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Sorprende comprobar la agilidad
demostrada por los portavoces de la coalición Caballas al
apropiarse por intereses partidistas de planteamientos
ajenos presentados horas antes por el Gobierno de la nación.
En esta ocasión, debo referirme a la publicación el pasado
domingo día 18 de los corrientes en un medio de comunicación
de tirada nacional de la intención del Gobierno de España de
elaborar y poner en marcha una nueva Ley que posibilitará a
la justicia española analizar en profundidad la gestión
económica de los recursos públicos de los dirigentes
políticos sancionando a quienes incurrieran en algún delito
tipificado en ella, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
Esta Ley recogerá sanciones de diferente gravedad a quienes
incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fije la
Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en el Congreso de
los Diputados durante la anterior legislatura, a quienes
comprometan gastos o asuman obligaciones sin crédito
suficiente para su financiación, o a quienes eludan el
reflejo contable de las obligaciones asumidas (facturas no
contabilizadas). Además, como consecuencia de las actuales
circunstancias de crisis económicas, el nuevo Gobierno
pretende incluir en el nuevo Código Penal penas similares a
las aplicadas por delito de malversación en los casos
demostrados de despilfarro.
El Ejecutivo del Partido Popular plantea sancionar a los
políticos “despilfarradores” con penas de prisión de tres a
seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a
diez, y que en el caso de que la malversación revista
“especial gravedad” esta pueda alcanzar incluso pena de
cárcel de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta. Una
reforma que castigará con todo el peso de la Lay a aquellos
gestores que intencionadamente perjudiquen a los ciudadanos
con decisiones negligentes que quebranten a la Hacienda
Pública o a los servicios que financien. Por tanto, quedan
perfectamente delimitados los supuestos recogidos en la
nueva Ley.
Pues bien, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid,
los ideólogos de la Coalición Caballas anunciaron el pasado
lunes la presentación en el próximo pleno de una propuesta
cuyo único objetivo es desacreditar la gestión económica
ejecutada en los últimos años por el Gobierno ceutí al
comparar la deuda contraída por este con sus proveedores,
situación equiparable a lo sucedido en la inmensa mayoría de
ayuntamientos españoles, con un supuesto tipificado en la
nueva Ley de Transparencia antes mencionada. Quizás debería
recordar a los diputados localistas las deudas muy
superiores reconocidas por otras corporaciones equiparables
en número de habitantes censados a la nuestra: Jaén (300
millones de euros), Jeréz (300 millones), Alcorcón (120
millones), El Ejido (114 millones) o Alcalá de Henares (94
millones). Por tanto, cuando la demagogia protagoniza la
acción política esta pierde cualquier indicio de
credibilidad.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
