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La crisis y la “herencia recibida” de los gobiernos
autonómicos del PSOE son los paraguas con los que Rajoy y
sus dirigentes justifican el recorte de un Estado de
Bienestar labrado con esfuerzo desde hace 30 años. Gobiernos
como el de Madrid, con Esperanza Aguirre, o el de Murcia,
con Ramón Valcárcel, apuestan claramente por el copago en
sanidad y cuestionan la gratuidad de la educación pública.
En Castilla La Mancha, Dolores de Cospedal planteado dudas
sobre el sistema de prestaciones por desempleo (“habrá que
negociar hasta qué punto la tienen que tener todos en la
extensión que ahora”). En Baleares, el presidente Bauza, ha
sido interpelado por cientos de personas con discapacidad
por haber dejado de pagar a los centros y asociaciones que
les atienden. En Asturias, el otrora vicepresidente del
Gobierno de Aznar, Álvarez Cascos, que gobierna con la
formación escindida del PP ‐Foro Asturias‐ ha dejado sin
pagar a los 78 Ayuntamientos de la Región el dinero
correspondiente a educación y políticas sociales, con el que
los ayuntamientos financian programas como las Escuelas
Infantiles de 0‐3 años y los programas de atención
domiciliaria enmarcados en la Ley de Dependencia
Pese a las diferencias entre países, hay una serie de
características comunes a todos ellos que permiten
identificar al Estado de Bienestar con un sistema de
cobertura pública de riesgos involuntarios ante los cuales
el ciudadano está desprotegido.
Los tres riesgos que tradicionalmente ha cubierto el Estado
de Bienestar son aquellos que impiden al ser humano utilizar
su potencial de trabajo como único medio de vida que le hace
autosuficiente y, por tanto, libre. Estos son: el riesgo de
caer enfermo; el riesgo de perder el empleo; y el “riesgo de
envejecer”, entendido como la incertidumbre respecto del
momento en el que el envejecimiento minará definitivamente
las capacidades físicas y/o intelectuales propias sobre las
que se basa la actividad laboral. Si estos riesgos no
estuvieran cubiertos mediante un seguro sanitario, un seguro
de desempleo y un sistema de pensiones, las personas que
sufrieran la materialización de alguno de ellos quedarían en
riesgo de exclusión y de marginación.
La cobertura de estos seguros desde el sector público
justificó el nacimiento y la consolidación del Estado de
Bienestar durante el siglo XX, y constituyen sus tres
primeros pilares, a los que se sumó, después, un cuarto
pilar para cubrir el riesgo de nacer o quedar discapacitado.
En este grupo de pilares del Estado de Bienestar se suele
incluir la educación. No obstante, en sentido estricto, la
provisión pública de una educación universal no tiene tanto
que ver con la cobertura de ningún riesgo, como por la
búsqueda de la igualdad de oportunidades característica de
un pensamiento progresista. Desde esa concepción, las
desigualdades sociales no se contemplan como diferencias
insalvables entre los individuos, como viene a sostener el
pensamiento conservador, sino que pueden ser resueltas
porque tienen un origen social relacionado con el entorno
familiar, intelectual y educativo en el que crecemos.
La cobertura pública de esos riesgos y su carácter
involuntario son dos cuestiones importantes a la vista del
volumen de gasto público que generan. Los países europeos
gastan una media del 23,4% de su producto interior bruto
(PIB) en financiar los pilares tradicionales del Estado de
Bienestar, sobre todo en sanidad y pensiones (y llegan casi
al 30%, si incluimos los gastos en educación).
Dado el volumen de recursos empleados, hay una primera
pregunta que responder: ¿por qué debe ser pública la
cobertura universal de estos riesgos? En principio,
parecería lógico pensar que los riesgos de estar
desempleado, enfermar, envejecer o quedar discapacitado
podrían ser cubiertos por seguros privados a través de
mecanismos de mercado, igual que el seguro del coche nos
cubre del riesgo involuntario de tener un accidente. Sin
embargo, y al margen de las connotaciones morales que todos
comparten, los cuatro riesgos mencionados se enfrentan a
fallos de mercado que hacen que su cobertura privada no sea
rentable para las empresas en el caso de algunos grupos
sociales que, por tanto, quedarían sin protección, como
ocurre en países como Estados Unidos (donde un 15% de la
población no tiene seguro médico).
Estos fallos de mercado son diversos, según cada pilar del
Estado de Bienestar:
SANIDAD: el fallo clásico que se suele mencionar es el de la
selección adversa, que llevaría a los seguros privados a
asegurar sólo a las personas con buena salud y dejaría sin
cobertura (o con primas prohibitivas) a los ciudadanos con
enfermedades crónicas. Y, desde luego, existen problemas por
las externalidades negativas sobre la salud pública de la
comunidad (en el caso de epidemias), de las que sólo puede
ocuparse el Estado.
DESEMPLEO: los fallos de mercado que justifican la provisión
pública del seguro de desempleo son similares a los de la
sanidad. Al problema potencial de selección adversa, si el
seguro fuera privado, se le añade las externalidades
negativas que puede provocar el paro laboral derivado en
indigencia.
PENSIONES y DEPENDENCIA: en ambos casos, los problemas de
selección adversa son muy relevantes, especialmente en el
segundo, ya que cuando la discapacidad ocurre y se mantiene
con una probabilidad cierta en el tiempo, los seguros
privados expulsarían del mercado a los ciudadanos con
discapacidades permanentes.
EDUCACIÓN: en el caso de la educación básica dedicada a
garantizar la igualdad de oportunidades, el riesgo que hay
que asegurar (el de nacer en una familia sin recursos)
requiere una acción para la que no existe siquiera un
mercado. A esto se añade un problema inicial de restricción
al crédito, ya que ningún seguro privado otorgaría créditos
educativos hasta que el niño hubiera demostrado su buena
capacidad para generar rendimientos futuros con los que
devolver el préstamo.
En definitiva, estos fallos de mercado generarían colectivos
desatendidos si limitáramos la cobertura a seguros privados.
De ahí, la apuesta del Partido Socialista por la
universalidad de esa cobertura y la necesidades de que esos
seguros sean públicos.
Justo lo contrario de lo que propicia el Partido Popular en
los ámbitos en que gobierna y donde está recortando como
nunca el Estado de Bienestar. Lo hace, además, mientras
afirma lo contrario. Porque ninguno de estos recortes estaba
en los programas electorales que los ciudadanos votaron en
mayo. Porque, el 27 de mayo de 2010, Mariano Rajoy decía en
el Congreso: “Jamás el PP ha planteado recortes de derechos
sociales”.
Como ha dicho el ex presidente socialista de Castilla‐La
Mancha, José María Barreda, “si en Madrid despiden
profesores, en Valencia no pagan la Seguridad Social, en
Murcia no pagan a las farmacias. ¿Quién ha dejado esa
“HERENCIA ENVENENADA” en las regiones donde ya gobernaba el
PP?”
* Candidato al Senado
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