|
Sin lugar a dudas, esta no será la
última ocasión en la que comparta con ustedes mis modestas
reflexiones en relación a una problemática cuyos
protagonistas ocupan páginas y páginas en los medios de
comunicación, los vecinos de las barriadas del Príncipe. En
esta ocasión, con motivo del incremento en los últimos días
de actos vandálicos perpetrados por un número cada vez mayor
de violentos, vecinos de la misma barriada, contra los
funcionarios públicos que acuden presto a esta zona de la
ciudad a requerimiento de estos mismos vecinos con la única
intención de prestar labores esenciales por el bienestar de
esta comunidad.
La semana pasada señale en mi colaboración semanal la firme
voluntad expresada, tras finalización de la Junta de
Seguridad extraordinaria celebrada tras los gravísimos
acontecimientos acaecidos en la zona, por los máximos
responsables políticos de las dos administraciones, General
del Estado y Autonómica, en relación a solventar las
diferentes problemáticas que padecen los habitantes de esta
populosa barriada. En este punto debo recordar dos de ellas
por su trascendencia de entre todas las medidas adoptadas;
la construcción de una comisaría así como, un incremento
sustancial en la presencia policial tanto en la propia
barriada, como en los accesos.
Unos pocos políticos han criticado duramente, desde la
demagogia más sectaria, lo que pocos días después sería una
realidad constatada por los propios vecinos. La demostración
fehaciente de la firme voluntad de unos políticos
comprometidos con el bienestar general de los vecinos de
esta zona. Las numerosas inversiones ejecutadas, la
implantación de diferentes servicios que han acercado la
gestión administrativa a este importante núcleo poblacional
así como, el incremento en servicios esenciales constituyen
el fiel reflejo de una realidad negada por quienes pretenden
manipular la disposición de estos vecinos como arma
arrojadiza.
Bajo ninguno concepto es admisible la proliferación de actos
vandálicos, bajo ningún concepto es admisible la
desobediencia civil contra una autoridad pública que solo
busca la paz social en beneficio de la comunidad en general
de esta populosa barriada. Las administraciones han actuado
diligentemente respondiendo desde el compromiso más sincero
a las reivindicaciones vecinales por tanto, ahora
corresponde a estas asociaciones actuar en consecuencia,
movilizando al mayor número posible de vecinos en el trabajo
constante, junto a la dos administraciones, en la
erradicación de una lacra social que atenta gravemente
contra la convivencia real en la barriada.
En definitiva, formaciones políticas, sindicales y vecinales
tienen la obligación moral de consensuar acciones conjuntas
contra la proliferación en los últimos días de estos actos
vandálicos, alejando totalmente de sus estrategias
sutilmente planteadas, la confrontación continuada en la
búsqueda de su propio beneficio en cumplimiento del viejo
proverbio “a mar revuelta, ganancias de pescadores”. Por
cierto, cualquier movilización vecinal debería desarrollarse
en la propia barriada y siempre bajo el lema “Todos unidos,
no a la violencia”.
|
OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
