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La Ciudad “intenta forzar una negociación” para habilitar
las fórmulas de pago a los adjudicatarios de viviendas de
protección oficial que no han abonado mensualmente las
cuotas. El portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez,
explicó que, “como es su obligación”, la administración
local “requiere con periodicidad prácticamente anual a todos
aquellos inquilinos” que tienen estas deudas contraídas. Las
cartas han llegado a barriadas como Al-Jalifa, Loma Colmenar
o La Reina.
“La Ciudad, como es su obligación, requiere con periodicidad
prácticamente anual a todos aquellos usuarios e inquilinos
de viviendas al pago de las obligaciones contraídas” en
viviendas propiedad de la administración local. Con estas
palabras, el portavoz del Ejecutivo local, Guillermo
Martínez, explicó la razón por la cual se han enviado
notificaciones a estos ciudadanos, tal y como informó EL
PUEBLO en su edición de ayer.
Las cartas, remitidas por el Organismo Autónomo de Servicios
Tributarios (OAST) a través del Servicio Jurídico -Sección
Deshaucios-, han llegado a zonas como Al-Jalifa (Poblado
Legionario), Loma Colmenar, La Reina y, en menor medida a
dos promociones de República Argentina y la Estación del
Ferrocarril.
“Se les está requiriendo para el pago; precisamente se les
ha mandado una carta a esas personas que dice que, o pagan o
se les deshaucia, eso es cierto”, resaltó el portavoz quien
añadió: “Evidentemente eso es lo que se pretende, intentar
forzar una negociación en el sentido de habilitar fórmulas
de pago” para que estas personas puedan abonar sus deudas y
“puedan pagar y paguen las cantidades que les corresponden
al resto de los ceutíes”.
En cuanto a los posibles deshaucios si no se abona la
cantidad requerida -que va desde 3.000 hasta 20.000 euros en
lugares como Al-Jalifa-, Martínez afirmó que “no existe
ninguna intención de deshauciar a ninguna familia de Ceuta;
por lo menos intención política”.
“No es una cuestión que haya surgido espontáneamente en el
mes de marzo de 2012 sino que, como no puede ser de otra
manera, cuando alguien tiene una deuda con la Administración
se le requiere para el pago, creo que eso es algo que
entiende todo el mundo y que además es absolutamente
legítimo y legal”, continuó el portavoz.
“Tampoco es cierto que se hayan remitido 900 cartas a los
inquilinos de la ciudad; en concreto, por la información que
se me facilita desde Servicios Tributarios han sido 400 y
afectan fundamentalmente a las viviendas de protección
oficial que tiene la Ciudad en régimen de venta o alquiler”.
Sin embargo, las fuentes consultadas de nuevo por este
diario, al igual que se hizo ayer con el viceconsejero de
Hacienda, Manuel Carlos Blasco, reiteran que el total de
notificaciones asciende a 900.
Análisis “caso por caso”
Por otro lado, Martínez aseguró que el envío de estas
misivas “no es un procedimiento novedoso” y que se ha
producido de forma anual, mientras que algunos destinatarios
confirman que es “la primera vez” que reciben esta
notificación.
El portavoz recordó que el Ejecutivo local va a “adoptar la
postura de flexibilidad analizando caso por caso” porque las
circunstancias de cada adjudicatario son distintas.
“Políticamente no existe ningún interés, absolutamente
ningún interés en quitar la vivienda a nadie, sería un
absurdo por nuestra parte”. En lo que “sí tiene interés” el
Gobierno es en “recaudar lo que entendemos les corresponde a
todos los ceutíes y evidentemente también en facilitar los
medios de pago”. “Se trata exclusivamente de una medida para
recordar a los usuarios que tienen que pagar las
obligaciones que tienen contraídas porque en cualquier caso
esas viviendas no son de los políticos ni son del Gobierno,
son de todos los ceutíes”, sentenció.
“La Ciudad, como es su obligación, requiere con periodicidad
prácticamente anual a todos aquellos usuarios e inquilinos
de viviendas al pago de las obligaciones contraídas” en
viviendas propiedad de la administración local. Con estas
palabras, el portavoz del Ejecutivo local, Guillermo
Martínez, explicó la razón por la cual se han enviado
notificaciones a estos ciudadanos, tal y como informó EL
PUEBLO en su edición de ayer.
