El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) llevado a cabo
por JOAQUIN FERRER Y CÍA SL, empresa editora del diario EL
FARO DE CEUTA, se encuentra actualmente bajo sospecha,
después de que tres de los diez trabajadores afectados hayan
denunciado por presuntas irregularidades. Según el sindicato
USO el procedimiento “no se ajusta a derecho”.
Los ingresos recibidos en los últimos años a través de la
Ciudad Autónoma de Ceuta en concepto de publicidad centran
gran parte de las sospechas, por lo que se quiere estudiar
la facturación obtenida por este concepto.
La denuncia de al menos tres de los diez trabajadores
afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE)
por presuntas irregularidades en el procedimiento ha
provocado que las dudas planeen sobre el expediente.
En el informe sobre la causa firmado por el Jefe de la
Inspección Provincial, al que ha podido tener acceso este
diario, se recoge que la empresa Joaquín Ferrer y Cía S.L.,
editora del periódico ‘El Faro de Ceuta’, “conforme a la
documentación aportada en el expediente presenta desde el
2007 una continua situación de pérdidas que justifican su
situación económica negativa”.
Ingresos
En el apartado de ingresos nos encontramos, según el citado
informe, “ante una empresa donde prácticamente la totalidad
de los mismos se deben a la actividad de venta de
mercaderías (periódicos y otros productos dedicados al
sector de la información).Otros ingresos son muy escasos.”
En este mismo apartado se indica, además, que conforme a la
contabilidad aportada, “se ha producido una disminución
considerable de la cifra de negocio entre el 2007 hasta
2010”.
En relación con la memoria explicativa “nos indica que,
aparte de la situación económica global, que se pone de
relieve en la disminución de ingresos privados
publicitarios, ha habido una disminución de ingresos debido
a los recortes de gasto público de la Ciudad Autónoma y sus
Empresas Públicas Municipales”.
Sospechas
Este último es uno de los aspectos más conflictivos, sobre
el que se centra la mayoría de la sospechas, ya que como
aseguró Juan María Lorenzo, de USO, “nos extraña que una
empresa que ha cobrado tanto dinero del ayuntamiento pueda
estar en una situación de quiebra”.
El sindicato ha solicitado una copia “testimoniada” de ese
ERE, para comprobar “si se ajusta a Derecho”, ya que “tienen
indicios de que no ha lugar porque se han producido cosas un
tanto extrañas.”
Lo que si obra en poder del sindicato y de este diario, es
la facturación de los últimos años en concepto de publicidad
cobrada de la Ciudad Autónoma. De confirmarse finalmente las
presuntas irregularidades se puede destapar una situación
especialmente escandalosa.
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