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economía - MARTES, 14 DE FEBRERO DE 2012


asamblea de ceuta. archivo.

abonos
 

La Ciudad no pagará a las empresas que no cumplan las bonificaciones

La Consejería de Hacienda y Recursos Humanos recuerda que las empresas que trabajan para la administración local están “obligadas a abonar el plus de vinculación a sus trabajadores”

CEUTA
P. Zumeta / P. Gardeu

ceuta
@elpueblodeceuta.com

La Consejería de Hacienda y Recursos Humanos emitió ayer una circular dirigida a los departamentos de Intervención y Contratación para que no abonen los servicios prestados por las empresas que se beneficien de la ampliación de las bonificaciones y no apliquen el denominado plan de vinculación a los trabajadores.

La Consejería de Hacienda y Recursos Humanos emitió ayer una circular dirigida a los departamentos de Intervención y Contratación, al resto de Consejerías del Gobierno y a todos los organismos autónomos y sociedades mercantiles de la Ciudad, para que no abonen los servicios prestados por las empresas que se beneficien de la ampliación y extensión de las bonificaciones a la Seguridad Social que no apliquen el denominado plan de vinculación a los trabajadores.

De este modo, el Gobierno responde a aquellas compañías que no están aplicando o que no quieran aplicar el acuerdo rubricado por la Ciudad, los sindicatos y la Confederación de Empresarios el pasado 19 de enero para destinar a los trabajadores parte del beneficio (ahorro) que obtiene, tal y como informa una nota de prensa remitida por el Ejecutivo local.

Según explica la circular, las facturas cuyo devengo se produzca a partir del día 1 de enero de este año deberán contemplar “obligatoria y expresamente la reducción de costes” derivada de la aplicación del citado acuerdo, y que además deberá estar expresamente cuantificada. La única excepción que se hace es, “por razón de operatividad y de costes”, para las facturas o certificaciones que dimamen de contratos menores y propuestas de gastos cuyo resultante de reducción sea inferior a 60 euros. Si una empresa no cumple con esta medida, “la factura o certificación que emita le será devuelta”, continúa el comunicado.

Para el Gobierno, tal y como se refleja en la circular, y a tenor de lo dispuestos en el artículo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores, el acuerdo entre empresarios y sindicatos “es de obligado cmplimiento y de aplicación directa ante los tribunales, dada su materia normativa como convenio colectivo”. De hecho, los agentes sociales firmantes se comprometen en el texto rubricado el pasado día 19 de enero “a dar traslado de su contenido a sus respectivas asociaciones y federaciones” ya que “quedarán obligadas a incorporar el texto del acuerdo a los convenios colectivos de los sectores y empresas afectados, como doble garantía de cumplimiento, y, a tal efecto, se incluirá como disposición en dichos convenios”.

El área de Intervención de la Ciudad será el órgano encargado de velar por el cumplimiento y aplicación de lo dispuesto en esta circular de la Consejería de Hacienda, que los distintos servicios municipales deberán comunicar a las empresas afectadas.

Carracao valora la iniciativa

Por otra parte, la valoración del secretario general del Partido Socialista de Ceuta, José Antonio Carracao, en relación a esta circular, no se ha hecho esperar. Y es que, el máximo representante de los socialistas ceutíes dijo que “las bonificaciones no contienen el traslado a los sueldos del ahorro en las nóminas”. “Es un hecho objetivo y no es el objetivo último por el que se ponen en marcha las bonificaciones y desde luego, tampoco es el objetivo último con el que se batalló para conseguir en la legislatura pasada que se ampliara al 50%”, explicó ayer en rueda de prensa.

Carracao recordó el acuerdo entre empresarios, sindicatos y Ciudad Autónoma, que “todos conocemos”. “Ese ahorro se computa en los salarios y por lo tanto hay que respetarlo”, sentencia y añade: “Los socialistas somos los primeros en respetarlo aunque siempre hemos dicho que lo que se tiene es que poder crear empleo, nuevos puestos de trabajo más que quien tenga un empleo gane un poco más”.

“Todos tenemos que respetar este acuerdo y también las empresas que ahora mismo se están negando”, resalta -en relación a entidades como Urbaser-. “Estas empresas fueron adjudicatarias, en base a concurso con un pliego de condiciones determinado y dudo que en el mismo se contemplara el pago del ahorro de las cotizaciones”, comenta Carracao. Por ello, el secretario general de los socialistas ceutíes espera del Gobierno local que “haya hecho los deberes y que tenga el tema muy bien estudiado para proceder, como está haciendo” puesto que de lo contrario “se podrían encontrar con una denuncia en sede judicial y teniendo que hacer frente a pagos con intereses e indemnizaciones a las empresas”.

En definitiva, “si se está tan seguro de que tiene que ser así y las empresas tienen la obligación de hacer frente a este incremento, lo lógico sería plantear a la empresa una denuncia vía sindical con el apoyo del Gobierno de la Ciudad para que la Justicia obligue a pagar”. Sin embargo, Carracao se preguntó “hasta qué punto el Ejecutivo está calculando los pasos que está dando”. A pesar de todo, el socialista dio “un voto de confianza” al “estudio previo” que se ha hecho para llevar a cabo esta circular. “Lo que pido al Gobierno es que tenga el mismo ímpetu para la creación de puestos de trabajo ya que donde se tiene que hacer fuerte es en la exigencia de nuevos puestos, es cuestión de sensibilidades”, finalizó.
 


En los nuevos contratos se tendrá en cuenta el plus de vinculación

A partir de ahora todos los estudios económicos o cualquier tipo de estimación que pueda realizarse para la determinación del presupuesto de licitación de un contrato que afecte a sectores de la actividad económica beneficiados por la medida deberán tener en cuenta tanto la bonificación como el plus de vinculación. Junto a esto, la circular establece que todos los pliegos de cláusulas administrativas particulares incluirán una estipulación en la que se haga remisión tanto a la normativa de la Seguridad Social como al acuerdo suscrito por las administraciones públicas y los agentes sociales, “incluyéndose, así, en el conjunto de pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones establecidas por las partes del contrato”, se asegura en el comunicado.
 

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