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					Tomando como base la resolución que, en relación con el 
					tratamiento de las especificidades de nuestras dos ciudades, 
					fue aprobada recientemente por las Cortes Generales, tanto 
					en lo que hace referencia al ámbito de la Unión Europea como 
					al del Estado, los Presidentes de Ceuta y de Melilla 
					consideramos oportuno desarrollar, completar, y concretar 
					algunas de las medidas en aquella contempladas. 
					 
					En definitiva, definir algunas de las iniciativas que 
					marcarán nuestra acción política conjunta ante el Gobierno y 
					Parlamento de la Nación que salgan de las urnas el próximo 
					20 de noviembre, con la expresa intención de, según se ha 
					reiterado, actualizar y mejorar los incentivos económicos y 
					fiscales, el denominado REF; fomentar el empleo; potenciar 
					el tejido productivo; y procurar la sostenibilidad de los 
					servicios públicos fundamentales. 
					 
					Avalan el planteamiento, los compromisos políticos a estos 
					efectos adquiridos; y, sin duda alguna, los principios y 
					convicciones que defendemos, entre ellos: que el Estado debe 
					garantizar la igualdad de todos los españoles, con 
					independencia de cual sea su lugar de residencia; que los 
					hechos diferenciales, en forma de mayores dificultades para 
					el desarrollo, deben ser debidamente atendidos; y que, en 
					beneficio de la eficiencia y equilibrio de los recursos 
					públicos, cada Administración debe cubrir las competencias 
					que legalmente le corresponden, evitando injustificadas 
					duplicidades. 
					 
					De conformidad con lo expuesto, asumimos las actuaciones que 
					seguidamente se señalan, en relación con los epígrafes que 
					igualmente se indican. 
					 
					1.Incentivos económicos y fiscales. 
					 
					Insistiendo en la necesidad de poner al día y mejorar el 
					cuadro de incentivos que configuran el Régimen Económico y 
					Fiscal Especial de nuestras dos Ciudades, en orden a lograr 
					que, de acuerdo con su originaria concepción, sea un 
					instrumento eficaz para atraer la localización de empresas y 
					fomentar la inversión y el empleo, en suma para lograr una 
					estructura productiva sólida y estable; nos proponemos 
					plantear, durante la próxima legislatura, las iniciativas 
					siguientes: 
					 
					En el IRPF: ampliar la bonificación. 
					 
					En sociedades: Elevar la deducción por rendimientos 
					obtenidos en Ceuta o Melilla; aplicar a las entidades no 
					residentes el Régimen que, en el IRPF, se contempla para las 
					personas no residentes; clarificar, con amplitud de miras, 
					la interpretación acerca de lo que se considera ciclo 
					mercantil completo; y establecer el tipo del 1% para las 
					entidades implantadas que cumplan con determinadas 
					condiciones de inversión y empleo, en términos parecidos a 
					los contemplados en las zonas económicas especiales del 
					archipiélago canario  
					 
					De igual forma, promoveremos el estudio sobre las reglas de 
					localización de actividades en la imposición indirecta, al 
					objeto de instar, si procede, su posible revisión para 
					estimular los servicios destinados a no residentes. 
					 
					Por último, seguiremos solicitando la ampliación de las 
					bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social hasta 
					extenderlas a todos los sectores productivos. 
					 
					Al servicio de los objetivos que justifican la existencia de 
					nuestro REF, y para evitar interpretaciones restrictivas del 
					mismo en cuanto a su aplicación, promoveremos la creación de 
					un Observatorio encargado, entre otros cometidos, de evaluar 
					el impacto de cada uno de los incentivos, en términos de 
					empleo y renta, y de conocer las controversias que en la 
					referida aplicación se susciten. 
					 
					Simultáneamente, en relación con el señalado objetivo de 
					potenciar el tejido productivo, será imprescindible apoyar a 
					las PYMES locales, incentivar el espíritu emprendedor y 
					activar el desarrollo de sectores estratégicos, entre ellos, 
					el comercio, el turismo, las actividades portuarias, los 
					servicios profesionales y las telecomunicaciones. 
					 
					2.El IPSI 
					 
					Considerando que este impuesto, además de pieza fundamental 
					para la suficiencia financiera de nuestras dos Ciudades, 
					debe ser un instrumento de política económica que no 
					perjudique a la competitividad de las empresas locales, 
					plantearemos su reforma legal para convertirlo en un 
					impuesto similar al IGIC vigente en Canarias con tipos 
					reducidos, lo que permitiría, entre otras positivas 
					consecuencias:  
					 
					Eliminar el gravamen sobre la mercancía almacenada, de forma 
					que solo tributarían las ventas efectivamente realizadas. 
					 
