sucesos - DOMINGO, 11 DE DICIEMBRE DE 2011

CEUTA
Redacción
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La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 18 meses de prisión a dos de los cuatro exprocesados (y absueltos) de la ‘Operación Tigris’ (contra una red de reclutamiento de terroristas suicidas con destino a Irak y Afganistán). Los dos condenados, Abdelmalik Abdeselam Amar y Mustafa Mohamed Abdeselam, ceutíes, lo son por depósito de armas de guerra y tráfico de drogas. Al también ceutí Tarek Hamed Hamu y Bilal el Saiti, se les absuelve de los mismos delitos.

La Audiencia Nacional ha condenado a dieciocho meses de prisión a dos de los cuatro acusados de la ‘operación Tigris’, los ceutíes Abdelmalik Abselam Amar y Mustafa Mohamed Abdeselam, que resultaron absueltos de pertenencia a organización terrorista y que fueron juzgado después por tenencia y depósito de armas y ha absuelto de estos delitos a los otros dos, Tarek Hamed Hamu, también de Ceuta, y Bilal El Saiti (nacido en Fez).

Así lo ha acordado, según informa Efe, la sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal después de que en el juicio celebrado el pasado 30 de noviembre la fiscal Dolores Delgado, que pedía para Abselam Amar y Mohamed Abdeselam nueve años de prisión, alcanzara un acuerdo de conformidad con ambos, que aceptaron la pena de año y medio impuesta.

Para ellos, la Fiscalía retiró la acusación de tenencia ilícita de armas y rebajó su petición con respecto a los delitos de depósito de armas de guerra y contra la salud pública al aplicar las atenuantes de dilaciones indebidas y arrepentimiento tardío. También para los otros dos acusados que han resultado absueltos disminuyó su reclamación de tres años a sólo uno por dilaciones indebidas.

La sala, presidida por Fernando García Nicolás, considera probado que Abselam Amar y Mohamed Abdeselam, detenidos en abril de 2005 dentro de la ‘Operación Tigris’ (que dio lugar al procesamiento por el juez Garzón de 32 imputados en 2007) escondían en sus respectivos domicilios en Ceuta una metralleta, dos pistolas, un revólver, seis cartuchos y dos pasamontañas, así como un zulo en el suelo. Además se hallaron tres kilos de polen de hachís, con un valor de más de 3.000 euros, hechos reconocidos por los condenados en la vista.

Con respecto a Hamed Hamu y Bilal El Saiti, los magistrados subrayan que en la vivienda que ocupaban, situada en la barriada de Príncipe Alfonso, se intervinieron una pistola (una Star calibre 6,5) cuyo estado era “deficiente” pero que conservaba “intacta la capacidad de hacer fuego”; 215 cartuchos de diferentes calibres, una carpeta con 114 láminas de armamento militar, unos grilletes de acero y dos pasamontañas.
 

Este segundo juicio se ha basado en “cosa juzgada”

El tribunal de la Audiencia Nacional que ha juzgado a los cuatro exprocesados de la ‘operación Tigris’ hace hincapié en su sentencia, recogida por Efe, en que “el presente juicio (celebrado el pasado 30 de noviembre) es difícil evitar que se falle sin mirar el anterior”, relacionado con la ‘operación Tigris’, ya que entonces se juzgaron “los mismos hechos” con respecto “a los mismos acusados, por lo que tuvieron que ser valorados hasta declararlos probados”.

Por ello, argumenta que se debe aplicar la “cosa juzgada” en esta segunda causa, porque aunque en el primer proceso se les acusó de un delito diferente -el de integración-, el “hecho nuclear” es el mismo, ya que para llegar a la imputación por pertenencia se les atribuyeron “habérseles encontrado las mismas armas en cuya posesión se les vuelve a atribuir”.

En este sentido, el fallo reproduce un fragmento de la sentencia, también de la Audiencia Nacional, que les absolvió, en la que se insiste en que las armas encontradas en la vivienda podían pertenecer tanto a cualquiera de los dos “como a otras personas ocupantes de la casa, cuya identidad no ha quedado determinada”, extremo que fue recogido en la que el Tribunal Supremo confirmó su absolución por integración en banda armada.

Pero, además, “tampoco con la prueba practicada en el presente juicio podemos considerar acreditado que ninguno de los dos acusados tuviese la disponibilidad” del arma, añade la sala, que concluye que “aunque se mantuviese que la pistola funcionase tras ser limpiada, lo cierto es que no lo hacía cuando se intervino” y duda de que los acusados “estuvieran en condiciones, o tuvieran capacidad y conocimientos” para hacerlo.