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					La Ciudad Autónoma acudirá a la colaboración público-privada 
					para poner en marcha la construcción de un nuevo centro para 
					acoger a los menores marroquíes que acceden a la ciudad y 
					que actualmente viven en una antigua residencia militar que 
					ha sido acondicionada con esta finalidad. La participación 
					de la empresa privada tendrá que ser “en su justa medida”, 
					explicó la consejera del área, Susana Román, quien señaló 
					además que el servicio deberá ser “redefinido” en el nuevo 
					proyecto. 
					 
					La Ciudad Autónoma de Ceuta acudirá a la colaboración 
					público-privada para poner en marcha la construcción de un 
					nuevo centro para acoger a los menores marroquíes que 
					acceden a la ciudad y que actualmente viven en una antigua 
					residencia militar que ha sido acondicionada con esta 
					finalidad en San Antonio. 
					 
					El presupuesto de la Ciudad Autónoma para 2012 incluirá una 
					partida para la construcción de un centro de acogida para 
					los menores extranjeros no acompañados (MENA), según 
					confirmó ayer la consejera de Juventud, Deporte y Menores, 
					Susana Román, en declaraciones recogidas por Efe. 
					 
					Estas nuevas instalaciones, que estarán ubicadas en la zona 
					de Calamocarro, sustituirán a las del centro de acogida de 
					‘La Esperanza’, de modo que Ceuta contará por primera vez 
					con un centro hecho a medida para estas necesidades, según 
					destacó la consejera. 
					 
					La fórmula de la colaboración público-privada es la que en 
					un principio se utilizará por parte del Gobierno autonómico 
					para financiar esta inversión, que supondrá definir el 
					funcionamiento de los servicios, según ha detallado Román. 
					 
					Actualmente algunos de estos servicios que se prestan a los 
					menores, como el de comida o la vigilancia, están 
					externalizados, tal y como recordaba la consejera de 
					Juventud, Deporte y Menores. Con la entrada en 
					funcionamiento de las nuevas instalaciones se tendrán que 
					producir una redefinición del servicio, pero la 
					participación de la empresa privada tendrá que ser “en su 
					justa medida”, ha añadido la consejera en referencia a las 
					garantías de este servicio público y legal. 
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