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El delegado del Gobierno,
Francisco Antonio González, manifestó ayer el interés que se
ha tomado la institución que dirige en “perseguir” el fraude
de ley que considera se está dando en los últimos años tanto
en los empadronamientos como a la hora de inscribir en el
registro civil a niños extranjeros nacidos en Ceuta. Y es
que, como señala el delegado, una cosa es ser “solidarios” y
acoger e incluso atender, tanto en la sanidad como en otros
servicios sociales, a los extranjeros, la mayoría,
marroquíes, que llegan a la ciudad y otra muy distinta
permitir, aclaró González Pérez, que se utilicen
“subterfugios”, como empadronarse en pisos en los que no se
vive en realidad, para beneficiarse de forma ilegal o
cometiendo “fraude de ley”, de estos servicios y derechos
que tanto ha costado lograr y que tanto cuesta mantener a
los españoles.
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La deuda a proveedores ya
está sobre la mesa |
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Een el límite del plazo para la
comunicación al Gobierno Central de la deuda con proveedores
para acogerse a la financiación extraodinaria del ICO, la
Ciudad dio a conocer ayer una aproximación de la cifra que
hoy deberá trasladar al Ejecutivo de la Nación: entre 75 y
80 millones de euros. Aunque no se ofreció el detalle de
todas las facturas a las que corresponde esta deuda ni
acerca de los acreedores, la cifra ha de corresponderse,
como señaló la pasada semana el portavoz de la Ciudad, a la
totalidad de esta deuda a fecha del 31 de diciembre de 2011,
puesto que esta línea especial de financiación se concibe
para sanear las cuentas de las administraciones locales. De
aquí a 10 años, la Ciudad deberá responder con solvencia al
pago del crédito concedido.
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OPINIÓN / EDITORIAL
