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El triunfo electoral del PP,
genera dentro de la comunidad educativa, unos enormes deseos
de recuperación de la denostada Ley denominada LOCE, de
escasa supervivencia.
En el PP se considera – con toda razón- que una de las
principales causas del alto fracaso escolar y del bajo
rendimiento, detectado en las pruebas internacionales, es la
falta de vertebración de nuestro S.E. al estar asentado
sobre una base debilitada, endeble, de la que se desgajan 17
modelos diferentes, a veces, incluso excluyentes.
El futuro Gobierno intentará recuperar algo de cohesión
territorial, entre otras cosas, en las enseñanzas que
reciben los alumnos en el aula para garantizar unos mínimos
comunes en todas las escuelas, independientemente de la
Comunidad que la gestione.
La LOE, del Gobierno socialista, establece que el Estado
fijará unas enseñanzas mínimas, que alcanzarán el 65% de los
currículos escolares y, que las Administraciones
Autonómicas, diseñarán el 35%, porcentaje que aumenta al 45%
en el caso de las Comunidades con Lengua cooficial. Así lo
fijaba también la LOGSE y el PP lo mantuvo en su ley
educativa de 2002, que repetimos, no llegó a aplicarse en su
totalidad, ya que la derogó el PSOE, en 2004.
Al parecer –ligera apreciación- no van a cambiar los
porcentajes, pero dentro de las enseñanzas mínimas, que son
competencias del Estado, se garantizará que haya contenidos
comunes en toda España.
Lo que se hará será concretar los contenidos que deben
impartirse en el aula, mucho más de lo que hace la
legislación actual: autores, períodos, obras… lo que
implicaría, de momento, rehacer los reales decretos de
Enseñanzas Mínimas de Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Recientemente, unos días antes de que el PP ganase las
elecciones, la Secretaria de Políticas de Igualdad y
Educación, puso de manifiesto que “hacen falta fijar
currículos comunes para todos” y también se refirió a
“establecer igualdad de condiciones” en el acceso a la
docencia y en el desarrollo de la carrera docente y en
“hacer una misma evaluación censal” a los alumnos de toda
España, ya que actualmente es muestral…
Respecto a la carrera docente, su programa dice que
impulsarán “la movilidad en todo el territorio nacional de
los cuerpos docentes” algo que hoy por hoy, está
obstaculizado por las Comunidades con lengua cooficial, que
obligan a los docentes a utilizar ésta, y sobre todo por
Cataluña, que fija cuerpos docentes diferentes a los que
marca la legislación nacional.
¿Una nueva Ley o la LOE reformada? El programa electoral del
PP anunciaba una reforma legal que indujo a la Comunidad
Educativa a tener una nueva Ley, la séptima en 40 años, en
contra, además, de las recomendaciones y las peticiones de
estabilidad normativa. Sin embargo, en el seno del partido
hay quienes han advertido de la inconveniencia de elaborar
una nueva Ley Orgánica, que no tendría problemas en salir
adelante en el nuevo Parlamento, con lo que, de nuevo
saldrían sin consenso.
Según fuentes “populares”, hay voces que apuntan a que es
preferible reformar los aspectos de la ley socialista
vigente (LOE), que el PP no comparte, como la estructura del
Bachillerato, que el PP quiere ampliar a tres cursos, según
contempla el Programa Electoral.
Durante los más de tres lustros de vida democrática, en
nuestro país se han sucedido nueve Leyes educativas –además
se ha modificado una, la Ley Universitaria, LOU- que poco a
poco han ido cambiando el Sistema según el color del partido
que gobernara.
Por tal motivo, la proliferación de Leyes no ha hecho sino
devaluar el Sistema Educativo Español, a juzgar por la
radiografía que de él hacen los informes nacionales e
internacionales. Y conviene considerar que la razón del por
qué de tantas Leyes está en que todas, sin excepción, se han
aprobado sin consenso. Y, conviene recordar, que después de
la Ley General de Educación (1970), que estableció como gran
novedad la Educación Obligatoria hasta los catorce años, con
la democracia llegaron varias leyes: LOGSE, LOCE y LOE.
Y siguiendo con la cronología de los hechos, en los albores
de los 90, el PSOE promueve y saca adelante la Ley Orgánica
del Ordenamiento General del Sistema Educativo (LOGSE), que
amplía la educación obligatoria a los 16 años, sustituyendo
a la “emblemática” EGB, por Educación Primaria y Secundaria
Obligatoria (ESO) y establece un nuevo bachillerato de dos
años (16-18) y una formación Profesional de Grado Medio, a
la que se accedía desde la ESO.
Tras quince años de vigencia de la LOGSE, sólo interrumpido
por la aplicación durante unos pocos meses de la LOCE, que
no era otra cosa que una tentativa seria y bienintencionada
de paliar en lo posible, el desastre, que fue liquidado sin
contemplaciones por el Gobierno surgido el 14 de Marzo de
2004. De ahí que nos planteemos lo que realmente en nuestro
país vale tener un título académico.
Los nostálgicos de la LOCE, sin apenas experimentada,
piensan en qué hemos salido perjudicados, teniendo en cuenta
las “bondades” de la misma. Por un lado, la filosofía del
esfuerzo y excelencia. Se premiaban el mérito y la cultura
de los valores para alcanzar los objetivos académicos; por
otra parte institucionalizó la repetición de todos los
cursos de la ESO: una sola vez, cuando un alumno tuviera más
de dos suspensos y por último, instauró la prueba final o
reválida como criba para el paso a una escala superior
educativa
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OPINIÓN / EL MAESTRO
