No se puede banalizar cuando se roza la catástrofe
 

Nuria de Madariaga
opinion@elpueblodeceuta.com
 

El incendio del vehículo de un miembro de la Udyco en el interior del aparcamiento de dos bloques de viviendas habitadas no se puede banalizar con el apelativo de “quema de coches” que es la actividad, por ahora prácticamente impune, a la que se dedican algunos delincuentes de Ceuta. Y no se trata al hablar de “impune” a una crítica contra las Fuerzas Policiales, que bastante hacen para lo poco que les dejan hacer, sino al hecho de que por falta de cámaras de vigilancia muchos crímenes no llegan a resolverse, lo que constituye un aliciente para los criminales. No es lo mismo penalmente prenderle fuego a un coche abandonado y lejos de casas habitadas que hacerlo en el interior de un aparcamiento, con alevosía, nocturnidad y poniendo en riesgo la vida o integridad física de los vecinos, porque en el supuesto real que nos ocupa estamos hablando de un delito de incendio del capítulo II del Código Penal y de su artículo 351 que señala “Los que provocaren un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas, serán castigados con la pena de prisión de diez a veinte años...(sic)”.

No hablamos de un simple delito de daños del artículo 266 que llevaría aparejada una pena de uno a tres años, sino de una acción delictiva de extrema gravedad y que pudo haber degenerado en una catástrofe ya que al llevarse a cabo durante la noche el incendio pudo haberse propagado y así hubiera acontecido de no llegar, providencialmente, un usuario del aparcamiento que dio la voz de alerta. En caso contrario y poniéndonos en la disyuntiva más desfavorable, el incendio hubiera afectado a todos los vehículos, provocando una cadena de explosiones por los depósitos de gasolina, con la consiguiente propagación del fuego a toda la planta baja y pisos inferiores de los edificios.

Todo ello por supuesto, ahorrándonos el caso de que las llamas llegaran a alguna caldera de calefacción y con la suerte de que en Ceuta no existen todavía las conducciones de gas ciudad que supondrían más edificios afectados por la deflagración. Y la inevitable pérdida de vidas humanas.

La suerte fue favorable a los vecinos que tan solo tuvieron que sufrir el susto y la evacuación, pero el criminal que se introdujo en el aparcamiento para provocar el incendio tenía plena conciencia de todos los riesgos, terribles, que podían derivarse de su acción. El delincuente conocía perfectamente que en un espacio cerrado el incendio de un coche iba a propagarse con rapidez al resto, que el utilizar gasolina como acelerante haría arder como la yesca no sólo al primer vehículo sino a todos los demás, que los motores explotarían y que el fuego siempre sube y afectaría a las viviendas. Ya no se trata de “quemar” un coche, sino de asumir la responsabilidad de todo lo demás e incluso de la pérdida de vidas humanas, lógico que se barajen en estos casos penas de diez a veinte años de prisión, con el factor añadido de que si se logra detener al incendiario y recae sobre él una sentencia firme de quince años, tan sólo la gravedad de la pena sería un elemento disuasorio para quienes alguna vez hayan acariciado la idea de provocar una catástrofe moviéndose entre incendio y estragos.

Lo que me hace suponer que el o los criminales pensaban que su acción iba a quedar impune en sus mayores y trágicas consecuencias, es el hecho de que abandonaran una petaca con gasolina. Y del plástico se pueden extraer las huellas dactilares.

De haber supuesto que uno de los instrumentos del crimen iba a caer en manos de la policía, nunca la hubieran abandonado en el lugar de los hechos, si lo hicieron era por la seguridad de que todo el aparcamiento iba a arder como una tea y con él las pruebas del delito.

El primer elemento probatorio es el recipiente y el segundo, al parecer, las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Más la determinación por parte del inspector de policía de los sospechosos, a la vista de los temas que haya ido investigando, sus autores y las ansias de represalias de algunos de ellos.

El pálpito de esta letrado es que, si el delincuente no ha huido a Marruecos puede ser identificado y detenido, a partir de ahí está en manos del Ministerio Fiscal el calificar los hechos según su gravedad, pero conociendo que los fiscales de Ceuta no son de los que “se arrugan” al autor o autores les puede caer la mundial.

¿Y qué medida o medidas en la lucha contra la delincuencia permitirían un mayor control sobre individuos de perfiles potencialmente peligrosos? Según los juristas no habrá más remedio que sacar adelante un cuerpo legal relativo a la peligrosidad, no modernizando la antigua ley de Peligrosidad Social, pero sí adecuando nuestro ordenamiento jurídico a muchas legislaciones que aplican a los delincuentes que supongan un riesgo cierto y latente para la sociedad, una serie de medidas de control, ya extinguidas sus condenas. Estas legislaciones son menos “garantistas” para los criminales peligrosos que la nuestra, pero son infinitamente más justas, honradas, rectas y garantistas para el conjunto de la sociedad a la que tratan de proteger por todos los medios. Necios serán nuestro gobernantes si no articulan unas Leyes de Peligrosidad, auténticos tontos del culo si no controlan a quienes representan un riesgo porque, encima, ni el psicópata, ni el sociópata, ni el criminal reincidente son de los que acuden a las urnas a hacer valer sus derechos ciudadanos cada cuatro años, es decir, que los políticos no pierden votantes porque su lucha contra la delincuencia les haga impopulares para los criminales.

Palabras mayores. Un delito de incendio con riesgo para las personas excede con mucho del “choriceo” y entra en las túrdigas de la Ley Penal y de la infinita mala leche que ,quienes la interpretan y ejecutan, pueden ejercer. Pero simbólicamente los ciudadanos “necesitan” que se detenga a algún incendiario, si es posible a este o estos en particular o como poco a algunos de los pandilleros que vienen asolando zonas de Ceuta.

Y que la pena que reciban se convierta en instrumento de disuasión capaz de borrar las malas ideas y los peores instintos por miedo al castigo. No vamos a ponernos bucólicos ni pastoriles, ante el delito sirve la punición, porque esa evidencia repercute en la sensación de seguridad ciudadana.

Hoy por hoy y hasta que no se detenga al o a los incendiarios capaces de originar una catástrofe, Ceuta no será una ciudad segura.