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					“Incoherentes declaraciones”. Con estos términos define UPyD 
					las declaraciones del candidato al Congreso por el PP, 
					Francisco Márquez, del que el partido asegura que “somete a 
					la ciudadanía” a “contradicciones”. 
					 
					“Márquez dice en un alarde de incoherencia respecto al resto 
					de su partido en comunidades autónomas como Valencia, 
					Galicia o Madrid, que tiene que haber una tarjeta sanitaria 
					única. UPyD a través de su diputada nacional, Rosa Díez, ha 
					propuesto reiteradamente no sólo una tarjeta sanitaria única 
					para todos los españoles, sino un calendario vacunal único, 
					y muchas otras propuestas para la mejora del sistema 
					sanitario y para la igualdad de los españoles”, agrega UPyD. 
					 
					En ese sentido, aseguran también que el PP “no engaña a casi 
					nadie, sino acaso a algún desinformado”, pero que aún así 
					“ganará las elecciones”, un hecho que, según UPyD, se 
					producirá “por el mal hacer del PSOE”. 
					 
					“Para citar ejemplos de ambigüedad e incoherencia -apunta 
					UPyD-, mientras los senadores populares plantean el 
					calendario vacunal único para toda España, sus 
					representantes institucionales de las comunidades autónomas 
					en el Consejo Interterritorial de Salud, del PP también, se 
					oponen a las reformas de unicidad”. En ese sentido, desde 
					UPyD plantean una serie de interrogantes: “¿A quién quiere 
					engañar Márquez, campeón de la deuda nacional? O no recuerda 
					que es gracias a él y a su protector Vivas el que cada 
					ciudadano de Ceuta deba casi el triple más que el de 
					cualquier comunidad autónoma incluida Melilla. ¿Hasta cuándo 
					quiere seguir engañándonos?”. 
					 
					Propuestas 
					 
					Desde UPyD apuntaron también algunas de las propuestas de su 
					partido en relación a la transparencia y lucha contra la 
					corrupción -como la publicidad obligatoria de los 
					presupuestos o una plataform de ‘datos abiertos’-, y al 
					medio ambiente y la gestión del territorio. En este sentido, 
					apuntaron el retorno al Estado de todas las competencias 
					constitucionales sobre gestión del agua, el control 
					medioambiental en la aplicación de biocidas o la Ley de 
					Bases de Suelo Litoral. 
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