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Cuando en Abril de 2006 se dio a
conocer la llamada “nueva asignatura”, que se denominaría
“Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos”, se
aclaraba que la misma tendría como finalidad reforzar la
formación en valores de los alumnos. En principio, se
impartiría en 5º y 6º de Primaria, en uno de los tres
primeros de Secundaria y en uno de Bachillerato, dentro de
Filosofía. En Primaria, impartidos por maestros; en
Secundaria, por profesores de Ciencias Sociales, Filosofía y
Ética, y en Bachillerato por los docentes de Filosofía. Esta
asignatura nunca sería alternativa de la Religión.
La incorporación de esta materia el Currículo Escolar, según
establece la LOE, suscitó reacciones encontradas. Para unos,
encerraba el “peligro de adoctrinamiento ideológico del
Gobierno de turno (PSOE), amenazando repetidas veces con
ejercer la objeción de conciencia, al impedir que sus hijos
cursaran esta asignatura: para otros, era imprescindible
esta asignatura, y la clave estaba en quien y cómo se
impartirá o no en la propia existencia de la materia.
Con independencia de temores, polémicas y valoraciones en
uno u otro sentido, el hecho era que, todos los sistemas
educativos, incluyen con denominaciones diversas la
educación cívica o para la Ciudadanía, en los Programas de
Primaria y Secundaria, de acuerdo con la Recomendación del
Consejo de Europa, que en 2002, instó a que todos los
niveles del sistema educativo deben contribuir a la
introducción de este concepto, ya sea a través de una
materia escolar específica o como tema transversal que
impregne todas las asignaturas… Su presencia en los
programas educativos varía según los modelos y los niveles
de enseñanza. En la U. E, 18 de los 25 estados miembros con
una materia separada en algunos niveles de enseñanza
obligatoria y postobligatoria. Otros países, imparten una
formación transversal. Las materias en los que se suele
integrar la Educación para la Ciudadanía son
mayoritariamente Historia, Ciencias Sociales, Geografía,
Religión y Moral, Ética, Filosofía, e incluso, Lengua
Extranjera.
Próximo a cumplirse un año de la implantación de la EpC, se
produjo un movimiento para acabar con la nueva asignatura,
como materia obligatoria e independiente, al considerar los
promotores que “es un instrumento del Gobierno para el
adoctrinamiento del Gobierno ideológico”. Para tal fin se
presentó una “Guía para la objeción de conciencia”, así como
el Decálogo de “motivos para rechazar” la polémica
asignatura.
Según los representantes de las Asociaciones, existía una
“demanda creciente” de padres y alumnos sobre cómo actuar
para esa objeción de conciencia, por lo que se articularon
sus propuestas en cuatro grupos, dirigidos a los padres, a
los profesores, a los centros educativos y a los alumnos.
En el caso de los padres y alumnos, con más de 16 años
fueron invitados a “objetar”, con la condición de que se
trataba de un derecho Constitucional; a los centros
educativos se les pedían que suscribieran una declaración,
en la que manifestaran su desacuerdo con la asignatura y
reclamaran el derecho de los padres a educar libremente a
los hijos. Para tal efecto elaboraron una especie de
Decálogo, con exposición de sus reivindicaciones.
Se han de destacar que, con la aparición de innumerables
textos todos ellos polémicos, contribuyó a empeorar la
situación. Junto a los libros de texto aparecieron, como
recursos, libros de apoyo, guías didácticas… generando entre
la Comunidad Educativa una gran confusión.
Queda por solucionar el problema de aquellos objetores que
resistentes a entrar en clase, pendientes de una sentencia
del Supremo en favor de la asignatura y una materia
totalmente descafeinada por la mayoría de los Centros y
adaptada a los mismos y en función de su ideario.
Lo que sí hay que tener presente es la situación de aquellos
objetores que han visto su repercusión en los expedientes
académicos y los perjudicados a la hora de solicitar becas,
por ejemplo, según profesionales de la Ética, Asociación, a
la que están acogidos estos estudiantes.
Ya de paso, después de la anulación de EpC, se solicita al
nuevo Ministerio que “declare exentos de estudiarla a los
objetores que aún están estudiando”, mientras esté en vigor
la nueva asignatura anunciada por el Sr. Ministro.
Se ha de considerar que la sentencia del Tribunal Supremo,
dictando que la asignatura ha de cursarse, no pudo con su
convicción. Algunos han recurrido al Tribunal Constitucional
y otros al de Estrasburgo.
Conviene recordar que la EpC, que empezó a impartirse en
2007, tiene tras de sí más de 53.000 objeciones de
conciencia que fueron presentadas ante las Consejerías
Autonómicas de Educación. La sentencia del Supremo, en Enero
de 2009 dictaminó que no se podía objetar a la asignatura.
Ahora, con el nuevo ministro, que acierta al descartar la
elaboración de una Ley General de Enseñanza –llevamos cuatro
desde la LODE de 1985- que paralizaría de nuevo la Comunidad
Educativa y sobre todo, retrasaría mucho la adopción de
medidas clave para esta reforma. Pero es cierto que si el
Gobierno desarrolla las propuestas anunciadas, el Sistema
Educativo puede experimentar un cambio tan radical como una
nueva normativa básica…
Pero el esperado cambio de la EpC por la nueva Educación
Cívica Constitucional (ECC) resultará positivo si se
eliminan los aspectos que han generado más polémica, aunque
poco se avanzará si el temario de la misma sigue en manos de
las autonomías.
Para José Antonio Marina, filósofo y ensayista: “Parece que
el asunto trascendental de nuestra Educación fuese la
Educación para la Ciudadanía. ¿A qué viene resucitar un
debate absurdo, ideologizado, torpe y anacrónico?”.
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OPINIÓN / EL MAESTRO
