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OPINIÓN - DOMINGO, 30 DE OCTUBRE DE 2011

 
Cumbre / Documento íntegro

Encuentro Melilla-Ceuta 2011

Por Gobiernos de Ceuta y Melilla


Tomando como base la resolución que, en relación con el tratamiento de las especificidades de nuestras dos ciudades, fue aprobada recientemente por las Cortes Generales, tanto en lo que hace referencia al ámbito de la Unión Europea como al del Estado, los Presidentes de Ceuta y de Melilla consideramos oportuno desarrollar, completar, y concretar algunas de las medidas en aquella contempladas.

En definitiva, definir algunas de las iniciativas que marcarán nuestra acción política conjunta ante el Gobierno y Parlamento de la Nación que salgan de las urnas el próximo 20 de noviembre, con la expresa intención de, según se ha reiterado, actualizar y mejorar los incentivos económicos y fiscales, el denominado REF; fomentar el empleo; potenciar el tejido productivo; y procurar la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales.

Avalan el planteamiento, los compromisos políticos a estos efectos adquiridos; y, sin duda alguna, los principios y convicciones que defendemos, entre ellos: que el Estado debe garantizar la igualdad de todos los españoles, con independencia de cual sea su lugar de residencia; que los hechos diferenciales, en forma de mayores dificultades para el desarrollo, deben ser debidamente atendidos; y que, en beneficio de la eficiencia y equilibrio de los recursos públicos, cada Administración debe cubrir las competencias que legalmente le corresponden, evitando injustificadas duplicidades.

De conformidad con lo expuesto, asumimos las actuaciones que seguidamente se señalan, en relación con los epígrafes que igualmente se indican.

1.Incentivos económicos y fiscales.

Insistiendo en la necesidad de poner al día y mejorar el cuadro de incentivos que configuran el Régimen Económico y Fiscal Especial de nuestras dos Ciudades, en orden a lograr que, de acuerdo con su originaria concepción, sea un instrumento eficaz para atraer la localización de empresas y fomentar la inversión y el empleo, en suma para lograr una estructura productiva sólida y estable; nos proponemos plantear, durante la próxima legislatura, las iniciativas siguientes:

En el IRPF: ampliar la bonificación.

En sociedades: Elevar la deducción por rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla; aplicar a las entidades no residentes el Régimen que, en el IRPF, se contempla para las personas no residentes; clarificar, con amplitud de miras, la interpretación acerca de lo que se considera ciclo mercantil completo; y establecer el tipo del 1% para las entidades implantadas que cumplan con determinadas condiciones de inversión y empleo, en términos parecidos a los contemplados en las zonas económicas especiales del archipiélago canario

De igual forma, promoveremos el estudio sobre las reglas de localización de actividades en la imposición indirecta, al objeto de instar, si procede, su posible revisión para estimular los servicios destinados a no residentes.

Por último, seguiremos solicitando la ampliación de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social hasta extenderlas a todos los sectores productivos.

Al servicio de los objetivos que justifican la existencia de nuestro REF, y para evitar interpretaciones restrictivas del mismo en cuanto a su aplicación, promoveremos la creación de un Observatorio encargado, entre otros cometidos, de evaluar el impacto de cada uno de los incentivos, en términos de empleo y renta, y de conocer las controversias que en la referida aplicación se susciten.

Simultáneamente, en relación con el señalado objetivo de potenciar el tejido productivo, será imprescindible apoyar a las PYMES locales, incentivar el espíritu emprendedor y activar el desarrollo de sectores estratégicos, entre ellos, el comercio, el turismo, las actividades portuarias, los servicios profesionales y las telecomunicaciones.

2.El IPSI

Considerando que este impuesto, además de pieza fundamental para la suficiencia financiera de nuestras dos Ciudades, debe ser un instrumento de política económica que no perjudique a la competitividad de las empresas locales, plantearemos su reforma legal para convertirlo en un impuesto similar al IGIC vigente en Canarias con tipos reducidos, lo que permitiría, entre otras positivas consecuencias:

Eliminar el gravamen sobre la mercancía almacenada, de forma que solo tributarían las ventas efectivamente realizadas.

Evitar el efecto cascada que en determinadas actividades se produce; y

Posibilitar la devolución del impuesto en las compras efectuadas por turistas o viajeros.

Al mismo tiempo, solicitaremos la aplicación de un sistema de pagos a cuenta en la compensación legal establecida para suplir pérdidas de recaudación debidas a causas estructurales, y ello con la expresa finalidad de eliminar los cuantiosos costes financieros que el sistema actual supone.

3.La Unión Europea


Ceuta y Melilla merecen un trato especial por parte de la Unión Europea; así lo ha reconocido, entre otras instancias, nuestro Parlamento Nacional en la resolución al principio citada.

Un trato especial que continuaremos pretendiendo y que, en resumen, debe materializarse en:

La contemplación de las aludidas especificidades en el reparto de los Fondos Estructurales y de Cohesión para el próximo periodo de programación, de forma tal que el PIB per cápita no sea la única variable a tener en cuenta; y

La autorización, en lo que proceda, de las ayudas de Estado que sean precisas para alcanzar unos niveles de vida y de servicios básicos iguales a los del resto del territorio común.

