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En 2007, J.F.C.H. dejó un comentario en un periódico digital
en el que hablaba de “las irregularidades” del sistema
retributivo de la Ciudad y en el que decía que Racero era
uno de los que se llevaban más dinero del que le
correspondía por su nivel formativo. Ayer, el responsable se
sentó en el banquillo acusado de un delito de injurias, por
el que el fiscal solicitó una multa de 1.080 euros, mientras
que la acusación particular pedía que se le condenara por
calumnia a 21.600 euros de multa.
Más de cuatro años han pasado desde que J.F.G.H. dejara un
comentario en el muro de un medio digital ceutí que le ha
costado una imputación por injurias. La opinión en cuestión
versaba sobre el sistema retributivo de la Ciudad Autónoma y
en ella citaba a Francisco Martínez Racero, según el propio
acusado, “como ejemplo de los desajustes, no como crítica
concreta”. Sin embargo, el por entonces jefe de negociado de
nóminas sintió que se le estaba acusando directamente de
malversación de fondos y, por tanto, ayer la acusación
particular solicitaba para el imputado una pena de multa de
21.600 euros más una indeminzación de 30.000 euros.
Al juicio asistió como testigo Carolina Pérez, con quien el
acusado aseguró haber mantenido una conversación en el año
1999 en la que la ex diputada le habría dicho que Martínez
Racero era “el paradigma de las irregularidades” dentro de
la Administración. No obstante, durante la vista oral no se
habló de cantidades ya que el imputado aseguró desconocer
qué cuantía podría cobrar el jefe de negociado, quien a su
vez aseguró no recordar cuál era su nómina ni en 1999 ni en
2007.
Imposible ‘meter la mano’
El ahora director gerente de gestión interna se centró en
aclarar cómo se hacen los sueldos en la Administración y lo
“imposible” de que él configurara “nóminas arbitrarías”.
Martínez Racero expuso “los perjuicios” que le ha conllevado
este comentario del que aseguró haberse enterado a través de
su hija. “Me dijo que en el colegio le habían dicho que su
padre era un chorizo que estaba robando en el Ayuntamiento”
recordó amargamente. Mientras que a nivel laboral, el
entonces jefe de negociado explicó como sus compañeros
“rehusaban” hablar con él o la depresión que la situación le
acarreó.
Por su parte, la defensa puso en duda durante el juicio que
esa depresión se debiera al comentario y no al expediente
sancionador que en esa misma época le abrió la
Administración y que Martínez Racero recordó que se había
sobreseído, después de que se le investigara e incluso el
Tribunal de Cuentas le felicitara.
Falta de una RPT
Mohamed Alí, líder de Coalición Caballas, pasó también ante
la jueza del Penal número dos como testigo para recordar que
en las fecha de los hechos estaba en pleno auge el ‘caso de
las nóminas’. “Muchas sueldos tenían complemento de superior
categoría y los complementos específicos no obedecían a
criterios objetivos”, alegó el líder de la oposición. Y es
que, dentro de la nómina de los funcionarios locales existe
el complemento específico que puede responder a 80 tipos de
plus, pero no se específica a cuál. Por ello, tanto Alí como
el imputado hablaron de un sistema “opaco”.
Para todos los testigos, la falta de una Relación de Puesto
de Trabajo (RPT) de funcionarios, es uno de los problemas
endémicos de la Administración que podría zanjado este caso.
Punto en el que también coincidió Inmaculada Ramírez, ex
portavoz del PSOE en la Asamblea. La ex diputada aseguró que
el tema de las nóminas fue utilizado para hacer política en
su momento, pero que desconocía las retribuciones de
Martínez Racero.
Finalmente, la defensa solicitó la absolución para J.F.G.H.
o en su caso, que el delito de injurias se rebajara a falta,
y por tanto esta habría prescrito.
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juicio
