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La secretaria de Acción Sindical de UGT Melilla, Mayte
Molina, ha anunciado que el sindicato va a “mantener de
forma sostenida las movilizaciones contra la reforma
laboral, pero unas movilizaciones para negociar, reorientar
y reconducir las propuestas injustas, inútiles y lesivas del
Real Decreto Ley”.
La dirigente sindical cree que “el gobierno parece más
interesado en justificar aquello que no tiene justificación,
cuando ha abaratado el despido, ha facilitado la destrucción
de empleo y ha vulnerado la negociación colectiva y la
flexibilidad negociada pactada en el II Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)”.
Molina ha manifestado que los sindicatos tienen propuestas
“que vamos a discutir con los grupos parlamentarios, como la
Iniciativa Legislativa Popular por el empleo estable y con
derechos, que está pendiente de ser abordada en el
Parlamento, y el AENC firmado el pasado 25 de enero”.
“Esperamos”, añade, “que el gobierno abra un proceso de
negociación”.
“Estamos ultimando el estudio de las posibles materias que
vulneran la Constitución en el Real Decreto Ley, y estamos
valorando el plantear a los grupos parlamentarios y al
Defensor del Pueblo que se recurra la constitucionalidad de
la reforma laboral”, ha informado, señalando que “no se
justifica utilizar el trámite de urgencia con las medidas
que se plantean, máxime cuando el propio gobierno dice de
manera reiterada que no va a tener ningún efecto inmediato
sobre la creación de empleo”.
Además, considera que “se impone un laudo arbitral
obligatorio que vulnera el principio de autonomía colectiva
y libertad sindical; y hay un periodo de prueba que plantea
el despido libre a través del desestimiento del empresario
durante un periodo de 365 días”.
Este periodo de prueba, añade, “plantea otra serie de
vulneraciones de los preceptos constitucionales,
concretamente del principio de igualdad, ya que discrimina a
las personas desempleadas que cobran prestación y las que no
la cobran”. Otra de las cosas que pone de relieve es que se
plantean, “de forma ambigua”, las causas de modificación de
las condiciones de trabajo, “que pueden reducir el control
judicial y vulnerar la tutela judicial efectiva”.
En relación a las declaraciones de CEOE planteando la
retirada de la prestación a un parado que rechace una oferta
de empleo “aunque sea en Laponia”, Mayte Molina ha señalado
que “determinadas expresiones, sobre todo, cuando se habla
de las personas más débiles de este país y que lo están
pasando peor, se descalifican por sí solas”.
“Nuestra legislación, concretamente la Ley de Empleo del año
2003”, ha recordado, “plantea dos cuestiones básicas: que la
oferta de empleo tiene que ser adecuada a la formación y a
las características profesionales de la persona; y una serie
de actuaciones que pueden conllevar la sanción y la
reducción de la prestación si la oferta fuese adecuada y la
persona no la acepta”.
Por tanto, concluye que “estas declaraciones, que van en una
línea injusta y socialmente repugnante, no creo que sirvan
más que para crispar a la sociedad de este país, cuando
nosotros estamos por la labor de que el país mantenga su
unidad y se recupere la sensatez”.
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