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Nueva oleada de actos vandálicos
en Ceuta y la calificación podría ser la de delito
continuado del artículo 74 que eleva dos grados la pena a
imponer, al ser una sucesión de delitos que afectan a
diferentes personas. Y con respecto a la figura delictiva,
los daños del artículo 263 del Código Penal que llevan
aparejadas penas de 6 meses a 2 años y las multas en esas
cuantías no son penas leves sino que se califican como
“menos graves”.
Cuando una banda de delincuentes, puesta de común acuerdo,
se dedica a destrozar y a causar daños en vehículos
perjudicando gravemente a sus propietarios, sobre todo por
el momento de grave crisis económica que padecemos y que
significa que muchos de esos vehículos tienen tan sólo un
sencillo seguro a terceros, por lo que los destrozos tienen
que ser pagados por los dueños que incluso puede que estén
parados o que tengan el coche a medio pagar, la alarma
social que genera este tipo de hechos delictivos es notable.
De ahí que sea muy probable que dentro de las reformas del
“cambio” que se esperan en el Código Penal y que van a
suponer un endurecimiento de las penas, este tipo de
acciones criminales que exceden con mucho a “la gamberrada”
y que predica que nos encontramos ante gentuza profundamente
antisocial, tengan una respuesta penal más contundente.
Porque no existe supuesto que desmotive y enfurezca más a la
ciudadanía que la aparente impunidad de los autores de
conductas dañinas, máxime cuando se trata de delincuentes
juveniles eufemísticamente llamados “menores”. Por ahora.
Porque uno de los puntos a tratar en las nuevas Leyes
Penales es la imprescindible rebaja de la edad penal a los
16 años ya que a esa edad el individuo es plenamente
consciente de sus actos, algo en lo que ha sido el Gobierno
del PSOE quien ha dado el primer paso, al reconocer en la
Ley del Aborto el derecho de las adolescentes “menores” a
abortar libremente sin el consentimiento de sus padres. Con
esta medida el PSOE ya iba allanando el camino para una
rebaja de la edad penal e incluso para una rebaja de la
mayoría de edad a los 16 años, lo que significaría que de
manera automático muchos “menores” que viven de aprovecharse
de las ventajas de su edad, dejarían de serlo y se les
acabaría el mamonéo, ante el júbilo y la satisfacción de
toda una sociedad que ha venido sufriendo los abusos y las
arbitrariedades de la Ley del Menor, sin que los gobernantes
hayan hecho casos de los millones de firmas recogidos para
su inmediata reforma por parte del pueblo soberano, en este
caso puteado y nada soberano, sino víctima de leyes
injustas.
Pero si los delincuentes son menores la responsabilidad
civil han de pagarla los padres y caso de no tener medios se
les embarga hasta el televisor, la paga, la moto o la
bicicleta y de esta forma se motivan para que, la educación,
las normas, las reglas y la disciplina comiencen en los
propios hogares y en el seno de las familias.
Con el plus de que, aun siendo mayores de 18 años los padres
de los delincuentes tienen que pagar ya que el artículo 120
del Código Penal señala “Son también responsables
civilmente, en defecto de los que lo sean penalmente 1º.-
Los padres o tutores por los daños y perjuicios causados por
los delitos o faltas cometidos por los mayores de dieciocho
años sujetos a su patria potestad o tutela y que vivan en su
compañía siempre que por su parte haya culpa o negligencia”.
En esta ciudad no parece ser la regla habitual pero en
Andalucía he sido testigo de la irrupción de asistentes
sociales y psicólogos en muchas familias cuyas
circunstancias y ambiente no eran los más idóneos ¿Cuantas
veces no habré oído el latiguillo “A los hijos se los ha
retirado la Junta”? Y el mayor temor de muchas familias que
viven en condiciones poco favorables es dar motivos para que
llegue “la Junta de Andalucía” con sus equipos y “les
retiren a los hijos” porque los trabajadores de la Junta son
terriblemente severos y exigentes y no pasan ni un fallo a
los padres que no pongan el cuidado, la atención y los
medios necesarios para educar y atender a sus hijos.
Lo que resulta evidente y vuelvo a los actos criminales, es
que en esta ciudad existen bandas de elementos incontrolados
que delinquen contra el patrimonio de los ciudadanos y
también contra el patrimonio colectivo llevando a cabo
conductas que entran de lleno dentro de las Leyes Penales y
que requieren una respuesta policial y judicial que permita
a la ciudadanía hacer uso de los derechos y libertades que
consagra la Constitución. Y la concatenación de conductas
criminales, atentados, incendios, ataques, destrozos, daños
y vandalismo, crean una sensación global de inseguridad y de
desconfianza hacia los responsables de imponer la ley y el
orden. Si las cámaras de vigilancia son imprescindibles para
los investigadores policiales y para el esclarecimiento de
muchas acciones criminales su no instalación roza en la
negligencia. Si hay que incentivar la colaboración ciudadana
con gratificaciones, porque de esa colaboración depende en
parte el éxito de la labor policial y judicial y no se lleva
a cabo esta medida se puede hablar de una falta de
diligencia notable.
Si hay una realidad innegable es que contra la inseguridad,
el delito, los actos criminales, la indignación ciudadana y
la sensación de impunidad de los delincuentes tan sólo
existe una política (y que le pregunten a Sarkozy) y es la
de tolerancia 0.
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OPINIÓN / ANALISIS