Las cartas, remitidas por el Organismo Autónomo de Servicios
Tributarios (OAST) a través del Servicio Jurídico -Sección
Deshaucios-, han llegado a zonas como Al-Jalifa (Poblado
Legionario), Loma Colmenar, La Reina y, en menor medida a
dos promociones de República Argentina y la Estación del
Ferrocarril.
“Se les está requiriendo para el pago; precisamente se les
ha mandado una carta a esas personas que dice que, o pagan o
se les deshaucia, eso es cierto”, resaltó el portavoz quien
añadió: “Evidentemente eso es lo que se pretende, intentar
forzar una negociación en el sentido de habilitar fórmulas
de pago” para que estas personas puedan abonar sus deudas y
“puedan pagar y paguen las cantidades que les corresponden
al resto de los ceutíes”.
En cuanto a los posibles deshaucios si no se abona la
cantidad requerida -que va desde 3.000 hasta 20.000 euros en
lugares como Al-Jalifa-, Martínez afirmó que “no existe
ninguna intención de deshauciar a ninguna familia de Ceuta;
por lo menos intención política”.
“No es una cuestión que haya surgido espontáneamente en el
mes de marzo de 2012 sino que, como no puede ser de otra
manera, cuando alguien tiene una deuda con la Administración
se le requiere para el pago, creo que eso es algo que
entiende todo el mundo y que además es absolutamente
legítimo y legal”, continuó el portavoz.
“Tampoco es cierto que se hayan remitido 900 cartas a los
inquilinos de la ciudad; en concreto, por la información que
se me facilita desde Servicios Tributarios han sido 400 y
afectan fundamentalmente a las viviendas de protección
oficial que tiene la Ciudad en régimen de venta o alquiler”.
Sin embargo, las fuentes consultadas de nuevo por este
diario, al igual que se hizo ayer con el viceconsejero de
Hacienda, Manuel Carlos Blasco, reiteran que el total de
notificaciones asciende a 900.
Análisis “caso por caso”
Por otro lado, Martínez aseguró que el envío de estas
misivas “no es un procedimiento novedoso” y que se ha
producido de forma anual, mientras que algunos destinatarios
confirman que es “la primera vez” que reciben esta
notificación.
El portavoz recordó que el Ejecutivo local va a “adoptar la
postura de flexibilidad analizando caso por caso” porque las
circunstancias de cada adjudicatario son distintas.
“Políticamente no existe ningún interés, absolutamente
ningún interés en quitar la vivienda a nadie, sería un
absurdo por nuestra parte”. En lo que “sí tiene interés” el
Gobierno es en “recaudar lo que entendemos les corresponde a
todos los ceutíes y evidentemente también en facilitar los
medios de pago”. “Se trata exclusivamente de una medida para
recordar a los usuarios que tienen que pagar las
obligaciones que tienen contraídas porque en cualquier caso
esas viviendas no son de los políticos ni son del Gobierno,
son de todos los ceutíes”, sentenció.
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Un 60% de morosidad en la barriada de Loma Colmenar
Las zonas en las que más índice de
morosidad se registra son las viviendas de Loma Colmenar
(con alrededor de un 60% de adjudicatarios que no están al
corriente de sus pagos); Al-Jalifa (Poblado Legionario), en
el que de 151, 140 vecinos han recibido estas misivas y La
Reina, barriada en la que hay un total de 168 VPO, también
ha sido una de los lugares en los que más cartas se han
recibido. Por otra parte, en menor medida de impagos se
encuentran dos promociones de la República Argentina, una de
34 viviendas y la otra de 38, y la Estación del Ferrocarril,
con 442. Por otro lado, también hay promociones que no
registran morosidad; éstas se encuentran gestionadas “a
través de hipoteca”, informan fuentes de la Administración
local. Es el caso de barrios como Villajovita, Patio Páramo,
Loma del Pez, Avenida Lisboa, las 84 viviendas del Monte
Hacho y Huerta Téllez.
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CONSEJO DE GOBIERNO
