los menores es algo 
					que va a suceder de forma definitiva, pero hacia un lugar 
					todavía por determinar. “No ha cambiado nada porque el 
					Gobierno no ha tomado ninguna decisión, sigue estudiando y 
					analizando. No creo que debamos dar pasos adelante que 
					después sean irreversibles”, afirmó el consejero, que dejaba 
					así en el aire la propuesta de trasladarlos al nuevo 
					edificio en la barriada de Hadú, que hace aproximadamente un 
					mes hizo la consejera responsable del área, Susana Román.
					 
					 
					Tras las protestas sobre este posible traslado que tuvieron 
					lugar hace unos días convocadas por los propios vecinos, y 
					preguntado en rueda de prensa, Martínez aclaró que el 
					Gobierno estudia “varias alternativas” para resolver dos 
					problemas, uno los alojamientos alternativos y otro los 
					menores no acompañados y que “dará pronto una solución a los 
					dos problemas”.  
					 
					El portavoz del Gobierno aseguró que los menores “van a 
					salir de allí” (del centro de ‘La Esperanza’) y tendrán 
					infraestucturas, “más dignas y acordes”; confirmaba así la 
					intención del ejecutivo de contar con un nuevo centro para 
					los menores (sea o no de nueva construcción) y poder seguir 
					atendiendo a las familias desalojadas o sin recursos para 
					mantener una vivienda.  
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