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Cuando se está en plena campaña
electoral, da la impresión de que es válido y esperanzador
(nunca mejor dicho), hacer propuestas de cualquier tipo con
la única finalidad de decirlo. Es el caso de la Sra.
Presidenta de la Comunidad de Madrid, muy dada a polemizar
sobre temas específicos.
En esta ocasión, expuso la dicotomía entre las funciones
públicas de “educar” e “instruir”, inclinándose por la
segunda, ya que la Sra. Aguirre, como liberal, se decidió
por limitar el papel del Estado en la Educación y ceñirlo a
la instrucción, para lo cual propone el cambio de nombre del
Ministerio de Educación –ella misma lo dirigió en 1996 y
1999- por el Ministerio de Instrucción, como se llama en
Alemania, por ejemplo, país que acierta con políticas
educativas porque “no ha caído en los dogmas igualitaristas
de la llamada comprensividad” y lo apuntaló con un dato: su
paro juvenil es del 9% y el nuestro del 48%.
Recurre la Sra. Aguirre a unas palabras pronunciadas por
Condorcet (filósofo, matemático y político francés,
1743-1794) en la Asamblea legislativa Francesa, en 1792: “Es
preciso que el poder público se limite a regular la
instrucción, abandonando a las familias el resto de la
educación”. Desde entonces, añadió, “todos los debates
serios sobre la educación han pivotado sobre esa
dialéctica”.
En lo que respecta a los “liberales” sostuvo, “siempre hemos
defendido la misión primordial como conductor de la
personalidad de los alumnos” ¿Produciría recortes económicos
en la educación pública madrileña? Pero, como era de
esperar, el Ministro –todavía de Educación-, aprovechó, en
un acto de campaña para responder a Aguirre. “El Colegio no
es sólo un sitio para la instrucción y la adquisición de
conocimientos sin más, ni un lugar para aprender”… la
educación en la convivencia, a vivir con otros y a convivir
en derechos ciudadanos.
Y no desaprovechó la Sra. Aguirre –estamos en elecciones-
para llamar a los ciudadanos a elegir entre el modelo del PP,
de “calidad de la enseñanza” (LOCE) y el modelo socialista,
que aboga por “bajar el listón” y “se preocupa de los
sindicatos, los liberados y los chollos, una huelga
política”.
Conviene recordar los orígenes de nuestro sistema educativo.
En 1812, la Constitución de Cádiz, recoge la necesidad de
crear un plan de Enseñanza uniforme para todo el reino,
estableciendo en todos los pueblos “escuelas de primeras
letras”. Ya en 1814, el Diputado Manuel José Quintana
elabora un Informe que se redacta en 1821, como Ley, pero
como estructura de Sistema Educativo, se distingue entre
Instrucción Pública y Privada, y se determina la gratuidad
de la Enseñanza. En 1836, aparece en el plan General de
Instrucción Pública del Duque de Rivas. En 1845, el Plan
Pidal o Plan General de Estudios, antecedente de la futura
Ley Moyano, que siendo Ministro de Fomento, da nombre a la
Ley de Instrucción Pública, (1857)…
Observemos que hasta ese momento todo lo legislado sobre el
tema de la enseñanza se refería a “INSTRUCCIÓN”, hasta que
aparece en 1970 la Ley General de EDUCACIÓN. Y a partir de
aquí, todo lo legislado alude a EDUCACIÓN:
• 1985: Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la EDUCACIÓN
(LODE);
• 1990: Ley de Ordenación del Sistema EDUCATIVO (LOGSE);
• 2002: Ley Orgánica de Calidad de la EDUCACIÓN (LOCE);
• Y en 2005 la ley Orgánica de EDUCACIÓN…
Con casi 200 años transcurridos los términos “INSTRUCCIÓN” y
“EDUCACIÓN” han ocupado unos espacios dentro de la enseñanza
de nuestro país. Y es necesario preguntarse si en algo han
variado los objetivos que se han intentado cumplir
instruyendo y educando.
Desde el punto etimológico de los dos conceptos, instrucción
y educación se dan simultáneamente en el proceso de
aprendizaje-enseñanza. Si se instruye, también se educa y
viceversa. No se puede iniciar un proceso de instrucción sin
que aparezca inevitablemente otro educativo. Y, nos estamos
refiriendo, especialmente a Infantil y Primaria. Ningún
profesional puede obviar la formación educativa. ¿Qué se
pretende cuando se establecen unas sesiones de tutorías? ¿Y
cuándo se convocan reuniones de padres de alumnos? En las
primeras se ponen de relieve normas de conducta, de
modificaciones de las mismas… En las segundas, contactos con
las familias, donde se ponen de relieve comportamientos
colectivos e individuales…
Cuando un familiar se acerca al Centro Educativo, no se
interesa sólo por el rendimiento académico del escolar;
también por su comportamiento (instrucción-educación). En
ocasiones, sobre este último aspecto, hasta se atreve a
aconsejar al tutor de la aplicación de determinadas
“estrategias”. Y no nos remontamos a tiempos muy lejanos,
cuando incitaban a los maestros a que, para que sus hijos
fuesen mejores, utilizaran castigos físicos.
La Administración presiona a los docentes, pero hay que
mirar más a la familia y a los problemas de integración del
alumnado. Recordemos que con la Ley Moyano se hizo posible
la educación Universal, pero entonces estudiaba el que
podía, no el que quería. Durante años fue así. La
obligatoriedad hasta los 16 años ha propiciado la aparición
de objetores escolares, alumnos sin interés y que llegan a
desarrollar conductas violentas hacia sus maestros y
compañeros. Y luego están los niños con problemas de
integración a los que, por falta de medios no se les puede
atender adecuadamente. Dos problemas que al final pasan
factura en la calidad de la educación… La culpa no es sólo
de la ley, ni de la dicotomía de instrucción-educación, sino
de la familia y la falta de respeto hacia el profesorado.
Esperemos que conozcamos el resultado de las cercanas
elecciones, donde todo parece que habrá un gobierno con
signo del PP. ¿Tendrá fuerza la Sra. Aguirre para imponer a
su partido un modelo liberal? ¿Podrá poner en marcha su
partido la denostada Ley de la Calidad de la Enseñanza?
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OPINIÓN / EL MAESTRO
