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					Después de más de una hora de espera, Y.S. se sentó en el 
					banquillo de los acusados de la Sección VI Audiencia 
					Provincial de Cádiz para ser juzgado por un delito de 
					falsificación documental y otro contra los derechos de los 
					extranjeros. A su lado debía estar H.H., de nacionalidad 
					marroquí, imputado también por falsificación documental. 
					Pero ni estaba ni se le esperaba, ya que según su abogada el 
					paradero del acusado era desconocido y además pesaba sobre 
					él una orden expulsión del territorio nacional. Aún así, el 
					juicio comenzó para resolverse con una conformidad que no 
					dejó tan conforme a Y.S. 
					 
					Para conocer los hechos hay que remontarse al 10 de junio de 
					2011. Ese día sobre las 20.15 horas, el acusado se disponía 
					a cruzar el Estrecho en barco cuando en el control portuario 
					le sorprendieron con un pasajero indocumentado en su 
					vehículo. Se trataba de H.H. que portaba un permiso de 
					residencia falso, con la foto alterada y un sello de salida 
					del país falsificado. Un delito por el que la Fiscalía 
					solicitó seis meses de prisión y otros tantos de multa a 
					razón de dos euros por día. Además, por trasladar a un 
					indocumentado el Ministerio Fiscal pidió dos años de prisión 
					por un delito contra el derecho de los extranjeros. Ambas 
					penas sumaban dos años y medio de prisión, con los que el 
					imputado se conformó.  
					 
					No obstante, la defensa quiso conmutar la pena de seis meses 
					por la multa y por tanto, pedir la suspensión de los dos 
					años de prisión, que sin tener antecedentes, serían 
					eludibles. Sin embargo, la Audiencia mantuvo su sentencia al 
					entender que dicha sustitución conllevaría un fraude 
					respecto al artículo 81 del Código Penal, que refleja que el 
					cómputo de las penas no puede superar los dos años.  
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