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					Los gobiernos autónomos de Ceuta y Melilla están decididos a 
					solicitar al próximo Ejecutivo que presidirá Mariano Rajoy 
					“la elaboración de una normativa específica para la gestión 
					del suelo en las dos ciudades”, eso sí, manteniendo las 
					competencias del Estado sobre el Urbanismo de las dos. Es un 
					modo de agilizar procedimientos dentro de los territorios 
					autónomos y ser más eficientes. 
					Elaborar una nueva normativa, concreta y específica para las 
					dos ciudades autónomas en relación a la gestión del suelo en 
					ambos territorios aunque manteniendo las competencias el 
					Estado, es la propuesta que conjuntamente realizarán los 
					gobiernos de Ceuta y Melilla al próximo Ejecutivo que 
					presidirá el popular Mariano Rajoy. 
					 
					Los encuentros que mantienen los dos ejecutivos autónomos 
					servirán para trasladar al Estado propuestas conjuntan que 
					sirvan para mejorar el panorama económico y social de ambos 
					territorios. En el caso del urbanismo, las comunidades 
					autónomas tienen como norma directa su propia normativa, 
					pero Ceuta y Melilla siguen dependiendo de una de 1976 y de 
					sus reglamentos de planeamiento, gestión y disciplina, que 
					datan de 1978, “por lo que parece evidente la necesidad de 
					actualizar la normativa que se nos aplica”, ha dicho el 
					consejer de Fomento y Medio Ambiente, Guillermo Martínez 
					Arcas. 
					 
					Reglamentos propios 
					 
					El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, al que se le ha 
					unido el de Melilla, pretende suplir esa “falta de capacidad 
					legislativa” a través de Reglamentos propios “más ágiles” 
					que “se someterían, en cualquier caso, a la supervisión del 
					Ministerio”, según ha detallado el político ceutí. 
					 
					El Estado retiró en 1999, cuando el GIL desembarcó en ambas 
					ciudades y se hizo con sus Gobiernos autonómicos, las 
					competencias urbanísticas a las dos Administraciones 
					locales. Así, el Ejecutivo ceutí inició en 2005 el proceso 
					de revisión y actualización de su PGOU de 1992, un documento 
					que prevé someter a la aprobación inicial del Pleno “en 
					enero o febrero” del año próximo para que pueda entrar en 
					vigor “a finales de 2013”. 
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