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					La Seguridad Social recuerda, en una nota de prensa emitida 
					ayer, que la ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 
					Pública, en su disposición adicional sexta garantiza la 
					universalización de la sanidad pública, “lo que incluye a 
					los parados que han agotado su prestación”. Las comunidades 
					autónomas pueden firmar convenios con el Instituto Nacional 
					de la Seguridad Social (INSS) para acceder a su base de 
					datos y evitar demoras a los usuarios del servicio. 
					 
					La Ley extiende desde el 1 de enero de 2012 la asistencia a 
					residentes en territorio nacional a los que no se les 
					reconocía este derecho en aplicación de otras normas, 
					alrededor de 300.000 personas que, por diferentes motivos, 
					permanecían fuera de la sanidad pública en España. Esta 
					cifra incluye tanto parados que ya han agotado la prestación 
					o el subsidio de desempleo como determinados colectivos, por 
					ejemplo abogados o arquitectos. Para el resto, el Gobierno 
					debe elaborar un reglamento en seis meses. 
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