					Evitar el efecto cascada que en determinadas actividades se 
					produce; y 
					 
					Posibilitar la devolución del impuesto en las compras 
					efectuadas por turistas o viajeros. 
					 
					Al mismo tiempo, solicitaremos la aplicación de un sistema 
					de pagos a cuenta en la compensación legal establecida para 
					suplir pérdidas de recaudación debidas a causas 
					estructurales, y ello con la expresa finalidad de eliminar 
					los cuantiosos costes financieros que el sistema actual 
					supone. 
					 
					3.La Unión Europea 
					 
					Ceuta y Melilla merecen un trato especial por parte de la 
					Unión Europea; así lo ha reconocido, entre otras instancias, 
					nuestro Parlamento Nacional en la resolución al principio 
					citada. 
					 
					Un trato especial que continuaremos pretendiendo y que, en 
					resumen, debe materializarse en: 
					 
					La contemplación de las aludidas especificidades en el 
					reparto de los Fondos Estructurales y de Cohesión para el 
					próximo periodo de programación, de forma tal que el PIB per 
					cápita no sea la única variable a tener en cuenta; y 
					 
					La autorización, en lo que proceda, de las ayudas de Estado 
					que sean precisas para alcanzar unos niveles de vida y de 
					servicios básicos iguales a los del resto del territorio 
					común. 
					 
					Aspiraciones legítimas, y plenamente justificadas, que 
					demandan, a su vez, la presencia de nuestras dos Ciudades en 
					el Comité de las Regiones; una presencia igualmente 
					apropiada para dejar constancia de lo mucho que Ceuta y 
					Melilla pueden ofrecer, y ofrecen, a la Unión Europea, como 
					espacio singular para la convivencia y la integración entre 
					personas de distintos credos y culturas, dentro de un orden 
					cívico marcado por el imperio de la ley, el respeto y la 
					supremacía de los valores democráticos, y como observatorio 
					privilegiado para la inmigración en cualquiera de sus 
					manifestaciones. 
					 
					De otra parte, entendemos que la incorporación a la Unión 
					Aduanera Común reportaría ventajas para nuestras dos 
					Ciudades, razón por lo que solicitaremos la mencionada 
					incorporación, siempre que se cumplan dos condiciones: 
					 
					Que sea compatible con el resto de peculiaridades del REF, y 
					su necesaria puesta al día; y 
					 
					Que se establezcan los mecanismos adecuados para no 
					perjudicar a ninguna de las actividades que en la actualidad 
					se desarrollen al amparo de la condición de territorio 
					franco aduanero. 
					 
					4.Comunicaciones, puertos y fronteras 
					 
					Resulta evidente, las comunicaciones son siempre un factor 
					determinante para el desarrollo y el bienestar, en cualquier 
					caso, pero lo son mucho más en los territorios insulares o 
					extrapeninsulares, donde, como es nuestro caso, adquieren 
					una importancia vital.  
					 
					Por tal motivo, para combatir el aislamiento, para abaratar 
					los costes de los aprovisionamientos básicos, y para 
					incentivar la actividad económica y el turismo, seguiremos 
					empeñados en la necesidad de mejorar sustancialmente las 
					comunicaciones y el transporte de pasajeros y mercancías con 
					la península, en calidad y precio, así como también 
					pretenderemos, con apoyo en similares argumentos, la 
					reducción, en un 50%, del bloque tarifario de nuestros dos 
					puertos, y ella al amparo del reconocimiento de un estatus 
					especial para el desenvolvimiento presupuestario de los 
					mismos. Estatus especial justificado por su consideración de 
					infraestructuras esenciales y estratégicas para el interés 
					nacional; unas infraestructuras respecto de las que 
					estudiaremos sus posibilidades para aprovechar, en beneficio 
					de su desarrollo, las sinergias del proyectado corredor 
					Mediterráneo. 
					 
					Igualmente solicitaremos que nuestras dos fronteras, las dos 
					únicas fronteras terrestres de Europa en África, sean 
					atendidas de manera consecuente con esta condición, tanto en 
					medios como en infraestructuras y equipamientos; es decir 
					requeriremos, con la prioridad que el asunto merece, el 
					adecentamiento y adecuación de las fronteras y sus zonas de 
					influencia. 
					 
					5.Políticas activas de empleo. 
					 
