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Ante la reciente publicación de que el Gobierno de Ceuta
presentará antes de final de mes un proyecto para
reorganizar las empresas públicas de Ceuta, UPyD-Ceuta
vuelve a reiterar su posición al respecto, reflejada en
nuestro programa para las elecciones municipales. UPyD
publicó a nivel nacional su estudio sobre los costes
autonómicos con resultados enormemente despilfarradores por
parte de ayuntamientos, autonomías e incluso la
administración central. Lo que además se une a una nula
homologación con respecto a costes entre las diversas
autonomías en cualquier aspecto, incluido el de las
retribuciones de los empleados públicos. No es lo mismo al
parecer ser policía local, maestro, médico, administrativo,
etc. en el País Vasco, que en Andalucía o en Ceuta. La
presencia de representaciones similares a embajadas
y oficinas comerciales de todo tipo suponen cientos de
millones de euros al año que podrían haberse perfectamente
asumido por nuestras embajadas, consulados y
representaciones comerciales, turísticas, agregadurías de
educación, por ejemplo. Esto ha sido producto sobre todo de
decisiones del PSOE, que ahora reconoce en boca de los
candidatos a su dirección política “que el PSOE debe ser un
partido que diga lo mismo en toda España”. Cuatro años,
(desde su creación) lleva UPyD diciéndolo. Y también es
producto de la gestión de autonomías de todo tipo de color
político, y de negociaciones laborales que estaba claro que
llevarían a situaciones inviables en el tiempo. Y que ahora
hay que recortar.
Ceuta no es ajena a muchas de estas cuestiones, y UPyD lo ha
dicho muchas veces. Ni existe homologación entre los
empleados públicos de la ciudad. Ni el propio ayuntamiento
tiene a sus funcionarios o laborales con las mismas
retribuciones, y menos aún respecto a sus empresas públicas,
donde unos son los hermanos pobres y en otras son los
agraciados con convenios que pueden llegar a superar en un
tercio las retribuciones de sus compañeros de trabajo de
otras empresas. Tampoco es ajena Ceuta a las enormes
diferencias que se llegan a dar entre funcionarios de la
administración general del Estado y los funcionarios
autonómicos y municipales de Ceuta, que en algunos casos
llegan a equiparar retribuciones de un médico especialista
de la seguridad social en Ceuta con el de un administrativo
(grupo B actual antiguo C de las administraciones públicas)
de áreas tributarias. Y no digamos de un guardia civil o un
policía nacional respecto a funcionarios locales de la misma
categoría, cualificación o actividad.
Este problema que no es nuevo como hemos dicho, plantea en
estos momentos la necesidad de que los gestores de las
cuestiones públicas no puedan mirar para otro lado como
ocurrió anteriormente. A pesar de conocer desde el año 2.007
que era necesario tomar medidas urgentes en relación con las
empresas públicas que son ineficientes o altamente
deficitarias y que no sean servicios públicos fundamentales
e imprescindibles. Por ese motivo UPyD lo incluyó en sus
propuestas programáticas tanto en las elecciones municipales
y en las generales.
Pero esto no va a ser suficiente y los números lo han
demostrado. Es necesario para tener sinergias que reduzcan
costes, que se eliminen duplicidades dentro de las propias
administraciones y también entre la administración central y
la autonómica-municipal. Lo valiente sería devolver
competencias al Estado, como UPyD ha dicho. Y si no es así,
al menos refundir en un solo servicio de prestación al
ciudadano las cuestiones del mismo área que se realicen en
ambas administraciones. Múltiples ejemplos podríamos poner:
educación, sanidad, servicios sociales. Se puede llegar más
lejos y muchos servicios administrativos podrían ser
cohabitados por la administración central y la autonómica.
La hipotética propuesta de crear una “macroempresa” de
titularidad pública, es una manera, aunque no la única de
poner algún freno a este desaguisado al que nos ha
llevado esta irrefrenable aspiración expansiva. El ICD ha
sido integrado en su consejería correspondiente como llevaba
UPyD en su programa político, por ejemplo. Lo que no puede
mantenerse por más tiempo porque además va contracorriente
es que en Ceuta existan 17 sociedades municipales y
organismos autónomos que en conjunto son altamente
deficitarios. Y que pagamos toda la ciudadanía que paga sus
impuestos.
UPyD está solo a favor de medidas que no contenga despidos
de trabajadores, y con cualquiera de las medidas que mejoren
la eficiencia y la efectividad de los servicios públicos.
Particularmente con la fusión de servicios públicos como en
nuestro programa incluimos. Desde la gestión de servicios de
apoyo a la educación por la misma administración.
Hasta la unificación de las urgencias para la población en
un solo dispositivo de atención, o las consultas de alta
resolución redefiniendo la forma en la que se atiende a la
ciudadanía girando la asistencia en torno al paciente y no
al revés como hasta ahora, solucionando al paciente con una
consulta sus problemas y reduciendo derivaciones desde su
médico de cabecera a los especialistas. Y reformando
servicios sanitarios que permitan mejorar la salud de la
población que a fin de cuentas es el objetivo de la sanidad
pública. Desde que no haya ayudas educativas en una y otra
administración, lo que generaría sin duda sinergias, sin
perder de vista que seguimos con las más altas tasas de
fracaso escolar. Hasta la enajenación de bienes de las
administraciones que no tienen uso o el uso es testimonial
como ocurre en algunos de la administración militar y no son
estratégicos para la defensa nacional. O la reunificación de
los servicios sociales de ambas administraciones en un solo
dispositivo.
Sería prolijo reeditar nuestro programa en una nota de
prensa, pero es preocupante que antes no se tomaran estas
medidas y que ahora que al parecer pueden y van a tomarse
tengamos que esperar mucho más. Alguien tiene que ser el que
haga este sacrificio y su consecuente desgaste político y ha
de ser ahora, con decisiones que no solo mejorarán los
resultados económicos, sino también mejorarían si se hacen
bien la atención a la ciudadanía en cualquier área de los
servicios públicos.
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OPINIÓN