Aspiraciones legítimas, y plenamente justificadas, que demandan, a su vez, la presencia de nuestras dos Ciudades en el Comité de las Regiones; una presencia igualmente apropiada para dejar constancia de lo mucho que Ceuta y Melilla pueden ofrecer, y ofrecen, a la Unión Europea, como espacio singular para la convivencia y la integración entre personas de distintos credos y culturas, dentro de un orden cívico marcado por el imperio de la ley, el respeto y la supremacía de los valores democráticos, y como observatorio privilegiado para la inmigración en cualquiera de sus manifestaciones.

De otra parte, entendemos que la incorporación a la Unión Aduanera Común reportaría ventajas para nuestras dos Ciudades, razón por lo que solicitaremos la mencionada incorporación, siempre que se cumplan dos condiciones:

Que sea compatible con el resto de peculiaridades del REF, y su necesaria puesta al día; y

Que se establezcan los mecanismos adecuados para no perjudicar a ninguna de las actividades que en la actualidad se desarrollen al amparo de la condición de territorio franco aduanero.

4.Comunicaciones, puertos y fronteras


Resulta evidente, las comunicaciones son siempre un factor determinante para el desarrollo y el bienestar, en cualquier caso, pero lo son mucho más en los territorios insulares o extrapeninsulares, donde, como es nuestro caso, adquieren una importancia vital.

Por tal motivo, para combatir el aislamiento, para abaratar los costes de los aprovisionamientos básicos, y para incentivar la actividad económica y el turismo, seguiremos empeñados en la necesidad de mejorar sustancialmente las comunicaciones y el transporte de pasajeros y mercancías con la península, en calidad y precio, así como también pretenderemos, con apoyo en similares argumentos, la reducción, en un 50%, del bloque tarifario de nuestros dos puertos, y ella al amparo del reconocimiento de un estatus especial para el desenvolvimiento presupuestario de los mismos. Estatus especial justificado por su consideración de infraestructuras esenciales y estratégicas para el interés nacional; unas infraestructuras respecto de las que estudiaremos sus posibilidades para aprovechar, en beneficio de su desarrollo, las sinergias del proyectado corredor Mediterráneo.

Igualmente solicitaremos que nuestras dos fronteras, las dos únicas fronteras terrestres de Europa en África, sean atendidas de manera consecuente con esta condición, tanto en medios como en infraestructuras y equipamientos; es decir requeriremos, con la prioridad que el asunto merece, el adecentamiento y adecuación de las fronteras y sus zonas de influencia.

5.Políticas activas de empleo.


El empleo tiene que ser la primera prioridad, el primer objetivo de todas las Administraciones Públicas. Esta es nuestra causa, debe ser la de todos; un objetivo que debe abordarse atendiendo tanto a las razones estructurales del paro, a través de una política económica apropiada, como a las de carácter coyuntural o especificas.

En consecuencia, y en relación con las políticas activas de empleo que deben llevarse acabo en nuestras dos Ciudades, plantearemos la necesidad de intensificar los esfuerzos en formación profesional, inserción laboral, colaboración social, planes de empleo y otras medidas dirigidas a paliar el gravísimo problema del paro que, por causas estructurales y de manera crónica, sufrimos; medidas efectivamente paliativas pero absolutamente imprescindibles hasta tanto se alcance una estructura productiva sólida y con capacidad de generar empleo en condiciones de estabilidad. Programas, en cualquier caso, susceptibles de perfeccionamiento para, entre otras finalidades, acentuar los esfuerzos en el paro juvenil y dar mayor peso, en la distribución de los recursos totales, a las dos Administraciones Autonómicas. Esta nueva concepción, coincidente con la práctica que se seguía anteriormente, refuerza, desde nuestro punto de vista, la rentabilidad social de los referidos planes, habida cuenta el mayor campo funcional que, a los efectos pretendidos, ofrecen los servicios locales.

Al mismo tiempo, y para favorecer el desarrollo endógeno, propondremos fórmulas de colaboración con el Administración General del Estado para combatir el empleo irregular y para procurar que las rentas que en Ceuta y Melilla se generan satisfagan, con mayor intensidad, la demanda de empleo local.

6.Educación

Solicitaremos del Gobierno de la Nación un mayor esfuerzo en educación, y en particular la dotación de los recursos necesarios para atender debidamente sus competencias, en condiciones de igualdad con el resto de España. Dotaciones suficientes para cubrir, en los distintos niveles de enseñanza, las necesidades relativas a medios de funcionamiento, tanto humanos como materiales; equipamientos e infraestructuras; y becas y ayudas al estudio, incluida la gratuidad de los libros de textos.

Un mayor esfuerzo de la Administración competente, dirigido, de manera muy especial, a reducir los altos índices de fracaso y abandono escolar, que puede, y debe, verse complementado a través de la acción concertada con nuestros dos Gobiernos Autonómicos, especialmente en el ámbito de los servicios locales que tienen una relación directa con la educación, pero unos convenios que no deben ser, en ningún caso, excusa para eludir ni suplir responsabilidades en el ejercicio de las competencias propias. Dicho de otra forma, debe abandonarse la práctica de estos últimos años en los que las Ciudades Autónomas han tenido que actuar de manera subsidiaria en relación con las competencias del Estado.

