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La “escasa eficacia” las medidas adoptadas en 2009 y 2011, a
través de otros dos decretos-ley, ambos destinados
principalmente al saneamiento de las deudas pendientes de
pago con autónomos y empresas y al control del gasto
público, es lo que ha llevado a la aprobación del Real
Decreto-ley 4/2012. Esta falta de efectividad y “la
acuciante situación de falta de liquidez” en las empresas
aconsejaban “la adopción inmediata de medidas urgentes y de
carácter extraordinario”.
Para ello, se establece la necesaria puesta en marcha, por
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, de “un mecanismo ágil de pago y cancelación de
deudas con proveedores de entidades locales y de su
financiación”. Esto permitirá suministrar liquidez a las
empresas, apoyar financieramente a las entidades locales
afrontando el pago a largo plazo de sus deudas,
“complementado con la debida condicionalidad fiscal y
financiera”.
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plan de ajuste