					El empleo tiene que ser la primera prioridad, el primer 
					objetivo de todas las Administraciones Públicas. Esta es 
					nuestra causa, debe ser la de todos; un objetivo que debe 
					abordarse atendiendo tanto a las razones estructurales del 
					paro, a través de una política económica apropiada, como a 
					las de carácter coyuntural o especificas. 
					 
					En consecuencia, y en relación con las políticas activas de 
					empleo que deben llevarse acabo en nuestras dos Ciudades, 
					plantearemos la necesidad de intensificar los esfuerzos en 
					formación profesional, inserción laboral, colaboración 
					social, planes de empleo y otras medidas dirigidas a paliar 
					el gravísimo problema del paro que, por causas estructurales 
					y de manera crónica, sufrimos; medidas efectivamente 
					paliativas pero absolutamente imprescindibles hasta tanto se 
					alcance una estructura productiva sólida y con capacidad de 
					generar empleo en condiciones de estabilidad. Programas, en 
					cualquier caso, susceptibles de perfeccionamiento para, 
					entre otras finalidades, acentuar los esfuerzos en el paro 
					juvenil y dar mayor peso, en la distribución de los recursos 
					totales, a las dos Administraciones Autonómicas. Esta nueva 
					concepción, coincidente con la práctica que se seguía 
					anteriormente, refuerza, desde nuestro punto de vista, la 
					rentabilidad social de los referidos planes, habida cuenta 
					el mayor campo funcional que, a los efectos pretendidos, 
					ofrecen los servicios locales. 
					 
					Al mismo tiempo, y para favorecer el desarrollo endógeno, 
					propondremos fórmulas de colaboración con el Administración 
					General del Estado para combatir el empleo irregular y para 
					procurar que las rentas que en Ceuta y Melilla se generan 
					satisfagan, con mayor intensidad, la demanda de empleo 
					local. 
					 
					6.Educación 
					 
					Solicitaremos del Gobierno de la Nación un mayor esfuerzo en 
					educación, y en particular la dotación de los recursos 
					necesarios para atender debidamente sus competencias, en 
					condiciones de igualdad con el resto de España. Dotaciones 
					suficientes para cubrir, en los distintos niveles de 
					enseñanza, las necesidades relativas a medios de 
					funcionamiento, tanto humanos como materiales; equipamientos 
					e infraestructuras; y becas y ayudas al estudio, incluida la 
					gratuidad de los libros de textos. 
					 
					Un mayor esfuerzo de la Administración competente, dirigido, 
					de manera muy especial, a reducir los altos índices de 
					fracaso y abandono escolar, que puede, y debe, verse 
					complementado a través de la acción concertada con nuestros 
					dos Gobiernos Autonómicos, especialmente en el ámbito de los 
					servicios locales que tienen una relación directa con la 
					educación, pero unos convenios que no deben ser, en ningún 
					caso, excusa para eludir ni suplir responsabilidades en el 
					ejercicio de las competencias propias. Dicho de otra forma, 
					debe abandonarse la práctica de estos últimos años en los 
					que las Ciudades Autónomas han tenido que actuar de manera 
					subsidiaria en relación con las competencias del Estado. 
					 
					7.Vivienda y suelo 
					 
					Para remediar el déficit de vivienda y la escasez de suelo 
					solicitaremos la aprobación y ejecución de sendos planes, 
					que recojan, para cada Ciudad, la construcción de 800 
					viviendas protegidas, junto con la continuidad de los 
					programas de rehabilitación en curso. 
					 
					A los indicados efectos, solicitaremos, en lo que concierne 
					a las nuevas promociones, la formalización de los 
					correspondientes convenios. Una acción concertada en la que, 
					en resumen, la Administración General del Estado financiaría 
					las obras de construcción de las viviendas, mientras que las 
					ciudades aportarían el suelo, apto y urbanizado. 
					 
					Asimismo solicitaremos la aplicación de las medidas legales 
					que sean necesarias para la cesión gratuita por el 
					Ministerio de Defensa de suelo destinado a viviendas y 
					equipamientos, lo que, a su vez, exigirá impulsar e 
					intensificar los esfuerzos presupuestarios precisos para la 
					finalización de las respectivas Bases Únicas. Unos objetivos 
					que no dificultan nuestra acreditada defensa de las acciones 
					dirigidas a aumentar el número de efectivos militares en 
					nuestras dos ciudades. 
					 
