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El concepto de déficit público tan
utilizado en los últimos meses abarca al conjunto de las
administraciones públicas españolas (Estado, autonomías y
ayuntamientos) por tanto, cualquier medida de austeridad que
se adopte con la intención de reducir dicha cifra debe
aplicarse en su conjunto. En estos momentos no existe duda
alguna respecto a dos cuestiones fundamentales, por un lado,
que las cifras actuales de déficit público corresponden a la
gestión efectuada por el anterior Ejecutivo a pesar de sus
reiteradas negativas y por otro lado, que la responsabilidad
en la adopción de medidas correctoras corresponderán al
Gobierno democráticamente elegido por una inmensa mayoría de
españoles.
Por tal motivo, el Gobierno de España emprendió el pasado
mes de enero un ambicioso programa de medidas con la
intención de corregir aquellos parámetros que han generado
las actuales cifras de déficit público. Medidas que afectan,
como no podría ser de otra manera, a todas las
administraciones públicas del país entre las cuales se
encuentra la Ciudad Autónoma de Ceuta. No obstante, debemos
recordar como el Ejecutivo ceutí emprendió el camino de la
austeridad en el año 2008 con la implantación en la
administración autonómica de hasta tres planes diferentes
que han supuesto un ahorro económico de 10 millones de
euros. Un Ejecutivo que disminuyó tras los comicios
autonómicos de mayo su estructura orgánica y retributiva al
reducir el número de consejerías, viceconsejerías,
direcciones generales, subdirecciones, asesorías y
secretarías en un 25%.
Medidas de austeridad a las que debemos añadir las
ejecutadas en programas considerados como no esenciales en
las actuales circunstancias; alumbrado ornamental,
celebraciones, convenios con entidades deportivas,
publicidad institucional, dietas por desplazamiento, etc.
Por tanto, resulta más que evidente la voluntad de un
Ejecutivo que ha respondido con hechos concretos a las
demandas provenientes de formaciones políticas en la
oposición, de centrales sindicales mayoritarias,
organizaciones empresariales y colectivos de trabajadores.
No obstante, aún deben acometerse nuevas medidas en
respuesta a los planteamientos presentados en la última
reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Pese a las falacias vertidas por aquellos interesados en
vilipendiar la gestión económica del Ejecutivo local en los
últimos años, los ceutíes somos plenamente conscientes de
que la actual situación de crisis socio económica comienza
en nuestro país tras las Elecciones Generales del 2008,
agravada en nuestra ciudad con motivo de dicha situación
sobrevenida, pero muy especialmente por las drásticas
reducciones en las transferencias concertadas provenientes
del Estado destinadas a sufragar diferentes actuaciones
encuadradas en las políticas sociales. No obstante, el
Ejecutivo ceutí debe continuar con la adopción de nuevas
medidas de austeridad dirigidas a minimizar las
consecuencias de los nuevos recortes anunciados desde el
Gobierno de la nación.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
