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A lo largo de los últimos años las sociedades avanzadas han
ido cambiando de forma considerable. Una parte de esos
cambios son resultado de los modelos de protección social
defendidos por la izquierda. Si la sociedad cambia, las
políticas progresistas también deben cambiar. Ello significa
que el futuro del Estado del bienestar pasa por incorporar
cambios que le permitan solucionar con suficientes garantías
los nuevos retos que se plantean. El futuro del Estado del
bienestar debe pasar de políticas reparadoras y
compensatorias a políticas que se anticipen a los problemas
y que inviertan en el futuro.
De acuerdo con lo anterior, los objetivos de las políticas
progresistas se deben concentrar en tres colectivos: las
mujeres, los niños y los mayores. Si bien es cierto que
estos tres colectivos no son los únicos vulnerables en una
sociedad, podríamos comentar, por ejemplo, acerca del
colectivo de inmigrantes, pero en este caso los inmigrantes
son también niños, mujeres y mayores, y no solo personas que
provienen de otros países.
Con el propósito de lograr un mejor modelo de sociedad habrá
que abordar como primer gran objetivo el incrementar el peso
de la mujer en el mercado de trabajo. Para ello deben
llevarse a cabo políticas que permitan conciliar la vida
laboral con la familiar y, por tanto, repartir los costes de
maternidad y del cuidado de niños entre hombres y mujeres.
Pero además habría que extender la educación de 0 a 3 años,
igualar los derechos de maternidad y de paternidad, y
feminizar la vida laboral como principales medidas.
La consecución de este primer objetivo traerá enormes
beneficios sociales y económicos. Así, estas medidas
permitirán aumentar la natalidad y, de este modo, frenar la
inversión de la pirámide poblacional que es precisamente
otro de los retos del Estado del bienestar. Al aumentar el
número de personas que trabaja, los ingresos fiscales del
Estado también aumentarán. Una mayor recaudación permitirá
garantizar la viabilidad de las políticas sociales. Además,
aumentará la igualdad entre hombres y mujeres. Si las
mujeres se incorporan de forma plena al mercado laboral, su
poder de negociación dentro de la pareja aumentará,
caminando hacia una sociedad más justa. Y, finalmente,
algunas de estas políticas permitirán solucionar
disfunciones como el no haber logrado mayor igualdad de
oportunidades con la extensión de la educación. Precisamente
una de las grandes apuestas debe ser la universalización de
la educación, ya que si se extiende el acceso al sistema
educativo, se producirá una mayor igualdad de oportunidades.
La clave está en extender la educación a etapas mucho más
tempranas, entre 0 y 3 años. Es durante este tiempo cuando
se producen las mayores desigualdades cognitivas y de
aprendizaje.
Políticas sociales como las que se acaba de indicar cubriría
el segundo colectivo que necesita una mayor atención por
parte del Estado del bienestar, los niños. Las economías
desarrolladas se fundamentan en el conocimiento. Por ello,
es muy necesario que los jóvenes alcancen los mayores
niveles de formación posible. La oferta económica de España
mejoraría y sería mucho más atractiva para la inversión.
Aparte, la educación es un capital social que va más allá de
la cualificación y el conocimiento, no existen verdadera
ciudadanía ni convivencia democrática en la libertad si
existen grandes disparidades educativas en una sociedad.
La inversión en formación no es solo una cuestión de
eficiencia, sino también de justicia social. La barrera que
hay entre caer en la pobreza o no, es tener un puesto de
trabajo. El desempleo está muy estrechamente ligado a la
formación. Por lo tanto, extender la educación es un factor
más que ayudará a reducir la pobreza de un país, puesto que
capacitará a su ciudadanía para obtener un empleo.
Estas políticas destinadas a mujeres y niños favorecerán a
un tercer colectivo como es el de los mayores. Una gran
parte de la redistribución dentro del Estado del bienestar
es posible gracias a la transferencia de renta entre
generaciones, es decir, parte de la riqueza creada por las
personas en edad de trabajar se traspasa a las personas
mayores. Si el Estado del bienestar no es capaz de mantener
en el tiempo estas transferencias, una parte muy importante
del componente redistributivo de las políticas sociales
desparecerá. Por ello resulta tan importante para la
izquierda garantizar los sistemas públicos de pensiones.
La mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el
aumento de la natalidad y la mayor formación de los
trabajadores permitirán aumentar la riqueza y, por lo tanto,
aumentar los ingresos fiscales. Si los gobiernos ingresan
más, podrán atender a un mayor número de pensionistas.
Aunque, seguramente, serán necesarias reformas adicionales.
Una medida que contribuirá al mantenimiento de los sistemas
de pensiones es retrasar la edad de jubilación para los
trabajos cualificados. Las personas que desempeñan trabajos
que exigen formación han pasado un mayor tiempo en el
sistema educativo. Ello significa que han trabajado menos
tiempo que aquellos que no tienen formación, puesto que
estos últimos se incorporaron antes al mercado de trabajo.
Por ello, es razonable retrasar la edad de jubilación para
determinadas profesiones. No es solo una cuestión de
eficacia económica. Retrasar la edad de jubilación para
algunas profesiones contribuirá a una mayor justicia social.
En definitiva, el Partido Socialista Obrero Español tiene
las “ideas claras” sobre cómo debe liderar nuevas políticas
que permitan el sostenimiento del Estado del bienestar en el
medio plazo.
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OPINIÓN
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