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El consejero de Fomento, Guillermo Martínez, señala en
relación con el problema de las obras ilegales en la primera
promoción de vivienda protegida que se construyó en Loma
Colmenar que, en el caso de la segunda, de 170 pisos, y para
evitar que se repita la situación, a su entrega “se
reiterarán cuáles son las condiciones” que han de cumplir
los adjudicatarios.
En el caso de las 225 VPO, se trata, según explicaron desde
Emvicesa, promotora de la construcción, de viviendas para
cuya adquisición se concedió a los adjudicatarios un crédito
a 25 años gestionado por Servicios Tributarios. En la
actualidad, existe en cada caso un contrato de compraventa
privado, pero en tanto no se complete el pago del crédito
concedido, en condiciones especialmente ventajosas con pagos
mensuales de unos 200 euros, las viviendas continúan siendo
propiedad de la Ciudad Autónoma.
Parecido será el caso de las 170 VPO, la próxima promoción
que adjudique Emvicesa. En este caso, el coste de
construcción de las viviendas, en las que se han invertido
11,5 millones de euros, ha corrido por cuenta del Estado, a
través de la Sociedad Estatal de Suelo, SEPES. Estos pisos
serán adjudicados en régimen de alquiler y al igual que las
otras promociones de vivienda social previstas en Loma
Colmenar responden a un cuidado modelo en cuanto a diseño y
materiales, pues los proyectos fueron seleccionados mediante
un concurso internacional de ideas convocado por el entonces
Ministerio de Vivienda.
El propio coautor del proyecto, el arquitecto Félix Madrazo,
advertía en una entrevista con este diario en noviembre del
pasado año de la necesidad de que los adjudicatarios
“respeten” los espacios comunes de una promoción en la que
se han creado terrazas de diseño exclusivo, y de que no se
“explote” la capacidad máxima de los pisos.
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urbanismo