					8.El Ciclo integral del Agua 
					 
					Demandaremos un régimen de ayudas similar al que se aplicaba 
					con anterioridad, en virtud del cual el Estado sufragaba el 
					90% de los costes de la desalinización. Una revisión que 
					consideramos plenamente justificada por cuanto los referidos 
					costes se ven notablemente condicionados por la singular 
					característica de no disponer, ninguna de nuestras dos 
					Ciudades, de recursos hidrológicos naturales. 
					 
					Con fundamento en parecidos argumentos, solicitaremos el 
					establecimiento de una ayuda para la depuración de aguas 
					residuales, atendiendo en este caso a la imposibilidad de 
					mancomunar el servicio con otras localidades próximas. 
					 
					9.Tratamiento y eliminación de residuos 
					 
					Apreciando el impacto que en la cobertura de estos 
					servicios, incluido el traslado de los residuos a la 
					península, tienen los condicionantes físicos estructurales 
					en forma de extrapeninsularidad, hecho fronterizo, alta 
					densidad de población, y reducido tamaño, entre otros, 
					recabaremos de la Administración General del Estado las 
					ayudas que sean necesarias para compensar, de manera 
					suficiente, los efectos económicos de los referidos 
					condicionantes. 
					 
					10.Energía 
					 
					Solicitaremos del Gobierno de la Nación la realización de 
					las inversiones y la aplicación de los medios que sean 
					precisos para garantizar el suministro eléctrico en nuestra 
					dos Ciudades, en condiciones de calidad, precio, y seguridad 
					iguales a las del resto de España. A estos efectos 
					plantearemos nuevamente la posible interconexión con la red 
					eléctrica peninsular mediante la instalación de cables 
					submarinos. 
					 
					11.Menores 
					 
					No nos planteamos la devolución a la Administración General 
					del Estado de las competencias en menores, pero si 
					solicitaremos la dotación de equipamientos y las 
					compensaciones económicas que se precisan para atender la 
					creciente presión migratoria vinculada al hecho fronterizo, 
					tanto de menores transeúntes como subsaharianos. Petición, y 
					su pertinente justificación, que colisionan, de manera 
					rotunda, con el recorte que, para las expresadas 
					finalidades, ha practicado el Gobierno de la Nación durante 
					la presente legislatura; un retroceso que debería ser 
					corregido. 
					 
					12.Servicios sociales 
					 
					Procuraremos ampliar la colaboración con el IMSERSO, al 
					objeto de reforzar las políticas sociales y las prestaciones 
					dirigidas a colectivos vulnerables. 
					 
					13.Zonas con altos índices de marginalidad 
					 
					En ambas ciudades existen zonas caracterizadas, pese a los 
					notables esfuerzos llevados a cabo en los últimos años, por 
					un alto índice de marginalidad y de exclusión social, y por 
					muy acuciantes carencias en equipamientos y viviendas. 
					Realidades que, por su dimensión, origen y otras 
					connotaciones, desbordan, en cuanto a la solución de la 
					mencionada problemática, el margen ordinario de maniobra de 
					las respectivas Ciudades; razón por lo que, solicitaremos 
					del Gobierno de la Nación la aprobación de planes 
					específicos de actuación y la constitución de sendos 
					consorcios, comisionados, o figuras jurídicas similares, que 
					tengan por objeto facilitar la coordinación entre las 
					Administraciones intervinientes, así como el seguimiento y 
					evaluación de las actuaciones. 
					 
					14.Otros servicios fundamentales 
					 
					Estando convencidos de que, por razones obvias, Ceuta y 
					Melilla precisan de una presencia singular de las 
					Administraciones Publicas, será una constante de nuestro 
					proceder solicitar del Gobierno de la Nación la disposición 
					de los medios y equipamientos necesarios para garantizar un 
					adecuado funcionamiento de todos los servicios públicos 
					fundamentales, en particular los concernientes a sanidad, 
					seguridad ciudadana, educación – expresamente tratada con 
					anterioridad- y justicia. 
					 
					15.Desarrollo Autonómico 
					 
					Dejando por sentado, una vez más, que nunca hemos renunciado 
					ni renunciaremos al rango de Comunidad Autónoma que 
					contempla la Disposición Transitoria 5ª de nuestra 
					Constitución, manifestamos nuestro propósito de promover la 
					reforma del vigente Estatuto a efectos de su mejora y 
					perfeccionamiento, respetando el necesario consenso y los 
					irrenunciables objetivos de racionalidad, austeridad y 
					eficiencia en el funcionamiento de los servicios. 
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