7.Vivienda y suelo


Para remediar el déficit de vivienda y la escasez de suelo solicitaremos la aprobación y ejecución de sendos planes, que recojan, para cada Ciudad, la construcción de 800 viviendas protegidas, junto con la continuidad de los programas de rehabilitación en curso.

A los indicados efectos, solicitaremos, en lo que concierne a las nuevas promociones, la formalización de los correspondientes convenios. Una acción concertada en la que, en resumen, la Administración General del Estado financiaría las obras de construcción de las viviendas, mientras que las ciudades aportarían el suelo, apto y urbanizado.

Asimismo solicitaremos la aplicación de las medidas legales que sean necesarias para la cesión gratuita por el Ministerio de Defensa de suelo destinado a viviendas y equipamientos, lo que, a su vez, exigirá impulsar e intensificar los esfuerzos presupuestarios precisos para la finalización de las respectivas Bases Únicas. Unos objetivos que no dificultan nuestra acreditada defensa de las acciones dirigidas a aumentar el número de efectivos militares en nuestras dos ciudades.

8.El Ciclo integral del Agua


Demandaremos un régimen de ayudas similar al que se aplicaba con anterioridad, en virtud del cual el Estado sufragaba el 90% de los costes de la desalinización. Una revisión que consideramos plenamente justificada por cuanto los referidos costes se ven notablemente condicionados por la singular característica de no disponer, ninguna de nuestras dos Ciudades, de recursos hidrológicos naturales.

Con fundamento en parecidos argumentos, solicitaremos el establecimiento de una ayuda para la depuración de aguas residuales, atendiendo en este caso a la imposibilidad de mancomunar el servicio con otras localidades próximas.

9.Tratamiento y eliminación de residuos


Apreciando el impacto que en la cobertura de estos servicios, incluido el traslado de los residuos a la península, tienen los condicionantes físicos estructurales en forma de extrapeninsularidad, hecho fronterizo, alta densidad de población, y reducido tamaño, entre otros, recabaremos de la Administración General del Estado las ayudas que sean necesarias para compensar, de manera suficiente, los efectos económicos de los referidos condicionantes.

10.Energía


Solicitaremos del Gobierno de la Nación la realización de las inversiones y la aplicación de los medios que sean precisos para garantizar el suministro eléctrico en nuestra dos Ciudades, en condiciones de calidad, precio, y seguridad iguales a las del resto de España. A estos efectos plantearemos nuevamente la posible interconexión con la red eléctrica peninsular mediante la instalación de cables submarinos.

11.Menores

No nos planteamos la devolución a la Administración General del Estado de las competencias en menores, pero si solicitaremos la dotación de equipamientos y las compensaciones económicas que se precisan para atender la creciente presión migratoria vinculada al hecho fronterizo, tanto de menores transeúntes como subsaharianos. Petición, y su pertinente justificación, que colisionan, de manera rotunda, con el recorte que, para las expresadas finalidades, ha practicado el Gobierno de la Nación durante la presente legislatura; un retroceso que debería ser corregido.

12.Servicios sociales


Procuraremos ampliar la colaboración con el IMSERSO, al objeto de reforzar las políticas sociales y las prestaciones dirigidas a colectivos vulnerables.

13.Zonas con altos índices de marginalidad


En ambas ciudades existen zonas caracterizadas, pese a los notables esfuerzos llevados a cabo en los últimos años, por un alto índice de marginalidad y de exclusión social, y por muy acuciantes carencias en equipamientos y viviendas. Realidades que, por su dimensión, origen y otras connotaciones, desbordan, en cuanto a la solución de la mencionada problemática, el margen ordinario de maniobra de las respectivas Ciudades; razón por lo que, solicitaremos del Gobierno de la Nación la aprobación de planes específicos de actuación y la constitución de sendos consorcios, comisionados, o figuras jurídicas similares, que tengan por objeto facilitar la coordinación entre las Administraciones intervinientes, así como el seguimiento y evaluación de las actuaciones.

14.Otros servicios fundamentales


Estando convencidos de que, por razones obvias, Ceuta y Melilla precisan de una presencia singular de las Administraciones Publicas, será una constante de nuestro proceder solicitar del Gobierno de la Nación la disposición de los medios y equipamientos necesarios para garantizar un adecuado funcionamiento de todos los servicios públicos fundamentales, en particular los concernientes a sanidad, seguridad ciudadana, educación – expresamente tratada con anterioridad- y justicia.

15.Desarrollo Autonómico

Dejando por sentado, una vez más, que nunca hemos renunciado ni renunciaremos al rango de Comunidad Autónoma que contempla la Disposición Transitoria 5ª de nuestra Constitución, manifestamos nuestro propósito de promover la reforma del vigente Estatuto a efectos de su mejora y perfeccionamiento, respetando el necesario consenso y los irrenunciables objetivos de racionalidad, austeridad y eficiencia en el funcionamiento de los servicios.
 

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