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Afirmar que nuestro país atraviesa
la peor crisis socio económica de nuestra historia
democrática como consecuencia directa de la ineficacia del
Ejecutivo anterior es una obviedad y por ello, los
ciudadanos decidimos mayoritariamente en los últimos
comicios celebrados retirar nuestra confianza al partido
socialista liderado por José Luis Rodríguez Zapatero para
otorgársela al partido popular de Mariano Rajoy, a quien se
le confirió la responsabilidad de adoptar aquellas medidas
que los socialistas habían sido incapaces de aprobar.
Por tanto, parece lógico pensar que dichas medidas deben
diferenciarse claramente de las ejecutadas por quienes no
fueron capaces de reconducir la economía española en los
últimos años. Entre las cuales, no podemos obviar el
“decretazo” aprobado, sin negociación colectiva alguna, que
redujo las retribuciones básicas de todos los trabajadores
públicos del país en un 5%, circunstancia que no provocó
movilización sindical alguna a pesar, de ser la primera vez
que se adoptaba un recorte retributivo de estas
características en nuestra historia democrática.
Las decisiones adoptadas en las últimas semanas han venido
definidas desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera
de las Comunidades Autónomas, un órgano creado en 1.980 por
la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas) con el objetivo de adecuar la coordinación entre
la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de la
Hacienda del Estado. El Consejo de Política Fiscal y
Financiera está constituido por el Ministro de Hacienda y el
Consejero de Hacienda de cada Comunidad Autónoma.
En consecuencia, el Ejecutivo ceutí ha elaborado un nuevo
paquete de medidas de austeridad denominado “Plan de
Sostenibilidad Presupuestaria” que incluye medidas de
trascendencia socio económicas tales como; la reforma del
sector público empresarial, la supresión de actuaciones y
programas considerados en estos momentos como prescindibles,
la reducción en las retribuciones de los miembros del
Gobierno y personal de confianza así como, la supresión de
jornadas partidas, especiales y productividad en algunos
puestos de trabajo de la administración pública de la
Ciudad.
Medidas que no han sorprendido a una ciudadanía plenamente
conscientes de algunas de las medidas adoptadas en otras
autonomías la cuales, a diferencia con nuestra ciudad, han
introducido recortes en las retribuciones básicas de sus
empleados públicos así como, en los derechos sociales
recogidos a través de años de negociación colectiva. En
cambio, el Ejecutivo ceutí se limita a modificar la jornada
laboral en función de criterios de racionalización del
trabajo (jornadas partidas, rotatorias, a turnos o
especiales) totalmente circunstanciales puesto que, en
ningún caso, crean derechos adquiridos para los trabajadores
que la realicen. A situaciones excepcionales, soluciones
excepcionales aunque, supeditadas en todo momento a la
condición “sine qua non” establecida por el Presidente de la
Ciudad, Juan Jesús Vivas, de no destruir empleo público bajo
ninguna circunstancia.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
